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La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) parece no tener todas las cosas claras respecto a alguna decisiones técnicas que se han empezado a aplicar. El presidente del organismo, Juan Ramón Quintás, ha dicho que la regulación de los Sistemas Institucionales de Protección (SIP), fórmula para la fusión de cajas, no se ha hecho “a fondo” y que por eso su aplicación presenta determinadas “paradojas”.

Ha recordado que las “fusiones virtuales” fueron “inventadas” por la propia CECA en 2002, pero entonces el Banco de España y el Gobierno central la consideraron una propuesta demasiado audaz y ésta se quedó en algo “débil y sin contenido, casi muerto por ineficaz”.

Ahora, en un nuevo entorno, se han implantado en España las SIP, figura que existe en algunas instituciones internacionales, pero su regulación “no se ha hecho a fondo” por lo que las entidades de ahorro “se ven forzadas a tener en el centro a un banco” si quieren llevar a cabo una SIP, sistema que, ha dicho, tiene “enormes ventajas de cooperación”.

Quintás ha pedido que si las entidades que se alían mediante este sistema son cajas de ahorro se mantenga su naturaleza jurídica y no sea necesario contar con un banco.

La fusión de Caixa Sabadell, Terrassa, Girona y Manlleu prevé avanzar "en días" una vez aprobado el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) por parte de la Comisión Europea, el Banco de España podrá dar luz verde en breve al plan de integración de estas cuatro cajas catalanas y enviarlo a las autoridades comunitarias.

Las entidades financieras consideran que su fusión será autorizada por Bruselas "sin problemas", ya que, a su parecer, cumple con todos los requisitos establecidos, como es el de no superar el 2% de los activos ponderados por riesgo tomando como referencia las cuentas de 2009.

Una vez se cierre este proceso, las cuatro cajas convocarán a sus respectivos consejos para poner fecha -con 30 días de antelación- a las asambleas extraordinarias que deberán ratificar el sí a la integración. Estas previsiones apuntan al mes de marzo, por lo que las cajas no temen a la fecha de caducidad que ha puesto Europa al FROB, hasta el 30 de junio.

Tampoco ven un "problema" en este limite de tiempo en Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa, aunque en su caso se mostraron más prudentes sobre el calendario de fusión. La integración liderada por Caixa Catalunya también prevé completarse a tiempo para acudir al FROB, pero su intención inicial de pedir 1.315 millones de euros supone un contratiempo, ya que supone alrededor del 2,5% de los activos ponderados por riesgo.

Ahora deben analizar los requisitos europeos para fusiones que requieran un préstamo de más del 2% de los activos y decidir si optan por mantener la cifra o reducirla, dependiendo de cuál sea la vía más ventajosa para el proceso.

Cajastur y Caja Castilla-La Mancha (CCM) prevén culminar su fusión en el primer semestre de 2010, una vez recibidas las autorizaciones pertinentes y tras acordar el protocolo básico de integración de la caja castellanomanchega en la asturiana.

Y es que Cajastur, el Fondo de Garantía de Depósitos de las Cajas de Ahorro (FGD), CCM, Cajastur y Banco Liberta han acordado el protocolo que regula el marco de relaciones y actuaciones a desarrollar para culminar la integración del negocio bancario de CCM en Banco Liberta, filial de Grupo Cajastur, que tendrá su sede en Castilla-La Mancha.

La oferta para la integración parcial de CCM en el Grupo Cajastur fue aprobada por la Comisión Ejecutiva del Banco de España en su reunión de 3 de noviembre de 2009. Tras la aprobación por el Banco de España, en la misma fecha, el plan de integración propuesto por Cajastur fue examinado asimismo por la Comisión Gestora del FGD, que decidió otorgar su respaldo financiero al proyecto, con unos 2.475 millones de euros.

El protocolo básico de integración, acordado entre las partes durante las últimas semanas, sobre la base de la oferta inicial de Cajastur, establece, por una parte, los términos y condiciones para el desarrollo de la operación de segregación mercantil de activos y pasivos que integran el negocio bancario de CCM y su traspaso a Banco Liberta. Por otra parte, el protocolo establece las normas básicas de funcionamiento y compromisos para la ejecución del Esquema de Protección de Activos (EPA), otorgado por el FGD como respaldo financiero al proyecto de integración, que tiene la finalidad de dar cobertura a las pérdidas por deterioros de una cartera identificada como protegida.

Contábamos que la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) es una de las más firmes candidatas a formar pareja con Caja Madrid, de hí la importancia de las recientes declaraciones de Modesto Crespo, el presidente de la CAM que ha asegurado que la caja "sólo aceptara fusiones en las que la CAM lidere y pueda imponer su filosofía". Por ello, "si viene Rato, le saludaremos muy atentamente". Sobre una posible integración con la caja madrileña, el director general de la CAM, Roberto López-Abad, ha asegurado que ha habido "demasiadas especulaciones" y que la posición de su entidad es hacer los deberes para garantizar su viabilidad.

