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La exposición total de Bankia al sector inmobiliario (particulares y empresas) representa el 61,8 % del total de la cartera de préstamos (al llegar a 122.000 millones de euros), si bien prácticamente la mitad de esta exposición es en hipotecas, donde la entidad tiene una morosidad del 3,5 %.

Al hablar de los "riesgos" de la entidad en el folleto informativo aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Bankia dice que su cartera bruta de préstamos al sector residente asciende a 198.601 millones de euros, de los que el 51,4 % (102.164 millones) son créditos a empresas y sector público y 96.417 a particulares, principalmente en crédito hipotecario.

En total, a cierre de marzo de este año, el total de créditos dudosos de Bankia asciende a 11.542 millones de euros y aquellos en situación subestándar (préstamos que aunque estén al corriente de pago tienen alguna 'debilidad' que podría degenerar en un impago) ascienden a 10.633 millones.

Así, sobre 198.601 millones, con estos préstamos dudosos el ratio de morosidad asciende al 5,8 % y el de cobertura por provisiones de créditos llega al 49,8 % del total.

De la financiación a particulares con garantía hipotecaria, el 91 % está destinada a la adquisición de primera vivienda y supone el 45,2 % (89.843 millones) de los préstamos.

El crédito a empresas no relacionadas con el sector constructor o promotor asciende a 58.951 millones de euros, mientras que los créditos al sector constructor o promotor llega a 32.950 millones, el 16,6 % de la cartera crediticia.

La mayoría de la exposición al sector inmobiliario son hipotecas, de las que el 91 % son de primera vivienda y con un nominal del préstamo del 63 % con respecto al valor de tasación, mientras que 32.950 millones son en créditos para la construcción y a promotores inmobiliarios, teniendo un 80 % de estos garantías reales, principalmente edificios.

Bankia se enfrenta actualmente a la mayor demanda que ha presentado un cliente individual, que le exige 25,2 millones de euros por los daños que le provocó la concesión de financiación para invertir en bonos estructurados de la entidad islandesa Landsbanki, quebrada en 2008.

El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Madrid celebrará después del verano el juicio para dirimir la demanda presentada por la empresa agrícola Ribertierra, que en principio estaba fijado para el pasado 20 de junio, según detalla Bankia en el apartado de su folleto de salida a bolsa dedicado a sus principales procesos judiciales.

Los despachos de abogados Jausas y Zunzunegui, que asesoran a Ribertierra, explicaron que la operación fue diseñada en 2005 por Altae, el banco privado de Caja Madrid, para intentar maximizar los 19 millones de euros que había obtenido la empresa por la venta de unos terrenos y que quería reinvertir en la compra de un inmueble.

Según los abogados Fernando Zunzunegui y Jordi Ruiz de Villa, Altae ofreció a Ribertierra mediar en la compra del inmueble, adquirido con los ingresos existentes y le recomendó pedir dos préstamos por valor de 25,2 millones para financiar proyectos e invertir en bonos con capital garantizado y con gran potencial de rentabilidad, lo que le serviría para pagar los intereses y amortizar los créditos.

Tras los 3 millones de euros de ganancias obtenidas en dos operaciones con productos de BNP Paribas y Crédit Suisse, Altae aconsejó en 2007 a la empresa invertir los 19,25 millones del préstamo principal en bonos estructurados de Landsbanki, que quebró a finales de 2008 ocasionando la pérdida total de la inversión.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado en el Congreso que ha dado orden a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos con el fin de que instruya al Instituto de Crédito Oficial (ICO) para la puesta en marcha de una línea de crédito para el pago de las facturas pendientes de entidades locales con empresas y autónomos a 30 de abril de 2011.

Así lo ha explicado en su réplica al portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, durante el Debate sobre el estado de la Nación, concretando el anuncio avanzado anteriormente para establecer nuevas medidas a favor de los emprendedores y para aliviar la morosidad que padecen, especialmente, pymes y autónomos ante las entidades locales.

