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Ocho grupos de cajas de ahorros (Bankia, Catalunya Caixa, Unimm, Novacaixagalicia, Banco Mare Nostrum, Banco Base, Banca Cívica, Caja Duero-España) y cuatro bancos (Bankinter, Barclays Bank, Deutsche Bank y Bankpyme) incumplen los requisitos de capital del Gobierno y precisan 15.152 millones.

Bankia, el grupo de Caja Madrid, es la entidad que más capital necesita para ser solvente según los nuevos criterios, exactamente 5.775 millones de euros; seguida de NovacaixaGalicia, con 2.622 millones. Precisamente esta mañana la agencia de calificación Moody's ha rebajado el rating de España en un escalón, desde 'Aa1' hasta 'Aa2', con perspectiva negativa al considerar que los planes del Gobierno para sanear el sistema bancario serían más costosos de lo esperado, algo que tras conocerse los datos del Banco de España, no solo no se ha producido, si no que ha sido 5.000 millones menos de lo esperado.

Sin embargo, las necesidades de capital pueden rebajarse si las entidades captan inversores privados, por ejemplo, con una salida a bolsa como la anunciada por varios grupos, que permite reducir las exigencias de capital al 8 por ciento, al igual que en los bancos cotizados.

Las entidades que no alcancen el nivel requerido de capital principal el próximo jueves tendrán quince días hábiles para comunicar al Banco de España su estrategia para conseguirlo, lo que puede incluir la captación de recursos privados o la salida a bolsa, así como el calendario de cumplimiento.

Si la entidad opta por pedir apoyo público a través del FROB deberá presentar en un mes un plan de recapitalización y convertirse en banco en un plazo de tres meses, así como asumir compromisos de crédito a pymes o de mejora de su gobierno corporativo.

El Estado podrá permanecer un máximo de cinco años en el accionariado de las entidades que reciban ayudas públicas, pero éstas podrán recomprar los títulos adquiridos por el FROB en un plazo de dos años según condiciones de mercado.

Las necesidades de capitalización de las cajas de ahorros españolas podrían oscilar entre los 22.000 y los 59.000 millones de euros, por encima de los 20.000 millones estimados por el Gobierno, según un informe publicado por el banco estadounidense Goldman Sachs.

El informe explica que la exposición de las entidades financieras españolas al sector inmobiliario y constructor alcanza 390.000 millones de euros, de los cuales 217.000 corresponden a las cajas de ahorros y 161.000 millones a los bancos. Así mismo, el informe distingue entre los 70.000 millones que del sector inmobiliario y los 320.000 de crédito al promotor.

Con estos datos, Goldman Sachs sitúa en 22.000 millones de euros el importe necesario para mantener en el 9% el capital principal o de máxima calidad de las entidades durante un plazo de dos años, aunque la cifra alcanzaría los 32.000 millones en caso de que el capital exigido fuera del 10 %.

No obstante, en caso de crisis extrema, la cifra subiría hasta 59.000 millones de euros incluso si los requerimientos de capital básico fueran del 9%.

Goldman Sachs señala que en lo fundamental todas las cajas se convertirán en bancos, e indica que la procedencia del capital será tanto privado como público, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

No obstante, señala que el capital de origen privado será el dominante en el sector bancario español en los próximos años y destaca que los tres o cinco mayores bancos españoles serán los más beneficiados del proceso de reestructuración, ya que ampliarán su cuota de mercado.

En este sentido, eleva su recomendación a dos bancos españoles -Banesto de neutral a comprar y Sabadell de vender a neutral-, y mantiene en comprar la del BBVA y en neutral la del Santander.

El informe aclara que de las 17 cajas resultantes de la reestructuración del sector, tan sólo tres -Caja Madrid, la Caixa y Banco Base- tienen un carácter sistémico, ya que concentran entre el 50 % y el 70 % de los activos.

El Banco de Españaha puesto coto a la retribución variable de los directivos de las cajas de ahorros que han recibido financiación pública. El supervisor bancario ha empezado a aplicar las competencias que en este sentido le otorga la normativa española y europea en los sueldos de las cúpulas ejecutivas de las cajas en el ejercicio 2010. El Banco de España, a través de la comisión gestora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), ha dictado unos principios generales y defiende que la retribución variable debe ser prudente y austera.

Además, el supervisor tiene intención de revisar los bonus, caso a caso, en función de la situación financiera de cada entidad, de sus recursos propios y de su solvencia. Sin embargo, todas las cajas compartirán una exigencia común: diferir el variable de los directivos a medio y largo plazo, mientras no devuelvan los préstamos del Frob, y evitar el pago en metálico siempre que sea posible.

