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Somos uno de los países europeos en los que se registra menor número de fraudes con tarjetas. Según datos de Servired, en 2008 las conductas irregulares sólo representaron un 0,0248 por ciento sobre el volumen total de compras. Sin embargo, todos los esfuerzos son pocos para aminorar este impacto sobre los usuarios. El último que ha tendido su mano a los clientes bancarios ha sido el Tribunal Supremo, que ha impugnado varias cláusulas, consideradas abusivas, de los contratos de tarjetas de varias entidades, incluidas cuatro de primera fila españolas: Santander, BBVA, Caja Madrid y Bankinter.

A primera vista, la sentencia es positiva para el ahorrador. No obstante, llega en un momento delicado para la banca, que busca a toda costa reducir costes y maximizar beneficios. ¿Supondrá la sentencia un encarecimiento de las tarjetas de crédito?

Tener que dedicar más recursos al pago de fraudes con tarjetas puede ser un motivo más que impulse a las entidades a encarecer sus plásticos y todos los servicios ligados a ellos. De hecho, el sector ya está inmerso en una clara tendencia alcista de subida de tasas.

A cierre de enero de 2010, la cuota media de mantenimiento anual de una tarjeta de débito era de 16,66 euros, un 9,89 por ciento más que en 2008. Mantener una tarjeta de crédito, por su parte, cuesta ahora 33,12 euros, de media, anuales, un 5,98 por ciento más que a finales de 2008. También el coste por extraer dinero de un cajero con tarjeta se ha disparado en el último año. Las comisiones medias pagadas por disponer de efectivo en cajeros no pertenecientes a la red de sucursales de la entidad se han encarecido más de un 30 por ciento. Utilizar la tarjeta de débito para disponer de efectivo en cajeros de la propia red, pero no de la entidad, ha subido más de un 52 por ciento en el último año.

Las entidades de créditos españolas recibieron durante 2009 unas comisiones que representaron el 25% del margen bruto y constituyeron la segunda fuente generadora de ingresos de su actividad tras los intereses. Así se desprende del Boletín Económico del Banco de España correspondiente a febrero. No obstante, el informe recuerda que un parte importante de las comisiones no se encuentran registradas como tales en la cuenta de resultados, sino que figuran integradas en los ingresos o costes financieros de los instrumentos que las generan, lo que dificulta el conocimiento preciso de su evolución.

Las comisiones con mayor importancia en los últimos cinco años fueron las relacionadas con servicios de pagos, las de comercialización de productos financieros no bancarios, las de operaciones de concesión de financiación, así como las asociadas a riesgos y compromisos contingentes. Por importes, las cantidades medias registraron un ligero incremento, mientras los máximos y los mínimos apenas registraron variaciones durante el periodo, con la excepción de un aumento de ambos en las cuentas corrientes.

El informe destaca una cierta heterogeneidad en la evolución de las tarifas por las diferentes características de los servicios que contribuyen a generar la comisión. En concreto, donde predominaron los factores de riesgo de crédito (avales y compromisos) se produjo un aumento acorde con la reevaluación generalizada del mismo inducida por la crisis. Por el contrario, en aquellos donde el precio dependía más del coste del servicio, tales como los pagos o la comercialización de productos no bancarios, se registraron reducciones en los niveles de las tarifas aplicadas.

Los bancos y las cajas de ahorros en España han dejado de ingresar 3.500 millones de euros en los últimos cinco años por la rebaja de las comisiones que han aplicado a los comercios por el uso de las tarjetas de pago. Y es que el acuerdo auspiciado por la Administración que firmaron hace cinco años el sector financiero y el comercial estableció un descenso global del 60% de las tasas de intercambio que pagaban las tiendas por el uso de las tarjetas.

Según un estudio de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), en España, los consumidores abonan en la actualidad cerca del 40% de las transacciones comerciales mediante tarjeta de pago y el 16,5% del gasto familiar se hace a través de tarjetas, porcentaje inferior al que se registra en países como Reino Unido y Francia (35%).

