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El Ministro de Fomento, José Blanco, ha criticado la postura tomada por el presidente del PP, Mariano Rajoy, “en contra del impuesto de la banca”. “A mi juicio es grave que el líder de la oposición se oponga a lo que han decidido todos los líderes de la Unión Europea, que es precisamente poner una tasa a las entidades financieras, en gran parte el origen de la crisis”, indicó.

En el acto del inicio de las obras del tramo de Alta Velocidad Ourense-Lubián, el ministro acusó a Rajoy de ponerse “al lado de los banqueros”, al asegurar que son los que “han tenido responsabilidad directa en esta crisis”.

Preguntado por los medios acerca de la postura del número uno de los populares en materia económica, Blanco criticó a Rajoy por "creer que desde la ambigüedad puede llegarse a presidente del Gobierno". A su juicio, el presidente del PP "oculta cosas, porque no quiere decirlas o porque no tiene idea de como afrontar los problemas que tiene España".

Por ello, el número dos de los socialistas advirtió de que, "si oculta cosas que quiere hacer, le está negando el derecho a los ciudadanos" de conocer sus propuestas. Mientras que, puntualizó, "si no tiene ideas, poco dice de un líder de la oposición".

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, defenderá este fin de semana en la reunión del G-20, que se celebrará en Toronto (Canadá), las medidas impulsadas para controlar el gasto público, la reforma laboral aprobada por decreto y el modelo español de supervisión financiera.

En la reunión entre las grandes economías mundiales está previsto que se debata sobre la conveniencia o no de retirar los estímulos fiscales para limitar su impacto en la aún incipiente recuperación, y que parece estar enfrentando las estrategias para salir de la crisis de la UE y EE.UU.

Desde Bruselas se aboga por la necesidad de acelerar la contención del gasto para reconducir el déficit al objetivo del 3% que fija el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, lo que ha significado la paulatina retirada de los planes que ayudaron a mantener la actividad en los momentos más duros de la crisis.

España, Alemania, Francia, Grecia, Portugal y en última instancia Reino Unido han dirigido el recorte hacia la política social, con el fin de buscar el equilibrio en las cuentas públicas y a la vez frenar la presión de los mercados sobre la deuda soberana de varios miembros comunitarios. Sin embargo, EE.UU. insiste en mantener los estímulos, al considerar que su retirada prematura podría precipitar una recaída y poner en riesgo la vuelta al crecimiento.

Otro de los aspectos que más expectación está generando en torno a la próxima reunión del G-20 es la propuesta europea de fijar una tasa bancaria para sufragar futuras crisis y así evitar recurrir al erario público. Precisamente, Zapatero desveló el pasado martes en el Senado que esta tasa a la banca para sufragar el coste de eventuales crisis tendrá un "cierto parecido" al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) del sistema español, que fija una devolución de hasta 100.000 euros en caso de quiebra de la entidad bancaria.

La presidenta de Banesto, Ana Patricia Botín, ha asegurado que la aplicación de una tasa a la banca perjudicará a las entidades bien gestionadas y no resolverá los problemas del sistema financiero, al tiempo que destacó la necesidad de impulsar reformas macroeconómicas porque la salida de la crisis "no depende sólo de los bancos".

Botín defendió que la crisis no es sólo financiera y que "los bancos no tienen la culpa de todo", por lo que, a su juicio, cualquier medida que se adopte para la banca no será suficiente si no se adoptan medidas macroeconómicas y se ajustan los desequilibrios internacionales.

En este sentido, Botín instó a extraer "lecciones" y a evitar los riesgos y los errores que se han cometido hasta ahora, y pidió una mayor coordinación entre los supervisores internacionales y que estas instituciones "entiendan" no sólo a los bancos de inversión, sino también a las entidades comerciales.

Entre los cambios que son necesarios, Botín destacó un nuevo diseño institucional del euro, ajustes de ciertas monedas y una mejor medición de los riesgos y de gestión de la liquidez, ya que, según recordó, los bancos que han tenido problemas son los mal gestionados y no los bancos más grandes.

La presidenta de Banesto también señaló que la banca quiere seguir concediendo créditos, pero abogó por adoptar una política prudente, ya que hay clientes que piden refinanciarse pero "no lo merecen" y aún debe desapalancarse.

El presidente andaluz, José Antonio Griñán, cree en la "plena constitucionalidad" del nuevo impuesto sobre depósitos bancarios en las 70 entidades de crédito con sede en Andalucía, que establece un gravamen de entre un 0,3 y un 0,5 por ciento con el que la Junta prevé recaudar 130 millones anuales.

