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La Comisión Europea prepara una propuesta para endurecer la regulación del sector de las auditoras, dominado por cuatro grandes firmas, que contempla la prohibición de proporcionar otros servicios al mismo cliente y la obligación de compartir el trabajo con una segunda empresa más pequeña.

"Los errores del sector de las auditoras antes de la crisis ha sido documentado extensivamente y nuestras propuestas deben ser vistas en este contexto", dijo hoy la portavoz comunitaria para el Mercado Interior, Chantal Hughes, en la rueda de prensa diaria, donde recalcó que las medidas todavía están siendo discutidas internamente y no son definitivas.

No obstante un documento de consultas promovido por el comisario europeo para el Mercado Interior, Michel Bernier, hace referencia a las iniciativas que maneja la Comisión, así como un texto sobre las áreas que regulará al que ha tenido acceso Efe.

La Comisión Europea considera que las auditoras en demasiadas ocasiones ya no son percibidas como una tercera parte independiente.

Las firmas del sector muchas veces auditan a la misma compañía durante décadas e incluso puede proporcionar varios servicios comerciales a este mismo cliente, afirma.

A esto se suma la acumulación de riesgos que existe dentro del sistema y que emana del "oligopolio" formado por las llamadas "cuatro grandes": Deloitte, PwC, Ernst & Young y KPMG.

Para restaurar la confianza en las empresas auditoras y reforzar su independencia, la CE estudia obligar a las empresas contratantes a cambiar de auditora cada 9 años.

La Comisión Europea ha propuesto reducir un 5% la plantilla de 55.000 personas de todas las categorías que trabajan en la actualidad en las diferentes instituciones europeas, es decir, unos 2.750 puestos menos, aumentar su jornada laboral de las actuales 37,5 horas semanales de media hasta las 40 horas y retrasar la edad de jubilación de su personal de los actuales 63 a 65 años de aquí a 2020 con el objetivo de lograr 1.000 millones de euros en ahorro de personal.

La Comisión Europea también propone crear una nueva cláusula de excepción para permitir que las instituciones europeas puedan encarar mejor una crisis económica como la actual y complementar esta cláusula con la introducción de un nuevo gravamen de solidaridad del 5,5%, que sería aplicable a partir del 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2020, tanto a los salarios como a las pensiones.Con el objetivo de ahorrar costes a largo plazo, la Comisión también ha propuesto un cambio en el método de cálculo para ajustar salarios y pensiones. Bruselas propone en este sentido que el poder adquisitivo del personal comunitario se calcule a partir de la cesta de la compra nacional media de diez países en lugar de los ocho actuales y ajustar el coste de vivir en Bruselas a partir del índice de inflación nacional de Bélgica y Luxemburgo y no como hasta ahora con el índice internacional de Bruselas.

La Comisión Europea también propone aumentar la edad mínima para la jubilación anticipada con reducción prevista de su pensión de los actuales 55 a 58 años, el mismo aumento para el personal que mantiene su pensión completa aunque se limitará a la mitad de las personas que ahora se benefician de este segundo régimen, unas 80 personas en la actualidad, según han informado fuentes del Ejecutivo comunitario. También quiere aumentar la edad de jubilación de los actuales 63 a 65 años y propondrá incentivos para que el personal encuentre atractivo prolongar su periodo activo hasta los 67 años.

Sí, la Comisión Europea ha aprobado el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) español, “cuyo objetivo es reforzar la solidez y solvencia de las entidades de crédito”, pero –siempre hay un pero- lo ha hecho sólo hasta el mes de junio, aunque prevé la posibilidad de prorrogarlo.

El visto bueno al programa del Gobierno español se basa en que “tiene una limitación temporal y de alcance, requiere una remuneración al tipo de mercado e incluye suficientes incentivos para reembolsar paulatinamente la participación del Estado”. Según lo aprobado, antes de cada recapitalización de un banco, el fondo deberá comunicar a la Comisión el riesgo asociado a la operación, para que ésta “evalúe e indique el seguimiento necesario” para la misma. El encargado de hacer el informe de cada operación, que será enviado al Ejecutivo comunitario, será el Banco de España.

La Comisión también informó de que España deberá “notificar las condiciones de las recapitalizaciones de las entidades cuya situación no sea intrínsecamente sana”, es decir, en los casos en los que la necesidad de capital exceda el 2% del valor de los activos ponderados por riesgo.