En el caso de las firmas que han recibido financiación pública excepcional y cuando su solvencia esté en peligro, el bonus podrá limitarse. Así, únicamente podrá representar un porcentaje fijo sobre los ingresos netos totales de las firmas afectadas. Además, la remuneración variable deberá contraerse, según la directiva, de forma considerable cuando la entidad obtenga resultados financieros “poco brillantes” o negativos.

El Banco de España, a su vez, debe recabar información sobre el número exacto de personas de cada entidad que cobran al año más de un millón de euros. La legislación contempla que las autoridades nacionales estén facultadas para imponer multas

El director del Centro Price Waterhouse Coopers/Instituto de Empresa (PwC/IE) del sector financiero, Luis de Guindos, estimó que en los próximos días se producirá una segunda oleada de fusiones entre las cajas, ya que algunas de ellas lo tendrán "extremadamente difícil" para captar capital.

De Guindos hizo esta consideración durante la presentación del informe "Objetivos y consecuencias de la nueva reforma del sistema financiero español", relativo al real decreto ley aprobado el viernes 18. La nueva norma eleva las exigencias de capital principal de las entidades hasta el 8 o el 10%, en el caso de aquellas que no coticen, que superen el 20% de financiación mayorista y que no hayan colocado al menos un 20 % de sus acciones entre terceros.

De Guindos explicó que hasta el próximo 10 de marzo, fecha en la que los nuevos requerimientos entran en vigor, las cajas podrían llevar a cabo una nueva oleada de fusiones. Esto se debe a que algunas no podrán "levantar capital" y así alcanzar los nuevos requisitos, una situación a la que también se añade la idea de que los "mercados buscan tamaño".

Para poder conseguir la entrada de capital, aseguró que es necesario más "transparencia" sobre los activos de las entidades, ya que sin este componente, "será difícil" que entren inversores y si lo hacen, será asegurándose "hasta niveles insospechados".

"La percepción del mercado es que la información que las entidades han dado hasta ahora es insuficiente", destacó De Guindo, quien añadió que aunque se eleven los requisitos de capital, si no hay una valoración adecuada de los activos, lo que se haga no será suficiente.

"En un entorno complejo, la transparencia es fundamental para atraer capital y dar créditos", dijo De Guindos, quien también indicó que "la única posibilidad de empezar a dar préstamos buenos es que se reconozca la verdad". Según apuntó, "una situación de riesgo no reconocida puede llevar a que solo se renueven aquellos créditos que no se pueden dejar caer por no estar reconocidos".

De Guindos manifestó también que en el futuro las entidades deberán dar a conocer su exposición a las administraciones públicas.

Sobre la norma aprobada, destacó que tiene una visión a corto plazo y que la exigencia de más capital puede entorpecer el saneamiento de los balances.

Entre los aspectos positivos del texto, destacó que reconoce que el sector financiero "tiene problemas y un déficit de credibilidad", por lo que ayudará a dar más transparencia al negocio bancario.

En cuanto a la entrada del Estado en las entidades que no logren alcanzar los nuevos requerimientos, De Guindos manifestó que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) "como último recurso, es la peor solución".

El alcalde de León y consejero de Caja España-Caja Duero, Francisco Fernández, ha manifestado este viernes que la entidad busca fusiones o colaboraciones con otras cajas o bancos y, en este escenario, lanzó un mensaje de tranquilidad a los clientes y empleados porque no hay "inestabilidad ni riesgo".

Tras el consejo de administración celebrado ayer jueves, Fernández explicó que la caja mantiene contacto con diferentes entidades del sistema financiero español y en esta misma línea continuará su trabajo para buscar "la mejor situación posible" para Caja España-Caja Duero.

Ante la reforma del sistema financiero, explicó que la caja necesitaría alrededor de 500 millones de euros para no tener que acudir a la colaboración con otras entidades o al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), aunque insistió en transmitir un mensaje de tranquilidad porque las medidas adoptadas por el Gobierno persiguen mejorar la solvencia.

"La situación de Caja España es de estabilidad, hablamos de cumplir condiciones para una mayor solvencia, pero no supone que haya problemas financieros", recalcó y agregó que es necesario cumplir las condiciones de la nueva normativa y llegar al porcentaje establecido.

Respecto a la posibilidad de acudir al FROB, apuntó que quizá no sea la solución deseada por todos los implicados, aunque es una opción. Sea cual sea la decisión que se adopte finalmente, reiteró que los empleados no verán condicionado su situación laboral.