En cuanto a si la Caja Mediterráneo ha recibido presiones para participar en alguna integración desde el Banco de España o la Comunidad Valenciana, ambos directivos han negado rotundamente esta posibilidad. "No nos sentimos presionados por nadie. Hemos hablado con mucha gente y la recomendación siempre ha sido que tenemos que tomar las decisiones en función de nuestros intereses", ha dicho López-Abad. La entidad valenciana ha mantenido contactos con otras entidades, como Bancaja, para valorar la posibilidad de llevar a cabo una fusión.

Estas declaraciones coinciden con la presentación de los resultados de la Caja Mediterráneo, que registró en 2009 un descenso de los beneficios del 47,9%, hasta los 203 millones de euros, tras destinar 1.136 millones de euros a provisiones.

La CAM elevó sus provisiones durante el pasado ejercicio para hacer frente al continuo incremento del ratio de mora, aunque ha ralentizado su ritmo de crecimiento. En concreto, la mora se situó en el 4,53% en 2009, por debajo de la media del sector de cajas de ahorros (4,91%), pero por encima de la de hace un año (3,77%).

H costado pero por fin se ha llevado a cabo el relevo. El nuevo Consejo de Administración de Caja Madrid ha decidido que el ex vicepresidente del Gobierno y ex ministro de Economía, Rodrigo Rato, sustituya a Miguel Blesa en la presidencia de la segunda caja de ahorros de España. A partir de ahora, la entidad entrará de lleno en la reorganización que vive el sistema y previsiblemente se fusione con otra caja.

El también ex director gerente del Fondo Monetario Internacional será el presidente de Caja Madrid, en principio, durante los próximos seis años, y sustituye a Miguel Blesa, quien accedió a este puesto en septiembre de 1996.

Con la llegada de Rato a la presidencia lograda en pocos meses ha terminado el proceso electoral más polémico en los más de 300 años de historia de Caja Madrid, que originó discrepancias en el seno del PP y llegó a ser paralizado en los juzgados.

Rato ha insistido en que Caja Madrid, que cuenta con unos activos superiores a los 191.000 millones de euros, 2.179 oficinas, 15.259 empleados y más de siete millones de clientes, "está preparada para hacer frente a los retos derivados del complejo entorno económico, así como para aprovechar las oportunidades que se derivan del mismo". Aunque crea que la caja "está llamada a reforzar su papel de liderazgo en el sistema financiero" y considere que como cuarto grupo financiero español tiene "todo lo necesario para ser la mejor entidad del país", debe enfrentarse a dificultades como los procesos de reestructuración, la subida de la morosidad, las consecuencias de los bajos tipos de interés y el final de las emisiones garantizadas.

Al parecer, Rato ya ha mantenido reuniones en Galicia y Levante para buscar la pareja más adecuada para una hipotética fusión que cree una entidad de aún mayor tamaño. En ese escenario aparecen los nombres de Caixa Galicia -para lo que tendría que desactivar la maquinaria puesta en marcha para unirla a Caixanova, tal y como quiere la Xunta pero no las implicadas- y la Caja de Ahorros del Mediterráneo.

El Gobierno ha solicitado un dictamen "urgente" al Consejo de Estado para ver si existen "indicios de inconstitucionalidad" que aconsejen recurrir la ley de cajas de ahorros gallega.

En palabras de la vicepresidenta económica, Elena Salgado, el Gobierno lo ha pedido porque ve indicios de que la norma aprobada no cumple lo establecido en la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros, la norma estatal sobre la que deben regirse las regionales.

Según Salgado, la ley gallega va "incluso más allá" en algunas cuestiones como las que provocaron la presentación, por parte del Gobierno en la primavera de 2009, de un recurso de inconstitucionalidad a la ley de cajas de la Comunidad de Madrid, que dio lugar a la modificación de la normativa.

La modificación de la ley gallega de cajas, aprobada en el Parlamento autonómico el pasado 29 de diciembre, abre la vía para la fusión de las cajas de la comunidad autónoma, Caixa Galicia y Caixanova, que cuenta con el apoyo del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.

La ley autonómica de cajas entró el vigor la primera semana de enero como marco para afrontar la reorganización de su sector financiero que, previsiblemente, se acelere durante el primer semestre del ejercicio, periodo en que está vigente la autorización de Bruselas al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

El Partido Popular sospecha que las cajas de ahorro pueden estar ocultando en sus balances pérdidas derivadas de sus negocios inmobiliarios y por este motivo están emprendieron procesos de fusión para acceder a los recursos públicos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Así lo asegura la agencia de noticias Europa Press, que menciona fuentes internas del partido que sospechan que muchas cajas están optando por fusiones para enmascarar su "situación de debilidad" y evitar de esta forma tener que presentar un plan de viabilidad al Banco de España, tal y como estipula el decreto ley que regula el FROB.

Por contra, al emprender un proceso voluntario de fusión, cuentan con la ventaja del apoyo financiero por parte del FROB, una posibilidad que, sin embargo, la norma no permite si las entidades presentan problemas de solvencia.