El director adjunto de la CECA, José Márquez, explicó que si las entidades financieras no cobran por el servicio de tarjetas de pago al comerciante deberían cobrárselo al titular de la misma, "que es mucho más sensible a este tipo de cargos" y podría optar por devolver el dinero de plástico al banco o caja. Según Márquez, el uso de tarjetas de pago dinamiza la economía en general y favorece al comercio en particular, porque anima al consumidor a realizar compras espontáneas, sin planificar, al tiempo que permite pagar con financiación y de forma fraccionada.

Por otro lado, rechazó el "sobrecargo desproporcionado" que algunos establecimientos aplican al cliente por el pago mediante tarjeta en vez de en efectivo. "Algunos comercios han abusado", sostuvo Márquez, quien incidió en que las tarjetas son una palanca del desarrollo de la economía que contribuye a la eficiencia productiva y a la seguridad en las transacciones, sobre todo con la migración del parque de tarjetas desde la banda magnética al sistema del chip EMV.

Ahora el 80% del dinero de plástico cuenta con este sistema chip y, según sus cálculos, la totalidad de las tarjetas podrían tener implantado este sistema en el primer trimestre de 2011, una innovación que ha supuesto una inversión global de más de 100 millones de euros a las entidades financieras.

Si usted se queja de las cosas que le hace su banco, dese con un canto en los dientes. Les contamos lo que han empezado a hacer ciertas entidades francesas. Por ejemplo Credit Agricole. Al parecer, la entidad presiona a los que son menos rentables con subidas de comisiones y nuevos servicios. Y si no los acepta en el plazo de un mes, liquida sus cuentas.

Sí lo han denunciado clientes que recibieron una carta de la entidad para avisarles de que sus cuentas serían cerradas en un plazo de 30 a 45 días, sin dar ningún tipo de explicación. Días antes les habían cobrado comisiones por un servicio que no tenían contratado o les ofrecían un nuevo producto que habían rechazado. La respuesta del banco francés a la negativa del cliente fue abrirle la puerta para que se fuera, o más bien directamente echarle,según Le Monde. El diario francés publica los testimonios de varios clientes que han pasado por este trago.

El rotativo señala que no se trata de prácticas habituales, citando a la Federación Bancaria Francesa. Al organismo no le consta ninguna queja de este tipo, ni tampoco el Banco de Francia registra ningún tipo de reclamación a este respecto. Sin embargo, la asociación de usuarios de banca francesa denuncia que es un fenómeno creciente y que han recibido 50 quejas con casos parecidos.

Le Monde destaca, citando a los consumidores, e que se trata de una nueva estrategia para reforzar sus balances. Para los bancos, como los clientes, existe el derecho a rescindir el contrato de cuenta. No hay apelación posible. Pero deben cumplir con un aviso.

Banco Santandereliminará las comisiones por servicio a todos los clientes que cuenten con un saldo de más de 12.000 euros en productos de pasivo, ampliando así su plan de comisiones cero euros a estos clientes. Esta iniciativa supone la entrada de otros 150.000 clientes del banco presidido por Emilio Botín en el plan Queremos ser tu banco, que supera ya los 4,2 millones de clientes.

Este plan es un modelo estratégico a medio y largo plazo basado en la relación con el cliente puesto en marcha hace cuatro años y que consistía en la supresión de todas las comisiones de servicio. Los clientes particulares vinculados fueron los primeros en beneficiarse de la eliminación de estas tarifas y más tarde se sumaron los inmigrantes, universitarios, accionistas del banco, clientes por cuenta propia (agricultores, autónomos, comercios...) y clientes con un crédito ICO.

La base de clientes particulares de la red Santander en España aumentó en 410.000 en 2009, mientras que el número de clientes vinculados creció en 480.000. Cada cliente vinculado al plan cuenta con 6,7 productos, frente a la media de un cliente no vinculado de 2,9. Las reclamaciones descendieron un 7% en el acumulado del año, mientras que en el resto del sector han aumentado significativamente.

La red Santander cuenta en España con 2.934 oficinas, 16.500 empleados y nueve millones de clientes. Al cierre de 2009, la inversión crediticia ascendía a 117.000 millones de euros y los recursos gestionados se situaban en 112.000 millones de euros.

Las ganas de ayudar ante catástrofes tan atroces como el terremoto que ha destrozado Haití han vuelto a sacar a la palestra las dudas sobre si las entidades de crédito sacan beneficio a nuestras “buenas acciones” y nos tememos que las dudas seguirán sin resolverse.

