Blog

La calificadora estadounidense Moody's anunció que mantiene en revisión para su posible baja a las filiales en México del Banco Santander y del BBVA, a partir de la reciente rebaja a sus casas matrices. La revisión que mantiene pendiente atañe a la Fortaleza Financiera Bancaria (BFSR, por sus siglas en inglés) de las dos filiales mexicanas.

En el caso de la filial del BBVA también se mantienen en revisión a la baja los depósitos a largo plazo en moneda local y la deuda subordinada, entre otros instrumentos, así como los de otras subsidiarias de esta entidad financiera, con niveles entre A1 y A3.

La BFSR de BBVA Bancomer tiene una calificación de C+ y la de Santander México tiene una de C, en ambos casos para describir una fortaleza financiera intrínseca adecuada (el máximo es A, para una fortaleza superior).

Según Moody's, la revisión que se está llevando a cabo en las calificaciones de ambas filiales tomará en cuenta la evaluación global sobre la correlación entre el perfil crediticio de los bancos y el del Gobierno soberano de México.
La última acción de la calificadora sobre BBVA Bancomer y sus subsidiarias fue hecha el 24 de febrero pasado, cuando colocó en revisión a la baja la BFSR y varios instrumentos financieros, según indicó Moody's en un comunicado fechado en esta capital.

En el caso de Santander México, la última acción fue el 15 de marzo pasado, cuando colocó en revisión a la baja la BFSR y dejó sin cambios las otras calificaciones.

El anuncio de Moody's se conoce un día después de que la misma firma anunciara una rebaja de entre uno y tres escalones a las calificaciones que otorga a 16 bancos españoles, incluidos Santander y BBVA.

Esa revisión fue hecha ante las "adversas condiciones" en las que operan los bancos españoles, la "menor solvencia crediticia" del país, el deterioro de la calidad de los activos y las "restricciones" en el acceso a los mercados de capitales.

Hasta 11 entidades españolas han visto rebajada su calificación crediticia por parte de S&P, entre ellos Santander (junto sus filiales Santander Consumer Finance y Totta), BBVA, Banesto, Ibercaja, KutxaBank, Banca Cívica, Bankinter, Sabadell, Barclays España y la Confederación española de cajas de ahorros (CECA). Además de otras cinco cuya nota ha sido colocada en perspectiva y a finales de mayo llegará la decisión final sobre su nota. Dentro de este segundo grupo se encuentran CaixaBank, La Caixa, Bankia, BFA y Banco Popular.

La agencia estadounidense asestó un severo golpe a la nota de España el pasado viernes al degradarla dos escalones hasta dejarla en un BBB+ o aprobado alto, con perspectiva negativa. S&P ya adelantó entonces que "el sistema bancario comercial español ha aumentado bruscamente su dependencia de las fuentes de financiación oficial hasta un nivel considerablemente mayor del que anticipamos en enero".

Tras estos movimientos, la deuda a largo plazo de Sabadell y Banca Cívica quedan reducida al grado de no inversión o deuda especulativa, es decir, el ominoso 'bono basura'. La calificación de todos los bancos es inferior a la de la deuda soberana salvo el caso dos entidades. Santander, que incluso la supera con un A-; y BBVA que la iguala (BBB+).

La rebaja de la nota a largo plazo de España está conectada con la decisión tomada. "Los motivos de la degradación de la deuda soberana española están también detrás de la rebaja de los bancos", incide en la nota de prensa que hace pública la decisión. Entre los factores destacan las pérdidas potenciales para el Estado como consecuencia de un hipotético rescate a la banca. S&P cifra en 40.000 millones el coste de este rescate.

El Banco Central Europeo (BCE) ha publicado su sexta encuesta sobre las condiciones de financiación de las pequeñas y medianas empresas de la zona euro. Los datos se refieren a la situación entre octubre de 2011 y el pasado marzo y demuestran que el acceso al crédito para las pymes no ha hecho sino empeorar.

En la última encuesta, el porcentaje de pymes que declara haber notado menor disponibilidad de crédito se ha incrementado seis puntos frente al anterior informe, hasta el 20%. Las solicitudes de préstamos rechazadas han subido del 10% al 13%. Mientras tanto, estas compañías aseguran que su necesidad de financiación se ha incrementado en el periodo.

Las respuestas que las pymes han dado al BCE demuestran que las subastas a largo plazo realizadas por el organismo no están sirviendo para reactivar el crédito. La primera de las dos subastas a tres años realizadas hasta ahora tuvo lugar en diciembre, así que sus efectos ya están recogidos en la encuesta. La segunda se hizo el 29 de febrero, así que también deberían haber hecho notar sus resultados en el mes de marzo.