Así, el ICO, "a través de la entidad colaboradora oportuna", realizará el pago directamente a los proveedores. El plazo del préstamo al ayuntamiento no podrá superar los tres años, ni el 25% de la participación del municipio en los tributos del Estado, que contribuirá la "garantía final" del préstamo. "Vamos a hacer un nuevo esfuerzo a ver si esta vía puede funcionar", ha indicado Zapatero.

El Gobierno socialista ya rechazó poner en marcha una medida parecida que se incluyó, a instancias de CiU, en la Ley de Morosidad hace un año. De hecho, el Ejecutivo derogó esta disposición en los Presupuestos Generales del Estado, e incluso vetó el intento del PP de recuperarla cuando intentó recuperarla con una nueva reforma legal. "Me alegro muchísimo, no sé si creérmelo cuando se cargaron la línea impulsada por CiU", ha apostillado en este sentido Duran.

El Gobierno griego ha recibido el visto bueno de la UE y del FMI a las nuevas medidas de austeridad y privatizaciones con las que pretenden reducir el déficit y desbloquear la llegada de nuevas ayudas. "Se han completado con éxito las negociaciones con los representantes de la Unión Europea (UE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)", informó el Ministerio de Finanzas griego.

El presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, ha confirmado que ahora la zona euro deberá aprobar la nueva ayuda económica, a la que están invitados a sumarse voluntariamente los bancos acreedores.

En las últimas semanas los inspectores internacionales han estudiado los planes griegos para determinar si Atenas se había esforzado lo suficiente para recibir el próximo tramo del crédito internacional de 110.000 euros en junio. Sin ese dinero, en concreto 12.000 millones de euros en junio, el Gobierno griego ya aseguró que se vería obligado a suspender pagos.

El nuevo plan pretende reducir gastos del Estado y aumentar sus ingresos en unos 78.000 millones de euros hasta 2015, entre recortes y privatizaciones.

El objetivo es que el actual déficit, del 10,5% del PIB, caiga hasta el 3% dentro de tres años.

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) aprobó 10.031 préstamos para autónomos y pymes por un importe de 416 millones de euros en once meses de actividad a través de ICOdirecto.

En un comunicado, el ICO informa de que el 69 % de las operaciones (dos de cada tres euros) se destinó a financiar liquidez y el 31 % a inversión (uno de cada tres euros).

Las empresas solicitaron el 53 % de las operaciones aprobadas, mientras que los autónomos pidieron el 47 %, aunque de cada diez euros concedidos, siete se destinaron a las empresas y tres a los autónomos.

El préstamo medio de ICOdirecto fue de 41.500 euros (27.000 de media para los autónomos y 54.000 para las pymes), operaciones que han contribuido al sostenimiento de más de 65.000 empleos, señala la entidad pública.

Cataluña (con el 22 %), Andalucía (18 %) la Comunidad Valenciana (13 %) y Madrid (10 %), concentraron más del 60 % de las operaciones, aunque los préstamos se repartieron por todas las comunidades autónomas.

Según el ICO, el índice de aprobación superó el 33 % de las operaciones analizadas, por lo que considera "muy positivo" el balance del primer año de actividad de este programa.

Asimismo, recuerda que el 14 de junio de 2010 abrió el canal de "Facilitador financiero" para poder recoger las solicitudes de la nueva línea ICO directo, dirigida a facilitar la financiación para inversiones empresariales o cubrir necesidades de liquidez.

Esta línea ofrece a pymes y autónomos la posibilidad de solicitar financiación por importe máximo de 200.000 euros directamente a través de internet, mediante un formulario disponible en www.icodirecto.es.

Portugal recibe este miércoles y este jueves el primer tramo de ayuda financiera de la Unión Europea (UE) --6.500 millones de euros concedidos a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera (MEEF)--, con el fin de que el Estado pueda hacer frente a sus obligaciones de pago en el mes de junio, cuando el país celebra elecciones legislativas.

