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Los títulos de Banco de Valencia se han depreciado un 47,06% esta semana, después de que el Banco de España decidiera intervenir a la entidad el pasado lunes 21 de noviembre mediante la inyección de 1.000 millones destinados a fortalecer su capital y de 2.000 millones en créditos para asegurar su liquidez.

El primer banco intervenido desde Banesto cerró la sesión de este viernes con un valor por acción de 0,405 euros, frente a los 0,765 euros que cotizaba el pasado 18 de noviembre y los 0,74 euros que marcaba justo antes de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) suspendiera su cotización en el mercado continuo.

Este miércoles el Banco de España calculaba además que la entidad registra un déficit de provisiones al cierre del primer trimestre de al menos 562 millones, deterioro que podría resultar superior a la vista de su exposición al ladrillo.

El instituto presidido por Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha sustituido además a los gestores de Banco Valencia, participado en un 27% por el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), por sus propios administradores con el objetivo de estabilizarlo y recapitalizarlo con el fin de afrontar su posterior enajenación en un proceso competitivo

El vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, aprobará el próximo jueves 1 de diciembre prorrogar hasta finales de 2012 el actual régimen que facilita la concesión de ayudas públicas a los bancos por parte de los Gobiernos nacionales.

El régimen se puso en marcha en 2008 tras la quiebra de la entidad estadounidense Lehman Brothers, y estaba previsto que expirara este año. Pero Almunia ha decidido extenderlo un año más ante el agravamiento de la crisis de deuda y la decisión de los líderes de la UE de recapitalizar los grandes bancos europeos con 106.000 millones de euros para que puedan resistir a los problemas.

Los bancos españoles son, tras los griegos, los que más capital adicional necesitan, alrededor de 26.000 millones de euros, según los cálculos de la Autoridad Bancaria Europea. Los líderes europeos quieren que, en primer lugar, busquen fondos en el mercado privado y sólo si no los logran acudan a las ayudas públicas.

Almunia precisará el jueves el precio que deberán pagar los bancos por estas ayudas y las condiciones y modalidades que deberán cumplir.

En todo caso, el vicepresidente del Ejecutivo comunitario ha dejado claro que los bancos que reciban ayudas deben reestructurarse para que puedan llevar a cabo su función de financiar la economía real. "En esta coyuntura todavía incierta, no podemos permitirnos dañar la economía con más bancos zombies", ha dicho en una comparecencia reciente.

Almunia ha insistido en que el régimen de crisis terminará cuando los mercados se estabilicen. De hecho, su departamento ya ha preparado una nueva norma sobre reestructuración de bancos en problemas para después de la crisis que endurece la concesión de ayudas públicas.

El Banco Santander se ha mostrado satisfecho por la decisión del Gobierno de indultar al consejero delegado de la entidad, Alfredo Sáenz, de la condena de tres meses de arresto e inhabilitación impuesta por el Tribunal Supremo por intento de estafa procesal y acusación falsa cuando presidía Banesto.

En una breve nota remitida, el Santander se limita a expresar su satisfacción por la decisión del Ejecutivo, sin hacer más comentarios sobre este asunto, que se remonta a 1994.

Por su parte, la Asociación Española de Banca (AEB) ha considerado "un acierto" la decisión del Gobierno de indultar a Sáenz, ya que "es la persona que más ha contribuido a la estabilidad y progreso del sistema financiero español en los últimos 25 años".

Según una nota remitida hoy por el Ministerio de Justicia, el Consejo de Ministros ha decidido "indultar parcialmente" a Sáenz, al abogado Rafael Jiménez de Parga y al exdirectivo de Banesto Miguel Ángel Calama, "una vez resueltos los expedientes, a la vista de los informes pertinentes y conforme a lo dispuesto en la Ley".

"La concesión de este indulto parcial, derivado de unos hechos acaecidos hace 17 años, conmuta la pena impuesta de arresto mayor y la accesoria de suspensión de ejercicio profesional por la multa máxima prevista en la legislación aplicable al caso", añade la nota de Justicia.