Y es que mientras que miles de internautas se quejan en los foros de las comisiones que cobran los bancos por ingresar dinero en cuentas humanitarias, las principales entidades financieras españolas y las patronales bancaria han asegurado que no aplican ningún tipo de comisión a los clientes que realizan transferencias a las cuentas habilitadas para ayudar a los damnificados por el terremoto de Haití.

Estas declaraciones llegan después de que las organizaciones de consumidores hayan pedido la creación de un registro común de cuentas humanitarias abiertas por las ONG o instituciones para las acciones de cooperación internacional con la intención de evitar el cobro de comisiones y que se prohíba por ley a los bancos cobrarlas en las transferencias con fines humanitarios.

Desde la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) aseguran que desde hace años estas entidades no cobran comisiones cuando se realizan este tipo de ayudas, si bien en el caso de que se produzca algún error a la hora de identificar una cuenta y se cobra una comisión, este error se subsana en cuanto es identificado.

Desde la Asociación Española de Banca (AEB) también afirman que los bancos no cobran estas comisiones y, aunque legalmente sí podrían cobrarlas, no lo hacen según el consenso al que llegó el sector. No obstante, con ocasión del terremoto acaecido en Haití, la AEB remitió una carta a sus asociados para recordarles que es práctica tradicional en el sector no cobrar comisiones por transferencias de dinero que tengan como objeto la ayuda humanitaria.

Sí, la Comisión Europea ha aprobado el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) español, “cuyo objetivo es reforzar la solidez y solvencia de las entidades de crédito”, pero –siempre hay un pero- lo ha hecho sólo hasta el mes de junio, aunque prevé la posibilidad de prorrogarlo.

El visto bueno al programa del Gobierno español se basa en que “tiene una limitación temporal y de alcance, requiere una remuneración al tipo de mercado e incluye suficientes incentivos para reembolsar paulatinamente la participación del Estado”. Según lo aprobado, antes de cada recapitalización de un banco, el fondo deberá comunicar a la Comisión el riesgo asociado a la operación, para que ésta “evalúe e indique el seguimiento necesario” para la misma. El encargado de hacer el informe de cada operación, que será enviado al Ejecutivo comunitario, será el Banco de España.

La Comisión también informó de que España deberá “notificar las condiciones de las recapitalizaciones de las entidades cuya situación no sea intrínsecamente sana”, es decir, en los casos en los que la necesidad de capital exceda el 2% del valor de los activos ponderados por riesgo.

La Comisión también ha concluido que el FROB es un medio adecuado para corregir una grave perturbación de la economía española y que como tal es compatible con la legislación europea. Asimismo, la Comisión Europea prevé la posibilidad de ampliar el plazo en que las entidades podrán hacer uso del fondo, aunque su prórroga estará sujeta a una nueva aprobación por su parte.

Pese a que la inflación ha registrado el pasado año cotas mínimas, algo tan usual como tener tarjeta de débito costó durante 2009 casi un 10 por ciento más que en 2008, ya que la cuota media anual ascendió a 16,66 euros frente a los 15,16 euros de un año antes. A eso hay que añadir las comisiones que las entidades financieras cobraron a sus clientes por tener tarjetas de débito que subieron un 6,56 por ciento en 2009 respecto al año anterior, ya que la cuota media ascendió a 33,30 euros desde los 31,25 euros de 2008. No obstante, no todas las entidades aplican los mismos precios a sus clientes, ya que la comisión máxima en las tarjetas de débito alcanzó los 25 euros, y la mínima 4,51 euros.

Así se desprende de los últimos datos publicados por el Banco de España sobre las comisiones que cobran los bancos y cajas por estos productos a fecha 31 de diciembre de 2009. Según mismos datos, aunque continúa siendo gratis disponer de efectivo con una tarjeta de débito en los cajeros de la misma entidad, hacerlo en los de la misma compañía, pero de otra red supuso una media de 1,08 euros en 2009. En el caso de disponer de dinero en un cajero de otra red, la cuantía media alcanzó los 3,72 euros, la misma que si se hizo en el extranjero.