Además, se mostró convencido de que el camino a seguir pasa por buscar la fusión o colaboración con otra entidad financiera, a su juicio, "la mejor fórmula" para conseguir una mayor dimensión y solvencia.

Francisco Fernández realizó estas declaraciones en el Parador San Marcos de León, minutos antes de mantener una reunión con los representantes del sector empresarial de la ciudad.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, ha anunciado que si el Estado inyecta fondos en una entidad podrá ser accionista de ella "hasta un máximo de cinco años" para garantizar su saneamiento, tal y como había pedido CiU.

En el Congreso de los Diputados, Salgado aclaró que el Estado "no tiene vocación de permanencia" en las entidades que reciban una inyección del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), pero dejó entrever que tampoco se subastará inmediatamente la entidad.

Así respondía Salgado en una interpelación al diputado de IU-ICV Joan Ridao, quien compartía la opinión del portavoz parlamentario de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, quien dijo que una subasta rápida sólo permitirá que las cajas se acaben vendiendo "a precio de regalo, al mejor postor". A juicio de Ridao, las reformas del sistema financiero llevarán a un "oligopolio en el que los bancos no tendrán competidores y excluirán a sus clientes menos lucrativos", lo que acabará influyendo negativamente en el crédito. "La urgente necesidad de capital pondrá a las cajas en manos de jugadores deseosos de beneficios inmediatos y más rentabilidad", añadió el diputado de ERC.

Además, reprochó a la vicepresidenta segunda la "auténtica discriminación" que es exigir a las cajas un 10 por ciento de capital principal respecto a activos de riesgo, frente al 8 por ciento de los bancos.

Por lo que Salgado insistió en que la distinción no es por tipo de entidades, sino por la presencia o no de inversores privados y la dependencia superior al 20 por ciento de los mercados mayoristas.

En las últimas semanas, se ha interpretado que con la posible entrada del Estado en el capital de las cajas, las autonomías podrían perder su derecho de veto de determinadas operaciones en las que se vean envueltas las entidades regionales bajo su tutela.

La Comisión de Retribuciones de Caja Madrid propondrá al Consejo de Administración de la entidad, retrasar el pago de 25 millones de euros en concepto de incentivos a sus directivos y ex directivos, hasta devolver la ayuda recibida del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
La Comisión de Retribuciones de la entidad también propondrá la finalización del Plan de Incentivos a largo plazo para la alta dirección.

La Comisión de Retribuciones hace esta propuesta como consecuencia de la actual coyuntura de crisis y al haber recibido 4.465 millones del FROB para su unión mediante un Sistema Institucional de Protección (SIP) con Bancaja, las cajas Insular de Canarias, Ávila, Rioja, Segovia y Laietana.

No obstante, será el Consejo de Administración de la entidad, que se celebra el 14 de febrero, quien deberá aprobar la propuesta.

La Comunidad de Madrid ya había trasladado a Caja Madrid su oposición al pago de bonus a la dirección de la caja, ya que entendía que no es el mejor momento por dos motivos: primero por estar en un proceso de fusión y segundo porque se están recibiendo recursos públicos procedentes del FROB.

Los bonus, por valor de 25 millones de euros, fueron implantado por el anterior presidente, Miguel Blesa, para él y nueve de sus directivos antes de su sustitución por Rodrigo Rato y de su integración con Bancaja y otras cinco cajas.

El Ministerio de Economía y Hacienda ha confirmado que las cajas de ahorro podrán ser recapitalizadas con dinero del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) desde marzo, sin esperar a septiembre próximo. Y es que tan sólo estableció septiembre como fecha "máxima" para que el Estado entre como accionista en las cajas de ahorros y bancos que no hayan logrado los recursos suficientes en el mercado para cumplir las nuevas exigencias de capital planteadas por el Ejecutivo.

No obstante, esta inyección de capital a las entidades financieras se produciría una vez entre en vigor el Real Decreto Ley, que será aprobado en febrero por el Consejo de Ministros.

De esta forma se confirma que el Gobierno ha decidido acelerar la nacionalización parcial de las entidades financieras más débiles para evitar que aquellas cajas que no consigan recapitalizarse con inversiones privadas se queden en situación precaria durante ocho meses.