La economía de la zona euro ya ha entrado en recesión, afirmó este miércoles el Instituto internacional de finanzas (IIF). Esta organización mundial de grandes bancos, interlocutor en las negociaciones para la quita de la deuda de Grecia, constata en un informe la degradación de la coyuntura europea más rápida que lo previsto y alerta sobre el incremento de déficit presupuestario que acarreará para muchos países del área de la moneda única.

El IIF prevé un retroceso del PIB de la zona de 2% en cifras anualizadas en el cuarto trimestre de 2011, así como en el primer trimestre de 2012. En el conjunto de 2012, estima que se registrará una contracción de 1%.

"La debilidad de la economía de la zona euro tiene el potencial de difundirse al resto del mundo a través de ciertos canales. Uno de los más inmediatos y de los más poderosos es el sector bancario", alerta el instituto. Los autores critican duramente a los gobiernos europeos por su gestión de la crisis de la deuda pública, estimando que "algunas de sus medidas hacen más grave el problema y no lo reducirlo".

El IIF hace autocrítica e incluye entre estas medidas el acuerdo que el propio instituto firmó a mediados de octubre para eliminar la mitad de la deuda de Grecia en poder del sector privado, lamentando que ello haya "hecho huir a los inversores en obligaciones" de los mercados de deuda de los países "periféricos".

El Banco de Valencia concedió créditos por importe de 100 millones de euros a su consejo de administración en el ejercicio 2010, según datos del informe de gobierno corporativo de la entidad intervenida el pasado 21 de noviembre por el Banco de España debido a sus problemas de solvencia y viabilidad.

El consejo de administración del Banco de Valencia estaba integrado entonces por un total de ocho miembros presididos por José Luis Olivas, en representación de Bancaja, entidad a través de la que Banco Financiero y de Ahorros (BFA) ostentaba el 38% de los derechos de voto.

También integraban el máximo órgano rector el consejero delegado, Domingo Parra (Valenciana de Inversiones Inmobiliarias); los vicepresidentes Antonio José Tirado (Bancaja) y Celestino Aznar (independiente); y los consejeros Rosa María Lladró (Agroinmobiliaria), José Luis de Quesada (Bancaja Habitat), y María Boluda (Bancaja Participaciones).

El sueldo del consejo se elevó a 1,969 millones de euros, importe que representó el 2,9% del beneficio atribuido de la sociedad. Por su parte, los siete miembros de la alta dirección recibieron emolumentos por 2,838 millones de euros. El consejo no sometía a la junta general de accionistas su política de retribuciones.

El Banco de España, que ha sustituido a los gestores de la entidad por administradores de su organismo dependiente el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), calcula que Banco de Valencia registra un déficit de provisiones de al menos 562 millones a cierre del primer trimestre de 2011.

El Banco de España ha inyectado 1.000 millones de euros de dinero público en la entidad, participada en un 27% por el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), y le ha concedido 2.000 millones de línea de crédito para asegurar su liquidez.

El objetivo del organismo presidido por Miguel Ángel Fernández Ordóñez es administrar el banco para estabilizarlo y para recapitalizarlo con el fin de afrontar su posterior enajenación en un proceso competitivo.

El Consejo de Ministros ha aprobado conceder el indulto al consejero delegado del Grupo Santander, Alfredo Sáenz, por la condena a tres meses de prisión e inhabilitación por un delito de acusación falsa cometido en 1994 contra unos acreedores de Banesto cuando era presidente de la entidad, según fuentes conocedoras de la decisión.

El Gobierno en funciones tras el 20-N, a petición del Ministerio de Justicia, ha decidido otorgar el indulto a Sáenz, por lo que le exime de la condena de cárcel e inhabilitación impuesta por el Supremo. El indulto contaba con el informe favorable del Ministerio Fiscal.

