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La Junta y los partidos andaluces (PSOE, PP, IU y PA) han acordado impulsar una fusión de Unicaja y CajaSol, así como respaldar la próxima puja conjunta de estas entidades para hacerse con CajaSur, la entidad cordobesa intervenida por el Banco de España, a la que optan también otras cajas y entidades. Si se solventa favorablemente la puja conjunta sobre la entidad cordobesa a mediados de julio, Unicaja y CajaSol podrían “entenderse” para plantear a Caja Granada una oferta que pueda atraerla.

Los contactos entre el presidente del Gobierno andaluz y los líderes de los partidos han servido también para coincidir en la necesidad de respetar a los órganos de gobierno de las cajas de ahorro en las decisiones que tienen que adoptar en el futuro.

Un paso importante se dio la semana pasada en el Parlamento de Andalucía con el acuerdo entre el PP y PSOE para sacar a los cargos públicos locales de los consejos de administración de las cajas de ahorro para “profesionalizar” su gestión, una medida que incluirá la Junta en la Ley de Cajas de Andalucía cuando se modifique la LORCA.

La gran caja andaluza que promueve la Junta, mediante la fusión entre Unicaja y Cajasol y si se produce la incorporación de la intervenida Cajasur, se convertiría en la cuarta caja de ahorros española con 84.000 millones de euros en activos. Según los datos facilitados por la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) a cierre de 2009, la nueva caja formada por Unicaja -que está en proceso de unión con Caja Jaén-, Cajasol -que también lo está con Caja Guadalajara- y Cajasur, daría lugar a la cuarta caja española por volumen de activos, al sumar 84.124 millones de euros.

De ellos, 35.000 millones provienen de la unión entre Unicaja y Caja Jaén; 29.900 de Cajasol y Caja Guadalajara; y 18.900 de la intervenida Cajasur

El presidente andaluz, José Antonio Griñán, cree en la "plena constitucionalidad" del nuevo impuesto sobre depósitos bancarios en las 70 entidades de crédito con sede en Andalucía, que establece un gravamen de entre un 0,3 y un 0,5 por ciento con el que la Junta prevé recaudar 130 millones anuales.

Griñán ha asegurado que desconoce si el Gobierno de la Nación tiene intención de recurrir este impuesto ante el Tribunal Constitucional (TC), como ya ocurrió en el caso de Extremadura, que la aprobó en 2001 bajo la presidencia de Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, dio por hecho el pasado día 10 de junio que el Gobierno central recurriría ante el TC la creación del impuesto sobre depósitos bancarios en Andalucía por coherencia con la norma que mantiene recurrida en el caso de Extremadura, aunque no prevé que ello suponga problemas para su aplicación porque ya está en vigor en Andalucía.

Al día siguiente, el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, marcó distancias con esta medida al advertir que hay que evitar la "segmentación" y "distorsión" del mercado financiero imponiendo tasas autonómicas a los depósitos en las entidades de crédito, si bien respaldó la competencia de las comunidades para "hacer lo que quieran" en materia fiscal siempre que cumplan con los objetivos de reducción del déficit público.

Por su parte, el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, aseguró que el Gobierno "está plenamente de acuerdo" con el nuevo impuesto sobre los depósitos de las 70 entidades de crédito con sede en Andalucía y comparte el fondo de esta medida "al margen de la cuestión competencial" que, a su juicio, "es un tema menor".