El pasado lunes, la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, anunció un nuevo plan para acelerar y ampliar la reestructuración del sector financiero, en primer lugar de las cajas de ahorro. El plan eleva las exigencias de capital básico de bancos y cajas a un mínimo del 8 % de sus activos ponderados por riesgo, porcentaje que se situaría entre un 9 % y 10 % para las entidades que no coticen, que no tengan una participación significativa de inversores privados o dependan mucho de los mercados de financiación mayorista, como en el caso de las cajas de ahorros.

Por otra parte, al parecer la patronal de las cajas (CECA) ha suspendido de momento las reuniones que tenía previstas con inversores en Oriente Medio para captar capital privado y explicar el modelo de las entidades.

El motivo de las suspensión ha sido la incertidumbre regulatoria que rodea el sector, a raíz del plan recién anunciado por el Gobierno, indicaron fuentes financieras al diario.

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) prevé ingresar unos 800 millones de euros este año por los intereses devengados de los recursos que ha inyectado a las cajas de ahorros con el fin de refozar su solidez y solvencia. El fondo, que nació con la misión de fortalecer los recursos propios de las entidades que pudieran tener dificultades para adaptarse al nuevo entorno y de contribuir a la reestructuración del sistema, cobra unos intereses del 7,75% anual.

Un total de ocho procesos de integración entre fusiones tradicionales y Sistemas Institucionales de Protección (SIP (noticias) ), aprobados por el Banco de España, han solicitado el apoyo del FROB por importe global de 11.167 millones de euros.

Concretamente, se trata de las fusiones tradicionales que han dado lugar a los nuevos grupos de CatalunyaCaixa (1.250 millones), Unnim (380 millones), Caja España y Caja Duero (525 millones) y NovaCaixaGalicia (1.162 millones).

En cuanto a los SIP, han recibido ayudas Banco Financiero y de Ahorros -que engloba al grupo liderado por Caja Madrid y Bancaja- por importe de 4.465 millones, Banco Mare Nostrum (915 millones), Banco Base (1.493 millones) y Banca Cívica (977 millones).

Adicionalmente, se han utilizado 392 millones de euros en la reestructuración de Cajasur, entidad controlada anteriormente por la Iglesia Católica que tuvo que ser intervenida por el Banco de España y ha sido adjudicada a la BBK.

El FROB contempla además inyectar nuevos fondos por importe de unos 1.200 millones de euros en las entidades financieras que no pasaron las pruebas de esfuerzo realizadas al sector financiero el pasado verano: los dos grupos catalanes, Caja Duero y Caja España, y Banca Cívica.

Frente a los 11.600 millones de euros comprometidos, el fondo tiene 15.000 millones de euros disponibles, a los que se suman los 3.000 millones de euros de deuda que colocó el FROB en los mercados el jueves 27 de enero en su segunda emisión de bonos.

La estimación del Gobierno para sanear las cajas de ahorro con 20.000 millones, son insuficientes para Barclays Capital. Según el banco británico las necesidades de recapitalización de sistema ascienden a 32.000 millones. Hasta el momento se han inyectado 15.000 millones en el proceso de fusiones a través del FROB.

Aunque el informe critica las previsiones del Ministerio de Economía, valora de forma positiva que el Ejecutivo reconozca las necesidades de capital del sistema financiero. “Es un paso en la dirección correcta, pero en nuestras estimaciones, el sector bancario necesitará 46.000 millones para recapitalizarse, es decir, 32.000 millones frente a los 20.000 millones estimados por el Gobierno”, explica Barclays. Un capital necesario para alcanzar la exigencia de un 8% de core capital.

El experto calcula que en un escenario estrés la cifra se dispara 90.000 millones. “También consideramos que el tiempo previsto hasta el otoño puede ser demasiado largo para las preocupaciones del mercado sobre el riesgo sistémico de España en la zona del euro.”

Sobre las posibilidades que tienen las cajas de ahorro de reforzar el capital en las actuales condiciones del mercado, opina que “será muy difícil reúnan la financiación necesaria. No descartamos la posibilidad de que bancos extranjeros inviertan en el sector, pero sólo cuando estén identificadas las entidades con problemas”.

Además de los requisitos de recapitalización para las cajas viables, hay algunas entidades tan débiles que no son viables, por lo que requieren una rápida intervención por parte del Banco de España, que hasta el momento solo ha entrado en dos entidades. explican que el problema al que se enfrentan las cajas es más bien de financiación y no se solvencia. Así, aclaran que “la buena noticia” es que si incluso el gobierno tuviera que sufragar toda la recapitalización, la deuda global del sector público se elevaría a un 84% en el 2013, todavía dentro de los márgenes tolerados por la media de la zona euro, lo que no sería una amenaza para la solvencia y el riesgo soberano.