De esta forma, el consejero delegado del Santander seguirá cumpliendo los requisitos de “honorabilidad” que exige el Banco de España para los ejecutivos del sector financiero, recogidos en el Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio, sobre Creación de Bancos y Régimen Jurídico de las Entidades de Crédito.

El portavoz del Gobierno no ha querido dar explicaciones sobre el porqué de la decisión. “Se informa de las decisiones del Consejo de Ministros, no de las deliberaciones”, ha comentado. En todo caso, el Ministerio de Justifica remitirá un informe con la argumentación jurídica que ha sustentado el indulto, según Blanco. Por otra parte, ha quitado importancia a la fecha en la que se ha tomado esta decisión: “Se ha hecho en el momento en que el Ministerio de Justicia, que es el que tiene la potestad de plantear los indultos, lo ha hecho”.

El Consejo de Ministros ha tomado esta decisión tras el informe no vinculante del Tribunal Supremo de finales de octubre, donde este organismo se mostró desfavorable al indulto al no apreciar “razones de justicia o equidad” para ello.

El Banco Central Europeo(BCE) está estudiando ampliar el plazo de los préstamos que ofrece a la banca hasta dos o incluso tres años para evitar que la crisis de la eurozona termine convirtiéndose en una crisis crediticia que ahogue la economía de la Unión Monetaria, según fuentes conocedoras de la decisión.

El BCE está planteándose está posibilidad sin precedentes a medida que se intensifican los temores de que la crisis de deuda dañe el mercado monetario interbancario, con los bancos reduciendo la lista de entidades a la que están dispuestos a prestar dinero.

En concreto, la institución presidida por Mario Draghi está analizando la opción de ofrecer a los bancos liquidez en un horizonte de dos o incluso tres años, cuando hasta ahora el máximo es de un año, con el objetivo de liberar el cada vez más bloqueado mercado interbancario y dar a los bancos más libertad para comprar y poseer deuda soberana.

A medida que la crisis de deuda soberana ha empeorado, se ha incrementado la presión en el BCE para que intervenga en mayor medida en la compra de deuda pública, un compromiso al que de momento es reacio.

Sin embargo, la institución tiene libertad para prestar a los bancos billones de euros y podría usar este poder para apoyar indirectamente a los gobiernos que intentan emitir deuda.

Según las fuentes, el BCE ha sugerido esta posibilidad con el objetivo de medir su interés antes de su lanzamiento oficial. La opción de ampliar los plazos de los préstamos ya surgió en la reunión que mantuvo la pasada semana el banco central con un grupo de entidades incluidas Goldman Sachs, Barclays Capital y Morgan Stanley.

“Dijeron que estaban preparados para ofrecer LTRO (operaciones de préstamo) a dos o tres años. La cuestión es si lo bancos estarían interesados. Podría ser visto como un estigma si un banco utiliza financiación a dos o tres años del BCE”, explicaron.

Otra fuente comentó que el BCE estaba estudiando la posibilidad de aportar liquidez en un horizonte similar pero a través de un conjunto de préstamos a coto plazo con el compromiso de mantener la línea de crédito abierta por un periodo de hasta tres años.

Mientras Francia, Bélgica y Luxemburgo negocian cómo proporcionar garantías tras el rescate de Dexia llevado a cabo en octubre por un importe de 90.000 millones de euros, la entidad se ha visto obligada a solicitar ayuda a corto plazo, es decir, liquidez, al Banco Central de Bélgica. Según Reuters, la entidad también estaría recibiendo dinero de los demás bancos centrales de los países donde tiene sucursales, incluida España.

Deixa volvería a salir al mercado para financiarse una vez que se confirmase el programa de garantías, según la misma fuente citada por Reuters. Los Gobiernos de Francia y Bélgica decidieron en octubre la partición de la entidad, dadas sus graves dificultades para obtener financiación por su ingente exposición a la deuda soberana griega.