En el caso de las tarjetas de crédito, retirar dinero de un cajero de la propia entidad ascendió durante 2009 a tres euros de media y en el caso de que fueran de la misma red, a 4,09 euros. Si la disposición del efectivo se hizo a través de tarjetas de crédito en cajeros de otras redes, el recargo fue de 4,39 euros, una cantidad que alcanzó los 4,45 euros si la operación se realizó desde el extranjero.

Seis bancos españoles ya ofrece los servicios integrados en el área única de pagos (SEPA, en sus siglas en inglés), un sistema que entró en vigor recientemente para unificar las comisiones que se cargan a los pagos en euros dentro de la Unión Europea (UE), Islandia, Leichtenstein, Noruega y Suiza.

Altae Banco, La Caixa, La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid y las marcas españolas del banco Tokyo-Mitsubishi, JPMorgan y Deutsche Bank son los bancos españoles que ya ofrecen a sus clientes la unificación de las comisiones por pagos transfronterizos en euros. Estos pagos pueden realizarse a través de transferencias electrónicas, ingresos en cuenta, domiciliaciones bancarias, tarjetas de crédito o débito o cualquier otro medio. En total, unos 2.600 bancos europeos facilitan estas operaciones, lo que representa el 70% del mercado bancario europeo.

El SEPA es una iniciativa del sector bancario europeo, gestionada a través del Consejo Europeo de Pagos (EPC) y con el apoyo del Ejecutivo comunitario y del Banco Central Europeo (BCE). De este modo, los ciudadanos del área pueden por primera vez hacer pagos directos entre los diferentes países con la misma seguridad, sencillez y coste que en el ámbito nacional. Los pagos directos están muy extendidos en los países de la moneda única, pero hasta ahora no existía un sistema europeo común que armonizara este tipo de operaciones entre diferentes estados.

Las entidades bancarias contarán con tres años para adaptarse a la medida, por lo que podrán seguir cobrando comisiones en operaciones como el pago de una factura en otro país hasta noviembre de 2012, mientras que la transición para los bancos que no pertenecen a la zona del euro se extenderá hasta noviembre de 2014.

La Comisión prevé que Estonia, Grecia, Letonia, Polonia, Chipre y Eslovaquia aprueben de aquí a final de año las normativas nacionales necesarias para trasponer la directiva que regula el área única de pagos. En Suecia, Finlandia y Bélgica, la directiva no se incorporará a sus legislaciones hasta el primer semestre de 2010.

La llegada de Joaquín Almunia a la cartera de Competencia de la Unión Europea ha abierto una vía de grandes expectativas para el sector financiero español, inmerso en procesos de concentración necesitados de un marco legal estable. Almunia ha asegurado en sus primeras declaraciones tras conocerse su nuevo destino que la reordenación del sector bancario será una de sus principales objetivos. "El sector financiero es una prioridad en la medida en que no hay economía que funcione sin un sector financiero que financie el resto de la economía, dé créditos y no tenga problemas de solvencia o de liquidez", ha dicho Almunia, poco después de que el presidente de la Comisión Europea (CE), José Manuel Durão Barroso, hiciera sus propuestas para el Ejecutivo comunitario.

En su nueva labor, el comisario tendrá que analizar la compatibilidad con la legislación europea de las ayudas y garantías estatales concedidas al sector para evitar su quiebra tras el desplome de otoño del 2008. Mientras en el norte de Europa se destinaron recursos millonarios para ayudar a la banca, las autoridades de la competencia europeas han puesto pegas a los planes, mucho más modestos, puestos en marcha en España. Actualmente están bloqueados a la espera de un marco legal más claro.

El socialista Joaquín Almunia ha ascendido en el nuevo equipo de Gobierno comunitario que preside, por segunda vez, el portugués José Manuel Durao Barroso. Almunia será a partir de ahora comisario de Competencia, una de las responsabilidades económicas más importantes del Ejecutivo de la UE, y en la que trabajan un millar de personas. El representante español ha ejercido desde abril del 2004 como responsable de Asuntos Económicos y Monetarios en el Ejecutivo saliente. El exministro Almunia también ocupará una de las seis vicepresidencias del nuevo Gobierno comunitario, otras serán para la holandesa Neelie Kroes (Agenda Digital), y la británica Catherine Ashton (Exteriores).