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La llegada de Joaquín Almunia a la cartera de Competencia de la Unión Europea ha abierto una vía de grandes expectativas para el sector financiero español, inmerso en procesos de concentración necesitados de un marco legal estable. Almunia ha asegurado en sus primeras declaraciones tras conocerse su nuevo destino que la reordenación del sector bancario será una de sus principales objetivos. "El sector financiero es una prioridad en la medida en que no hay economía que funcione sin un sector financiero que financie el resto de la economía, dé créditos y no tenga problemas de solvencia o de liquidez", ha dicho Almunia, poco después de que el presidente de la Comisión Europea (CE), José Manuel Durão Barroso, hiciera sus propuestas para el Ejecutivo comunitario.

En su nueva labor, el comisario tendrá que analizar la compatibilidad con la legislación europea de las ayudas y garantías estatales concedidas al sector para evitar su quiebra tras el desplome de otoño del 2008. Mientras en el norte de Europa se destinaron recursos millonarios para ayudar a la banca, las autoridades de la competencia europeas han puesto pegas a los planes, mucho más modestos, puestos en marcha en España. Actualmente están bloqueados a la espera de un marco legal más claro.

El socialista Joaquín Almunia ha ascendido en el nuevo equipo de Gobierno comunitario que preside, por segunda vez, el portugués José Manuel Durao Barroso. Almunia será a partir de ahora comisario de Competencia, una de las responsabilidades económicas más importantes del Ejecutivo de la UE, y en la que trabajan un millar de personas. El representante español ha ejercido desde abril del 2004 como responsable de Asuntos Económicos y Monetarios en el Ejecutivo saliente. El exministro Almunia también ocupará una de las seis vicepresidencias del nuevo Gobierno comunitario, otras serán para la holandesa Neelie Kroes (Agenda Digital), y la británica Catherine Ashton (Exteriores).

Bancaja y la CAM tendrán que decidir sobre su posible fusión antes del próximo mes de abril, según quieren en la Generalitat. El objetivo es evitar que las tensiones en las dos cajas se prolonguen más de lo imprescindible y aprovechar todos los incentivos y ayudas financieras dispuestas por el Gobierno y la UE para alentar las fusiones y sanear el sistema financiero. El acuerdo entre Bancaja y la CAM no tendría por qué ser el de una fusión al uso tradicional, sino que podría pasar por la creación de una entidad de nuevo cuño.

Ambas cajas ya han empezado a estudiar los distintos escenarios para abordar una fusión. De hecho, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se reunió el pasado 6 de noviembre con los presidentes de las tres cajas valencianas (Bancaja, CAM y Caixa Ontinyent) y les comunicó que ejercerá su poder político para evitar fusiones con entidades de ahorro de fuera de la Comunidad Valenciana, pensando seguramente en una eventual unión con otra caja de mayor tamaño como en su momento se rumoreó con Caja Madrid. Aunque también dejó claro que la decisión sobre la fusión corresponde a los consejos de administración de las cajas. De hecho, la fusión entre la CAM y Caja Murcia está prácticamente descartada por el temor del Gobierno murciano a perder el control sobre la principal entidad de su comunidad.

Parece que es el mensaje que está de moda. Después de que desde la Asociación Española de Banca (AEB) su presidente pidiera a las autoridades que dejaran quebrar a las sociedades, ahora el presidente de Deutsche Bank en España, Antonio Rodríguez-Pina, cree que no todas las entidades financieras tienen que ser rescatadas por el Estado y ha indicado que “hay que castigar a los banqueros que han hecho mal su trabajo”, aunque preservando la salud del sistema financiero, “porque no tiene sentido atacar a todos”.

Rodríguez-Pina cree que existen indicadores que sugieren que algunas cajas han sido peor gestionadas que los bancos, aunque también ha destacado su particular estructura, a veces muy vinculada a los gobierno locales y autonómicos. Además, ha recordado que los bancos nacionales han afrontado la crisis desde una posición de fortaleza y solvencia, ya que ninguno ha necesitado ayudas y éstas sólo se han dado en Caja Castilla La Mancha. Por eso, ha descartado el riesgo de colapso en un sistema al que ha calificado de “fuerte y rentable”.