Griñán ha asegurado que desconoce si el Gobierno de la Nación tiene intención de recurrir este impuesto ante el Tribunal Constitucional (TC), como ya ocurrió en el caso de Extremadura, que la aprobó en 2001 bajo la presidencia de Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, dio por hecho el pasado día 10 de junio que el Gobierno central recurriría ante el TC la creación del impuesto sobre depósitos bancarios en Andalucía por coherencia con la norma que mantiene recurrida en el caso de Extremadura, aunque no prevé que ello suponga problemas para su aplicación porque ya está en vigor en Andalucía.

Al día siguiente, el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, marcó distancias con esta medida al advertir que hay que evitar la "segmentación" y "distorsión" del mercado financiero imponiendo tasas autonómicas a los depósitos en las entidades de crédito, si bien respaldó la competencia de las comunidades para "hacer lo que quieran" en materia fiscal siempre que cumplan con los objetivos de reducción del déficit público.

Por su parte, el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, aseguró que el Gobierno "está plenamente de acuerdo" con el nuevo impuesto sobre los depósitos de las 70 entidades de crédito con sede en Andalucía y comparte el fondo de esta medida "al margen de la cuestión competencial" que, a su juicio, "es un tema menor".

El secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido, ha expresado el apoyo de España a la creación de nuevas figuras impositivas a nivel internacional sobre las entidades financieras con el objetivo de aliviar el déficit de cada país y prevenir futuras crisis económicas.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ya lo adelantó en su intervención en el coloquio mantenido en el Congreso ante el pleno de la Cosac (órgano parlamentario especializado en asuntos europeos) al afirmar que "se avanza en el análisis de la implicación del sistema financiero en los costes de la crisis". En este mismo foro es donde López Garrido ha respaldado esta solución, puesto que es necesario "ir planteándose nuevas figuras impositivas a nivel internacional" para combatir el endeudamiento de las finanzas públicas de los socios europeos y, al mismo tiempo, prevenir futuras crisis.

El secretario de Estado no ha dado más detalles sobre este nuevo gravamen, que podría recaer sobre las transacciones financieras, en su intervención ante los parlamentarios de los 27 países miembros reunidos en Madrid. Ha insistido en la necesidad de reforzar la capacidad de supervisión de las instituciones de la UE en materia económica y de coordinar las políticas de los estados, con el fin de generar confianza y estar mejor preparados ante futuros escenarios de inestabilidad.

López Garrido ha reconocido que la actual crisis cogió a Europa "desprevenida y sin instrumentos de acción". "La iniciativa la han llevado los mercados y no tanto nosotros", ha asegurado el secretario de Estado, quien ha hecho hincapié en que la solución no puede ser el que cada país actúe por libre.

Mensaje de optimismo desde Servired. Su presidente, José Manuel Gabeiras, sostiene en el informe anual de la firma de medios de pago que el uso de las tarjetas vuelve a crecer. El ejecutivo estima que los importes transferidos por los plásticos a través de compras en comercios crecerán en el futuro más inmediato entre el 5% y el 9%. Estas tasas son menores a las alzas de dos dígitos cosechadas durante buena parte de la década, pero suponen dejar atrás el batacazo del consumo del pasado ejercicio.

En el escrito, Gabeiras afirmó que la fusión de los procesadores de BBVA y Caja Madrid (Sermepa) con el de Santander y Popular (Redy) "va viento en popa". El directivo agrega que "veremos con alta probabilidad a la nueva compañía procesando 3.500 millones de transacciones en septiembre próximo". En Europa se está produciendo un proceso de consolidación de procesadores de pagos a raíz de la inminente llegada del área única de pagos del euro (SEPA) que fija unos estándares comunes para los pagos electrónicos. Además, las exigencias de la Comisión Europea de reducir las tasas de intercambio (el dinero que se cobran las entidades entre sí cuando la tarjeta de una pasa por un lector de otra) impone al sector financiero reducir su costes e incrementar su eficiencia.

Gabeiras apunta, en este sentido, que el sector afronta "una regulación agobiante e injusta" y vaticina que "frente a márgenes razonables en el pasado nos encontraremos mercados con márgenes negativos del lado de la adquisición y ligeramente positivos del lado de la emisión". Es decir, cambia el equilibrio de los sistemas de pago.

La Comisión Europea propondrá el próximo miércoles 26 de mayo crear una red armonizada de fondos nacionales de todos los Estados miembros. Estos fondos se utilizarán para sufragar la liquidación ordenada de bancos quebrados para evitar que sean los contribuyentes los que asuman los costes.

La creación de esta tasa bancaria ya fue reclamada el pasado mes de marzo por el director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, para facilitar la gestión de quiebras y evitar la inestabilidad en el sistema financiero. Sin embargo, el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet, pidió cautela a la hora de implantar este nuevo mecanismo para no poner en riesgo la recuperación.