Bélgica nacionalizará el cien por cien de la unidad belga de crédito al consumo. Según Financial Times, Bélgica aportaría 4.000 millones de euros a la citada división. Por otro lado, el banco público francés Caisse des Depots et Consignations (CDC) se quedaría con los créditos a la Administración pública gala por unos 700 millones.

El acuerdo también contempla la garantía compartida de créditos de riesgo por 120.000 millones de euros, respaldados por activos de Estados Unidos, Italia, Bélgica y España. Bélgica ofrecería garantías por el 60% de esos activos tóxicos y Francia, por el 40% restante. Otras fuentes añaden que la implicación del Estado belga en el rescate de Dexia estaría en línea con la participación del 63% que posee en el capital del grupo.

Caja España-Duero ha cerrado hoy ante un notario su constitución formal como banco, lo que supone un paso más en el proceso de integración de la entidad castellanoleonesa con Unicaja, cuya tramitación seguirá avanzando hasta culminar en los primeros meses del próximo año.

Fuentes de Caja España-Duero han señalado que la firma ha tenido lugar en el edificio Botines, sede social de la entidad, y a ella han asistido el presidente de Caja España-Duero, Evaristo del Canto, junto con los vocales Alejandro Menéndez, Miguel Ángel Álvarez, Pablo Pérez Robla y José Ignacio Sánchez.

Uno de los próximos pasos previstos en el proceso de integración de ambas entidades será la constitución formal en banco de Unicaja, que todavía no ha establecido una fecha para ello, según han indicado fuentes de la caja malagueña.

El Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, como se ha denominado a la entidad, se ha formalizado después de que la asamblea general de Caja España-Duero aprobara el pasado septiembre la segregación de sus activos financieros al nuevo banco y su integración con Unicaja.

La entidad resultante de este proceso constituirá el tercer banco español proveniente de cajas de ahorros, por detrás de La Caixa y Bankia, con un volumen de activo total superior a 80.000 millones de euros.

El presidente de Unicaja, Braulio Medel, será presidente ejecutivo y primer directivo del nuevo banco y del grupo, mientras que el de Caja España-Duero, Evaristo del Canto, será vicepresidente ejecutivo y consejero delegado.

UGT y CCOO en Cantabria han denunciado el despido de un centenar de trabajadores del Banco de Santander en toda España, en lo que consideran el inicio de una "política sistemática" para reducir plantilla "por la puerta de atrás" e "introducir el miedo como un factor productivo".

Así lo ha asegurado hoy el delegado de CCOO en el Comité de Empresa a nivel provincial del Banco en Cantabria, Vicente Gutiérrez, durante la concentración celebrada por más de medio centenar de representantes y delegados de ambos sindicatos ante la sede central de la entidad en Santander.

En un encuentro con los medios, el jefe de la sección sindical de UGT en el Banco de Santander en Cantabria, Fernando Viorna, ha denunciado el inicio por parte de la entidad de "una cadena de despidos puntuales" por toda España, que ha situado en cerca de un centenar desde principios de año.

Viorna ha explicado que esos despidos se están produciendo entre los trabajadores cuya indemnización no supone "mucho desgaste económico" al banco o se "disfrazan" de bajas incentivas, "que no dejan de ser despidos".

Por su parte, el representante de CCOO ha opinado que con estos despidos justificados por "supuesta baja productividad", la entidad bancaria pretende "tensionar aún más a la plantilla" e instaurar el "miedo" entre los trabajadores.

Gutiérrez ha destacado que "hasta ahora" Cantabria "había quedado al margen de esta práctica de despidos no negociados y encubiertos, en ocasiones como baja incentivadas que ya era habitual en otros territorios". "Pero este mes esto se ha acabado y los despidos también han empezado en la región", ha recalcado.

En esta línea Viorna ha señalado el final del "veto" a estos despidos que parecía haber en Cantabria, comunidad autónoma que alberga la sede central del banco.