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El Consejo extraordinario de Caja Inmaculada ha acordado estudiar otras alternativas antes de dar el visto bueno al desarrollo del Sistema Institucional de Protección (SIP) -también denominada fusión fría- entre ésta entidad, Caja Rioja y la Caja Insular de Canarias. De hecho, la entidad encargó un estudio económico-financiero a la consultora Deloitte sobre otras posibles vías a la alianza, que rechaza el Comité Intercentros.

La marcha atrás para cerrar el acuerdo se ha producido dos días después de que el presidente de CAI, Antonio Aznar, remitiera a los empleados una carta en la que informaba del proceso y sus características y afirmaba que Caja Inmaculada no debería quedar al margen del proceso de reestructuración emprendido en el sector para reducir el número de entidades porque supondría que CAI pasara de ser una caja mediana a una caja pequeña. Aznar aseguraba asimismo que la 'alianza' permitiría mantener la personalidad jurídica de la caja, su domicilio social, la Obra Social y Cultural y la contabilidad propia, y tendría un impacto 'reducido' en la plantilla.

El Comité Intercentros ha acogido con satisfacción una decisión con la que se abre una fase en la negociación que esperan culmine en un proyecto en el que la entidad salga reforzada, mantenga su vocación de servicio y su compromiso de contribución al desarrollo económico, social y cultural de Aragón.

Caja Burgos y la balear Sa Nostra se unen a la fusión de negocios secundarios que han puesto en marcha Caja Canarias y la Caja de Ahorros de Navarra (CAN). De hecho, el sábado pasado Sa Nostra celebró un consejo de administración urgente en el que participaron el presidente de Caja Canarias, Álvaro Arvelo, y el director general de la CAN, Enrique Goñi, para explicar el proyecto de integración virtual.

Algo menos seguro es que Caja Burgos acabe entrando en el proceso, ya que la Junta de Castilla y León no quiere perder su control sobre la entidad y prevé vetar este proceso. De hecho, las Cortes regionales se disponen a aprobar una enmienda a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos que permitirá al Gobierno vetar estas operaciones, una prerrogativa que tenían ahora sólo con las fusiones.

La unión de las entidades, de la que ya ha tenido conocimiento el Banco de España, se articularía a través de un Sistema Institucional de Protección (SIP), si bien sus consecuencias finales serían mucho más cercanas a una fusión real que a un mero acuerdo para reducir riesgos y mejorar la posición de liquidez.

En cada uno de los territorios de origen de las cajas se mantendrán las marcas de las entidades, pero fuera de los mismos se creará una nueva marca que, además, será el apellido de la caja original. Por ejemplo, la caja balear se llamará Sa Nostra Banca Cívica, uno de los nombres que se barajan en este proceso. Al parecer los directivos de las cajas de ahorros se han dado seis meses para desarrollar el proyecto.

La comisión ejecutiva del Banco de España ha autorizado la constitución del Grupo Cooperativo Cajamar como grupo consolidable de entidades de crédito y ha calificado el acuerdo suscrito por las cajas participantes como un Sistema Institucional de Protección (SIP), el primero formado en España.

Las cuatro cajas rurales que formarán este grupo -Cajamar Caja Rural, Caja Campo, Caja Rural de Casinos y Caixa Albalat- suman activos valorados en 26.845 millones de euros, que suponen en torno al 30 por ciento del balance de las 76 cajas rurales que operan en España.

Hay que explicar que un SIP carece de personalidad jurídica y tiene como objetivo último el de controlar el riesgo de sus asociados y evitar de este modo que la hipotética caída de una de las cajas pueda afectar al resto. De hecho, el grupo consolidable liderado por Cajamar Caja Rural contribuirá a reforzar entre sí a las entidades que lo integran, concentrando en el mismo su negocio y sus políticas de gestión y de control de riesgos, solvencia y liquidez, manteniendo cada una su personalidad jurídica y sus órganos de gobierno y dirección, sedes sociales y la gestión del fondo de educación y promoción.

Una vez obtenida la autorización del Banco de España, las entidades participantes consolidarán sus balances al cierre del ejercicio 2009 y concluirán su proceso de integración operativa el próximo 15 de febrero, fecha en la que ya compartirán una única plataforma tecnológica.

A 30 de septiembre de 2009, el Grupo Cooperativo Cajamar se constituye con 982 oficinas y 4.311 empleados en 36 provincias de once comunidades autónomas, y tendría activos valorados en 26.845 millones de euros, así como un volumen de negocio de Balance de más de 44.400 millones de euros.