Sin embargo, la gran mayoría de los bancos ha utilizado los fondos prestados por el BCE a un interés del 1% para ajustar su estructura de financiación, cubrir los vencimientos de los próximos trimestres y, en menor parte, para comprar deuda pública haciendo el llamado carry trade (utilizar los recursos obtenidos al 1% para comprar bonos con rendimientos superiores y reforzar así su margen de interés).

Unnim perdió 469 millones de euros en 2011 tras aplicar saneamientos por 518 millones correspondientes a la cartera crediticia e inmobiliaria y 92 millones por costes de la fusión de Caixa Sabadell, Terrassa y Manlleu.

Según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), sin estas dotaciones, en ambos casos realizadas contra resultados, habría obtenido un beneficio bruto de 44 millones, un 56,1% menos.

El margen de intereses se situó en 178,6 millones (-34,4%), el margen básico en 262,3 (-31,9%) y el margen bruto en 322,3 millones (-23,1%), mientras que la morosidad alcanzó el 9,83%, frente al 5,87% de un año antes.

La cartera de crédito cerró 2011 con 16.774 millones de euros, un 7,4% menos, por la baja actividad económica y la caída del sector inmobiliario, mientras que el saldo de depósitos fue de 12.382 millones (-6%).

Con la incorporación del negocio mayorista y de los recursos fuera de balance (como seguros y fondos), el volumen total de depósitos administrados fue de 24.523 millones (-7,6%).

Unnim cerró 2011 con unos activos de 29.288 millones de euros, un 3,7% más sobre el agregado de los activos de 2010 de las tres cajas fusionadas.

Los gastos de explotación se redujeron un 10,8%, y la liquidez se situó en 2.296 millones de euros a cierre de ejercicio, lo que equivale al 8% del balance.

Estos activos líquidos, junto con los activos cotizados del grupo, permiten a la entidad adjudicada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) a BBVA hacer frente a los vencimientos de emisiones mayoristas hasta más allá de finales de 2013, ha señalado.

Desde que comenzó la crisis en 2008, las cuentas del sector financiero español se han visto seriamente dañadas por la morosidad de las empresas inmobiliarias, que ha pasado del 1,98% registrado en el primer trimestre de ese año al 20,9% con que cerró 2011.

Según los últimos datos publicados por el Banco de España, de los 298.267 millones de euros que las entidades financieras españolas tenían concedidos a cierre del año pasado a empresas inmobiliarias, 62.366 millones eran morosos, cifra que creció en 4.789 millones en un solo trimestre.

Entre julio y septiembre de 2011, la mora de las empresas inmobiliarias se situó en el 18,97 %, ya que había 57.577 millones de euros impagados de una cartera de 303.506 millones.

En cuanto a la evolución interanual, la morosidad inmobiliaria aumentó en siete puntos básicos, desde el 13,98% que registró en el último trimestre de 2010 al 20,9% de un año después, para una cartera crediticia inmobiliaria que entonces sumaba 315.782 millones, con lo que se redujo en ese periodo en 17.605 millones.

Los datos del Banco de España también reflejan un fuerte crecimiento de la mora de las empresas constructoras, ya que terminaron el ejercicio con un 17,65% de créditos impagados, muy por encima del 12,12% que tenían en diciembre de 2010.

En comparación con el trimestre inmediatamente anterior, la diferencia era de poco más de un punto y medio porcentual, ya que se situaba en el 16,09%.

La actividad inmobiliaria y de construcción ha pasado de ser el principal motor de la economía española a su mayor lastre en apenas cuatro años, igual que ha ocurrido con las cuentas de los bancos, que arrastran una mora global muy inferior a la de estos deprimidos sectores.

El juzgado de instrucción 48 de Madrid ha admitido a trámite la querella presentada por el presidente de la comisión de control de CAM, Juan Ramón Avilés, contra el jefe del Grupo I de Inspección del Banco de España, Ángel Rico, y contra el director del Departamento de Inspección I de la misma institución, Pedro González.

El juzgado ha emitido un auto, con fecha del 21 de marzo, citado por Europa Press, en el que señala que los hechos denunciados en la querella de Avilés podrían ser constitutivos de un delito de falsificación en documentos públicos, por lo que cita a declarar en calidad de imputados a los dos jefes de inspección del Banco de España el próximo 20 de junio.

Juan Ramón Avilés presentó el pasado 14 de marzo una querella contra Ángel Rico y Pedro González como firmantes de un informe a la Comisión Ejecutiva del Banco de España de propuesta de incoación de expediente disciplinario contra la cúpula directiva de la CAM, en la que figura el querellante, como presidente de la Comisión de Control.

Este expediente disciplinario, según recoge la querella, presuntamente incluía "afirmaciones frontalmente contrarias a la verdad", relativas a la supuesta ocultación de cobro de dietas en sociedades participadas a los órganos correspondientes, así como la presunta realización de operaciones de ocultación de propiedad, "utilizando a su hermana como testaferro de una sociedad en dificultades" que refinanció con la CAM un crédito "en condiciones favorables".