Según el calendario previsto en el acuerdo que alcanzó el Gobierno portugués con las autoridades europeas, Portugal recibiría este miércoles 1.750 millones de euros procedente de la UE y otros 4.750 millones este jueves, que se sumarían a los 6.100 millones que ya recibió el país la semana pasada del FMI.

Los primeros fondos del FMI y de la UE llegan a Portugal en plena campaña electoral. Mientras los candidatos de los dos principales partidos con posibilidad de gobernar (PS y PSD) se recorren el país pidiendo el voto, una misión técnica del FMI ya está en Lisboa desde este lunes para acompañar el desarrollo del programa económico.

El Gobierno socialista de José Sócrates anunció un acuerdo con Bruselas y el FMI por 78.000 millones de euros el pasado 4 de mayo. El ministro de Finanzas, Fernando Teixeira dos Santos, admitió entonces que el país necesitaba de este préstamo de forma urgente para afrontar los vencimientos de deuda del mes de junio.

El programa económico que lleva aparejado el acuerdo de rescate, ha marcado una campaña caracterizada por la falta de debate sobre las propuestas contra la crisis más allá de matizaciones puntuales sobre los puntos del documento acordado, que prácticamente fija la política económica del próximo gobierno.

Así, está previsto que la primera visita de la misión técnica del FMI, la UE y el BCE llegue a Portugal en agosto para comprobar el cumplimiento de las primeras exigencias del programa económico por el gobierno salido de las elecciones del próximo 5 de junio.

El nuevo Ejecutivo tendrá hasta finales de julio para elaborar una propuesta de reducción de los costes laborales de las empresas, además de encontrar un comprador para el Banco Portugués de Negocios (BPN) y hacer un análisis detallado de la estructura empresarial del Estado, entre otras medidas.

La Comisión Europea ha garantizado que la futura normativa europea de solvencia bancaria respetará "el nivel de ambición" de los acuerdos internacionales de Basilea III, en respuesta a un artículo aparecido en el diario Financial Times que asegura lo contrario.

"Europa implementará Basilea III. Lo hemos dicho antes y lo confirmo hoy: Las propuestas de la Comisión para adaptar Basilea III respetarán el equilibrio y el nivel de ambición", dijo el comisario de Mercado Interior y Servicios Financieros, Michel Barnier, en un comunicado.

Barnier recordó que "alguna gente" acusa a la Comisión de "adoptar normas que podrían ser demasiado duras para los bancos al dificultar el préstamo a la economía real"; mientras que "otros" critican lo contrario, al decir "que no implementará Basilea adecuadamente, ni extraerá todas las lecciones de la crisis".

"Ambas críticas son injustificadas, factual y simplemente equivocadas. Y no van a afectar mi determinación. No me dejaré influenciar por las distintas presiones", añadió el comisario francés.

La portavoz de Barnier, Chantal Hugues, añadió en una rueda de prensa que Europa siempre ha sido "la primera y a veces la única en adaptar las normas al completo" desde el comienzo del proceso de Basilea a mediados de la década de los 90, frente a otros "socios clave" que aún no han puesto en práctica los acuerdos I y II sobre solvencia bancaria.

Asimismo, la portavoz recordó que la UE va más allá en algunos aspectos, al exigir los requisitos de solvencia a los 8.000 bancos que constituyen el sistema financiero de la Unión Europea y no sólo a las entidades más importantes como obliga el acuerdo internacional.

La Comisión Europea recordó el compromiso formulado "en más de una ocasión" por los estados miembros de la Unión Europea de "hacer lo que sea necesario" para garantizar "la estabilidad financiera de la zona euro y, por lo tanto, de Grecia".

El portavoz de Asuntos Económicos y Monetarios del Ejecutivo comunitario, Amadeu Altafaj, rememoró este compromiso, preguntado por si la Unión Europea está dispuesta a aumentar los préstamos a Grecia, más allá del rescate de 110.000 millones de euros aprobado en mayo de 2010.