Esta es la razón por la que el PP, tal y como ha recordado su presidente, Mariano Rajoy, quiere que el FROB condicione su apoyo a las fusiones a que las entidades "saquen al mercado" el stock de viviendas, ya que así se verían obligadas a sanear la situación de sus balances y revelar su verdadero estado. Además, en este caso las cajas deberían vender las viviendas que son de su propiedad a un precio real, porque es la "única forma" de sanear el sistema.

Asimismo, el PP recuerda que el decreto estipula claramente que es la vicepresidenta económica, Elena Salgado, la que tiene la última palabra a la hora de autorizar o no el apoyo financiero del FROB a las fusiones, por lo que es "responsable" si se aplican a entidades no viables. "No se puede escudar tras el Banco de España", inciden los populares.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha anunciado que la Comisión Europea ha limitado las ayudas públicas que podrán recibir las cajas de ahorros del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) al 2% de los activos ponderados por riesgo. No obstante, aclaró que puede haber excepciones para fusiones que requieran más capital, pero deberán notificarse caso por caso a Bruselas para lograr autorización.

El Gobierno comunicó formalmente el lunes a la Comisión Europea el marco general bajo el que actuará el FROB, siete meses después de ser adoptado este mecanismo. Salgado considera que el límite impuesto con Bruselas es "suficiente" para permitir la reestructuración de las cajas españolas. El retraso en su aprobación por las autoridades europeas de la competencia ha afectado a algunos procesos de fusión de cajas de ahorro, como la integración de Caixa Manresa con las cajas de Catalunya y Tarragona. Las tres cajas catalanas tienen previsto que el FROB suscriba participaciones preferentes de la nueva entidad por 1.315 millones de euros, cifra que, junto con sus intereses, tendría que ser devuelta por la nueva entidad en un plazo de cinco años.

El Gobierno y la Comisión todavía no han acordado el interés que deberán pagar las entidades por el capital recibido, según explicó Salgado, quien espera lograr su aprobación antes de que la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, abandone su cargo a finales de enero, para pasar a ser ocupado por el español Joaquín Almunia.

Habrá que esperar. Los consejos de administración de Caixa Manresa y Caixa Tarragona han desconvocado sus asambleas previstas para el próximo jueves 21 de enero y en las que debían aprobar su fusión con Caixa Catalunya, cuyo consejo también ha anulado su cita. Las tres entidades van a esperar a que la Comisión Europea (CE) dé el visto bueno al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Los consejos de administración de Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa aprobaron el 4 de diciembre su plan de integración y proyecto de fusión, en una sesión monográfica para votar una propuesta de estatutos de la nueva entidad conjunta y concretar aspectos jurídicos, administrativos y económicos. Así, los consejos dieron luz verde al que será el plan de negocio para los próximos años, y que incluirá el recorte de oficinas (395) y plantilla (1.300 personas) pactado con los sindicatos, con lo que la nueva entidad contará con 1.250 oficinas y 7.600 empleados.

También concretaron la cifra que prevén solicitar al FROB, que será de 1.315 millones --mediante participaciones preferentes-- y que deberán devolver en cinco años con intereses.

La unión de estas tres cajas dará lugar a la cuarta caja española por volumen de activos consolidados (81.606 millones), créditos a clientes (62.886 millones) y recursos gestionados (67.896 millones).

Cada vez queda más claro que Caja Navarra liderará Banca Cívica, es decir, la nueva entidad resultado de la fusión virtual y paulatina de la propia CAN, la balear Sa Nostra, la caja de Canarias y la de Burgos. De hecho, según los cálculos que han hecho -para su disgusto los baleares críticos con esta operación- el peso de Caja Navarra en el conjunto de las cuatro cajas se acercará a un tercio del total.

Como se recordará Caja Navara, CajaCanarias, Sa Nostra (Baleares) y Caja Burgos ultiman una "fusión virtual" que mantiene su identidad, órganos de gobierno y nombre diferenciado en sus respectivas zonas de origen. La operación incluye crear una sociedad central que funcionará con la marca Banca Cívica, que agrupará diversos servicios comunes y gestionará las oficinas situadas en el resto de España.

La nueva sociedad, que puede ser una "caja de cajas" o un banco, se ubicará en Madrid y en su consejo de administración se sentarán igual número de representantes de cada caja aunque el voto se ejercerá en función del peso económico de cada entidad. La idea es que caja siga gestionando la red de oficinas en lo que se denomina su "territorio natural". En el caso de CAN, se trata de Navarra, País Vasco, Aragón y La Rioja; en el caso de Caja Burgos será Castilla-León y Cantabria, para Caja Canarias será el conjunto del archipiélego canario y para Sa Nostra, las Baleares. La zona gestionada en común, hoy por hoy, incluye sobre todo las oficinas de Madrid (la mayoría de Caja Navarra) y Cataluña. Sumarían unas 150 oficinas que funcionarían ya con la marca Banca Cívica.

Todo el proceso está pendiente de que las cuatro cajas presenten en la segunda quincena de enero su Plan de Integración detallado al Banco de España, que deberá darle el visto bueno definitivo.