Sin embargo, ha puntualizado que las entidades financieras españolas compiten en condiciones de “fuerza asimétrica” respecto a los bancos que han sido ayudados por el Estado. A este respecto, el ejecutivo ha recordado que quienes no han recibido ayudas a nivel europeo querrían ver alguna legislación para que no exista competencia desleal y ha apuntado que Bruselas va a someter a estas entidades a una vigilancia “muy estrecha”, por lo que estos bancos tendrán que pagar algún precio. En este sentido, Rodríguez-Pina ha insistido en que es previsible que haya entidades que necesiten integrarse para mejorar su gestión, “pero a cambio se les va a exigir planes de negocio que demuestren un cambio”. Y este será el primer paso para la reestructuración y las fusiones y concentraciones en el sistema bancario, que el ejecutivo cree que se darán mayoritariamente entre pequeñas y medianas entidades.

Además, Rodríguez-Pina se ha mostrado abierto a estudiar operaciones de compra de otras entidades si es que se plantea, pero analizando muy atentamente los precios de venta, aunque ha revelado que actualmente Deutsche Bank no tiene previsto hacer movimientos en este sentido. “Si hubiera un entidad con problemas y pensamos que podemos gestionarla bien pero no tenemos la seguridad de comprar”, ha puntualizado el directivo.

Société Genérale y Aegon son las últimas firmas en unirse al grupo de entidades que ya se ha puesto en marcha para devolver las ayudas públicas recibidas para hacer frente a la crisis. El banco francés ha concluido con éxito la ampliación de capital de 4.800 millones que lanzó a principios de mes. La entidad destinará 3.400 millones a reintegrar al estado galo los fondos percibidos. El resto se dedicará a reforzar el capital, financiar la compra del 20% de Credit du Nord en manos de Dexia, y aprovechar "potenciales oportunidades de crecimiento externo".

En la misma línea, Aegon ha concretado que a finales de noviembre devolverá al gobierno holandés 1.000 millones, un tercio de lo recibido.

Desde finales de 2008, los bancos de Estados Unidos y de los principales países europeos han sido rescatados con casi 390.000 millones de euros por los estados. De éstos, las entidades ya han devuelto (o mostrado su predisposición a hacerlo) 63.500 millones, el 16,3% del total, según datos de Bloomberg.

En EEUU, JP Morgan ha reintegrado los casi 17.000 millones percibidos, al igual que Morgan Stanley y Goldman Sachs, que han sido rescatados con unos 7.000 millones cada uno. Los fondos que recibieron Crédit Agricole, ING o Lloyds también han sido restituidos en su totalidad o parcialmente. La firma británica ha señalado igualmente que negocia con el gobierno alternativas al plan de garantías de activos impulsado por el Tesoro, incluyendo ampliar capital por 13.000 millones de libras.

Aunque el rescate de cada entidad presenta peculiaridades, las financieras, al unísono, están optando por devolver los préstamos con la mayor celeridad para recuperar su independencia. Y, aunque la mayor parte de los agentes del sector defienden la gestión privada, frente a la pública, los expertos coinciden en que la intervención estatal ha sido un mal menor, pero necesario, para evitar el resquebrajamiento de la economía.

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), instrumento para ayudar al sector financiero a afrontar la crisis, se va a endeudar antes incluso de haber comenzado a prestar a la banca. De hecho, está previsto que emita obligaciones a cinco años por hasta 3.000 millones de euros antes de que finalice el año. Así lo ha asegurado hoy en el Congreso de los Diputados el secretario de Estado de Economía, José Manuel Fernández Campa. En su primera comparecencia ante la Cámara Baja, Campa subrayó que este está capacitado para captar financiación en los mercados y pedir créditos con el aval del Estado.

La dotación inicial del fondo es de 9.000 millones de euros, de los que 6.750 millones se han dotado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y los 2.250 millones restantes son aportados por los Fondos de Garantía de Depósitos (FGD).

Actualmente se han desembolsado 3.000 millones de euros de esta dotación inicial, invertidos, en parte, en deuda pública. La dotación patrimonial del FROB se está desembolsando progresivamente, dijo Campa, tras subrayar que el fondo tiene previsto acudir a otras fuentes de financiación. Sin embargo, en realidad, el Fondo de Reestructuración aún no ha sido utilizado por ninguna entidad financiera pero Campa ha resaltado la importancia de que en España se haya fijado con claridad un "marco jurídico en el que se abordarán las posibles operaciones de reestructuración del sector".