La morosidad del crédito concedido por bancos, cajas, cooperativas y establecimientos financieros de crédito rozó el 8 % en enero, lo que no ocurría desde hace diecisiete años, aunque entonces la cartera crediticia era seis veces inferior a la actual.

El ratio de mora de los créditos concedidos por las entidades a familias y empresas se anotó, pues, otras tres décimas en el primer mes del año, cuando subió al 7,91 % frente al 7,61 % con que cerró 2011.

Y esta evolución ascendente continuará hasta que la economía española mejore, algo que los expertos creen que no ocurrirá este año, por lo que la mora no ha tocado techo y podría llegar a superar incluso el triste récord del 9,15 % alcanzado en febrero de 1994.

Según explicó a Efe el estratega en España de Citibank José Luis Martínez Campuzano los impagos seguirán creciendo en los próximos meses debido al deterioro económico, la subida del paro y la menor renta disponible de las familias.

Por su parte, la economista jefe de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), Lorena Mullor, destacó el hecho de que el 80 % de la mora procede del sector productivo y dentro de éste, las empresas inmobiliarias y de construcción se llevan la peor parte, según los datos por sectores correspondientes al cuarto trimestre de 2011.

Mientras crece la mora, el saldo vivo de los créditos no para de adelgazar mes a mes, algo que necesita desesperadamente la economía española, asfixiada por un sobreendeudamiento feroz, que cayó en enero a 1,76 billones de euros, frente a los 1,78 billones del mes anterior.

En los últimos cinco años se han contabilizado un total de 328.687 ejecuciones hipotecarias, de manera que se han convertido en un sobrepeso en el balance de los bancos, pero también en una lacra social.

Para frenar el fuerte aumento de las ejecuciones hipotecarias, el Gobierno aprobó a principios de mes un Código de Buenas Prácticas Bancarias, cuyo objetivo es reducir el número de desahucios y facilitar a las familias el pago de sus hipotecas.

La Comunidad Autónoma más afectadas por las ejecuciones hipotecarias es Valencia, donde en los últimos cinco años diez de cada 840 habitantes sufrió una ejecución hipotecaria. En Murcia y Canarias, la media mejora ligeramente, hasta diez de cada 840 personas afectadas y diez de cada 1.170 personas, respectivamente.

Las cosas mejoran radicalmente en comunidades como País Vasco, donde tan solo diez de cada 4.470 habitantes, se vio afectado por una ejecución hipotecaria, o en Galicia, donde perjudicó a diez de cada 3.670 habitantes.

Santander e Iberia han suscrito un acuerdo para comercializar las tarjetas de crédito Santander Iberia, en las que aunarán las marcas American Express y MasterCard.

Estas tarjetas permitirán a los clientes acumular avios (moneda del programa Iberia Plus) y canjearlos por vuelos de Iberia, British Airways, Vueling y de toda la alianza Oneworld, así como reservar noches de hotel y alquilar coches.

En concreto, los clientes reciben dos tarjetas vinculadas a una sola cuenta y con un solo extracto. Ambas acumulan avios en cada compra, por lo que cada vez que los usuarios realicen una compra con la tarjeta Santander Iberia MasterCard conseguirá un avios por cada 2 euros de gasto. Si se utiliza la tarjeta Santander Iberia American Express este ratio será el doble, es decir dos avios por cada dos euros de gasto. Los avios no caducarán.
Las tarjetas incluyen un seguro gratuito de cancelación de reservas de viajes de hasta 6.000 euros y cuentan con un paquete de asistencia en viajes, con coberturas de gastos por pérdida, robo o daños de equipaje facturado, entre otros.

El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), Miguel Martín, se ha mostrado a favor de la "dación en pago" -saldar la deuda con un banco devolviendo la vivienda-, solo en el caso de que la medida sea acatada por una entidad de forma voluntaria.

En un encuentro organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie), Martín ha explicado que la "dación en pago de forma retroactiva" sería una opción "muy dañina para la organización del mercado inmobiliario" y con la que "no podría estar de acuerdo".

Sin embargo, ha manifestado que sí estaría a favor si fuera acatada por las entidades de forma voluntaria, "por razones humanitarias o las que quieran", aunque Martín ha pedido que se distinga entre el plano asistencial y social y el inmobiliario.

"No es lógico que para ayudar a una familia haya que modificar el mercado", ha indicado el presidente de la AEB, quien ha insistido en que el problema social hay que solucionarlo de forma independiente del hipotecario.

Ante la pregunta de si la AEB ha mantenido contacto con el Gobierno acerca de este asunto, Martín ha precisado que tanto los bancos, como el mismo han "hablado de la orientación del mercado hipotecario, pero no de este asunto en concreto".

Por último, ha recordado que mañana el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, comparecerá en el Parlamento, donde puede que "anuncie sus líneas maestras al respecto", ha indicado Miguel Martín