La Comisión también ha concluido que el FROB es un medio adecuado para corregir una grave perturbación de la economía española y que como tal es compatible con la legislación europea. Asimismo, la Comisión Europea prevé la posibilidad de ampliar el plazo en que las entidades podrán hacer uso del fondo, aunque su prórroga estará sujeta a una nueva aprobación por su parte.

La llegada de Joaquín Almunia a la cartera de Competencia de la Unión Europea ha abierto una vía de grandes expectativas para el sector financiero español, inmerso en procesos de concentración necesitados de un marco legal estable. Almunia ha asegurado en sus primeras declaraciones tras conocerse su nuevo destino que la reordenación del sector bancario será una de sus principales objetivos. "El sector financiero es una prioridad en la medida en que no hay economía que funcione sin un sector financiero que financie el resto de la economía, dé créditos y no tenga problemas de solvencia o de liquidez", ha dicho Almunia, poco después de que el presidente de la Comisión Europea (CE), José Manuel Durão Barroso, hiciera sus propuestas para el Ejecutivo comunitario.

En su nueva labor, el comisario tendrá que analizar la compatibilidad con la legislación europea de las ayudas y garantías estatales concedidas al sector para evitar su quiebra tras el desplome de otoño del 2008. Mientras en el norte de Europa se destinaron recursos millonarios para ayudar a la banca, las autoridades de la competencia europeas han puesto pegas a los planes, mucho más modestos, puestos en marcha en España. Actualmente están bloqueados a la espera de un marco legal más claro.

El socialista Joaquín Almunia ha ascendido en el nuevo equipo de Gobierno comunitario que preside, por segunda vez, el portugués José Manuel Durao Barroso. Almunia será a partir de ahora comisario de Competencia, una de las responsabilidades económicas más importantes del Ejecutivo de la UE, y en la que trabajan un millar de personas. El representante español ha ejercido desde abril del 2004 como responsable de Asuntos Económicos y Monetarios en el Ejecutivo saliente. El exministro Almunia también ocupará una de las seis vicepresidencias del nuevo Gobierno comunitario, otras serán para la holandesa Neelie Kroes (Agenda Digital), y la británica Catherine Ashton (Exteriores).

La Comisión Europea (CE) estudia que medidas deben adoptarse para asegurar los fondos que los ciudadanos meten en productos de inversión. Para ello, Bruselas ha lanzado una consulta pública, entre todas las partes implicadas, para conocer que remedios se pueden instituir contra las insuficiencias constatadas en este sector. Las respuestas le deberán llegar antes del 15 de septiembre de 2009.

Y es que la normativa actual sobre organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios ha sido aplicada en los Estados miembros de manera diferente y ha creado diferencias en la protección entre pequeños y grandes inversores, y no puede ser que los pequeños, tengan menos protección, que los inversores profesionales.

En relación con los depósitos, Bruselas quiere conocer la opinión del sector sobre toda una serie de temas, antes de adoptar las medias apropiadas. Así por ejemplo, desea saber como mejorar las obligaciones de los depositarios, lo que podría pasar por una armonización de esas reglas, en relación con la conservación de sus activos. También quiere saber como reforzar la protección de los inversores, en caso de que un depositario no cumpla sus obligaciones o llegue a la situación de insolvencia. Para ello, por ejemplo trata de saber como determinar cuales son los riesgos susceptibles de concretarse.

Para esta vez ya es demasiado tarde, pero quizás sea de utilidad para el futuro. La Comisión Europea parece haber reaccionado y ha propuesto una amplia reforma del modelo de supervisión financiera comunitaria, que incluye endurecer la vigilancia de las entidades y la puesta en marcha de un nuevo organismo encargado de alertar en caso de riesgos para la estabilidad del sistema financiero en su conjunto. Los responsables comunitarios han dejado claro que en ningún caso se trata de "centralizar la supervisión financiera" ya que las autoridades nacionales no perderán competencias. La propuesta de Bruselas será debatida por los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros en la próxima cumbre, los días 18 y 19 de junio.

La principal novedad es la creación de un Consejo europeo de riesgos sistémicos, un órgano de vigilancia “macroprudencial” que deberá emitir alertas y recomendaciones -no vinculantes- en caso de amenazas para la estabilidad financiera, en el caso, por ejemplo, de que se dispare la morosidad por préstamos impagados o peligre la liquidez por escasez de dinero captado mediente depósitos. Al frente del Consejo se situaría el presidente del Banco Central Europeo.

El otro pilar del nuevo modelo se centra en la supervisión microfinanciera y plantea el establecimiento de un Sistema europeo de supervisores, formado por tres nuevas autoridades, con presupuesto propio, responsables del sector bancario, asegurador y bursátil.