El Ejecutivo comunitario defenderá que los Estados miembros adopten un enfoque común a la hora de crear estos fondos de resolución nacionales para evitar distorsiones de competencia y mejorar la capacidad de gestión de crisis transfronterizas. La tasa bancaria será examinada por los ministros de Economía de la UE en su reunión de junio y también por los líderes del G-20 en la cumbre que se celebrará en junio en Toronto.

"El objetivo es garantizar que las instituciones financieras sean las primeras en contribuir a los costes de futuras crisis", dijo el comisario de Mercado Interior, Michel Barnier, en un discurso reciente. "La prevención resulta menos cara que la reparación", resaltó. Barnier aclaró además que "en ningún caso se trata de crear un seguro para los bancos".

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) prevé que la elevada tasa de ahorro de los hogares, que registra el nivel más alto en nueve años al situarse en el 13% de la renta, revierta en los productos de inversión más conservadores de forma "especialmente positiva".

Para los próximos trimestres, las perspectivas que existen para la industria de fondos de inversión son "favorables en su conjunto" a pesar de la incertidumbre que siembran la variabilidad de los mercados financieros y el incremento de los reembolsos de los partícipes, considera.

El organismo que preside Julio Segura indica en su último boletín trimestral que la recuperación de la industria de los fondos de inversión está profundamente condicionada a la evolución de la confianza de los agentes en el entorno económico y, de manera singular, en el sistema financiero. En este escenario, la CNMV recalca que "a favor de la industria juega el sustancial incremento de la tasa de ahorro de los hogares, que podría resultar especialmente positiva para la demanda de los productos más conservadores".

De hecho, el organismo supervisor de los mercados considera que "lo peor desde el inicio de la crisis" ha pasado ya para la industria de los fondos de inversión, y que el sector podría volver a crecer en los próximos trimestres. No obstante, reconoce que los datos preliminares de los primeros meses de 2010 y el repunte en la volatilidad mostrada por los mercados financieros más recientemente han introducido un cierto grado de incertidumbre sobre estas perspectivas.

El precio de la vivienda libre bajó el 1,7 por ciento en el primer trimestre del año, respecto al mismo periodo de 2009, en tanto que sólo en el mes de marzo el descenso interanual fue del 5,3 por ciento, según los datos ofrecidos por la sociedad de tasación Tinsa. Con el abaratamiento de la vivienda en marzo, similar a la de los últimos meses, el índice acumula un descenso del 16,2 por ciento desde diciembre de 2007, momento en que alcanzó su máximo valor.

El recorte de precios en el mes de marzo fue más acusado en la costa mediterránea, con una bajada del 7,8 por ciento, y en las Islas Baleares y Canarias, con un ajuste del 5,7 por ciento, lo que supone una moderación con respecto al mes anterior. Esto se debe a que estas zonas están más influidas por el mal comportamiento de la segunda residencia, debido a la atonía de la demanda de países centroeuropeos y a la debilidad interna por una salida de la crisis menos optimista de lo previsto.

También con un descenso por encima de la media general, el precio de la vivienda en las áreas metropolitanas alcanzó un retroceso del 5,6 por ciento y en las capitales y grandes ciudades, del 5,4 por ciento. Ya por debajo de la media, en el mes de marzo el precio de la vivienda en el resto de municipios disminuyó el 4 por ciento.

Respecto a los descensos acumulados desde diciembre del 2007, destacó el valor de las viviendas en la costa mediterránea, que ha acelerado su caída hasta el 22,5 por ciento, seguido del registrado en las áreas metropolitanas, con un 17,4 por ciento menos.

Le siguieron las capitales y grandes ciudades, con un abaratamiento del 17,1 por ciento, seguidas de las islas y del resto de municipios, el 14,4 y el 13,7 por ciento más baratas, respectivamente.

El líder de la oposición conservadora británica, David Cameron, es partidario de aplicar un nuevo impuesto a la banca si gana las próximas elecciones, previstas para el 6 de mayo. Según Cameron, se necesita un impuesto como el anunciado por el presidente estadounidense Barack Obama para garantizarles a los contribuyentes que recuperarán todo el dinero público invertido en los rescates bancarios.

“Hemos acometido el mayor rescate bancario del mundo, y no podemos seguir como si nada”, dijo Cameron, quien agregó que “en EEUU, el presidente que se devolverá a los contribuyentes hasta el último céntimo invertido” en salvar a los bancos, aunque es consciente de que su plan “no será muy popular en toda la City, pero es algo necesario”.

De hecho, el Senado de Estados Unidos acaba de admitir a trámite la reforma del sector financiero, una medida que el presidente Barak Obama siempre ha defendido como necesaria para "asegurar que el contribuyente estadounidense nunca vuelva a pagar la irresponsabilidad" de las principales entidades financieras del país. La reforma que será sometida a votación por la Cámara el próximo mes de abril.

El presidente norteamericano se comprometió a luchar por endurecer la normativa e instó a los legisladores a que se abstengan de intentar echar por tierra la reforma.