Grecia ha vuelto a las prioridades de la agenda europea, tras la celebración de una reunión secreta el viernes en Luxemburgo, en la que se evaluó la posibilidad de aumentar la ayuda al país, en caso de que no pueda volver a financiarse normalmente en los mercados en 2012, como está programado, debido a los altos intereses que se siguen pagando por sus bonos un año después de su rescate.

Una misión de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional se encuentra en Atenas desde el pasado 3 de mayo para efectuar la evaluación trimestral del programa de asistencia financiera internacional al país y aprobar el desembolso del siguiente tramo de ayuda.

Altafaj explicó que la misión examinará el cumplimiento del programa de ajuste, pero también hará una proyección sobre la evolución de las cuentas públicas griegas en los próximos meses, lo que "dará una fotografía clara de la situación del país". Esta información permitirá tomar una decisión en las próximas semanas sobre si es necesario aumentar los préstamos a Grecia -probablemente en el Ecofin de junio, junto con la decisión de desembolsar el próximo tramo del rescate-, como avanzó ayer el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn.

"Si hay ajustes que son necesarios, se discuten con las autoridades griegas y se pueden aplicar. Por ejemplo, hace tres meses, el Gobierno griego decidió poner en marcha un programa de privatizaciones de 50.000 millones de euros hasta 2015 precisamente para aliviar la presión creciente sobre la deuda pública del país, que se sitúa ya más allá del 140 %", explicó el portavoz.

Las entidades financieras siguieron reduciendo el crédito a las familias en marzo. El saldo de crédito vivo de los hogares se situó en 888.032 millones, un 0,5% menos que en el mismo mes de 2010, según los datos del Banco de España.

El crédito a familias y empresas se contrajo nuevamente en marzo y con más intensidad que en febrero en el caso de los hogares, ya que descendió un 0,5% en el tercer mes del año frente al 0,3% de febrero.

Los préstamos destinados a la compra de viviendas descendieron un 0,1%, hasta 674.320 millones de euros. Se trata del segundo retroceso consecutivo tras el de febrero y aleja la tendencia hacia la recuperación que se había registrado a lo largo del año 2010.

Por lo que respecta a las empresas, el saldo vivo descendió hasta los 1.303.999 billones de euros, con un retroceso de 1.189 millones de euros.

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha concedido un préstamo de 500 millones de euros al Instituto de Crédito Oficial (ICO) destinado a financiar proyectos de inversión promovidos por pymes.

En concreto, el crédito, firmado este viernes por la vicepresidenta del BEI, Magdalena Álvarez, y el presidente del ICO, José María Ayala, se dedicará a la financiación de proyectos de pequeña y mediana envergadura promovidos por pymes en el sector industrial y de servicios, así como a investigación, desarrollo e innovación.

Además, la línea del BEI contribuirá al aumento de la productividad de las empresas beneficiarias, mejorará el uso racional de la energía y la diversificación de los recursos energéticos, y promoverá las iniciativas privadas en los sectores de educación y salud. Los proyectos susceptibles de financiación estarán localizados en España o en cualquier otro territorio de la Unión Europea.

Este es el tercer contrato de financiación a favor de pymes que el BEI firma con el ICO. La firma de este préstamo se enmarca dentro de las habituales líneas de colaboración que el organismo mantiene con el ICO desde 1986. En junio de 2010 se firmó la última operación de préstamo con el ICO a favor de las pymes que ha beneficiado a un total de 9.143 proyectos de inversión hasta la fecha, concentrados principalmente en el sector comercial (3.519 proyectos), industria manufacturera (1.217 proyectos) y transporte (1.329 proyectos).

Este préstamo se inscribe en la política del BEI de apoyo a las pequeñas y medianas empresas que busca facilitar, en la actual coyuntura económica, el acceso de las pymes a una financiación de liquidez o de inversiones en condiciones favorables en términos de plazos más largos, flexibilidad en los desembolsos o tipos de interés más bajos.