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Caja Murcia, Caixa Penedés, Caja Granada y Sa Nostra han llegado a un acuerdo de asociación a partir del próximo 30 de junio, que dará lugar a la séptima caja de ahorros española, con unos activos superiores a los 73.000 millones de euros.

Las cuatro cajas aprobaron su integración en un Sistema Institucional de Protección (SIP), una de las modalidades de unión autorizadas entre entidades financieras. Se trata de acuerdos contractuales que les permiten -fundamentalmente- garantizar su liquidez y su solvencia para evitar quiebras, instaurando un sistema protector.

La nueva sociedad central, que adoptará la forma jurídica de un banco, estará participada en un 39% por Caja Murcia, un 27% por Caixa Penedès, un 19,5% por Caja Granada y un 14,5% por Sa Nostra.

El nuevo grupo financiero, que nace como "respuesta natural y refuerzo a los vínculos de cohesión y coherencia territorial", se convierte en el quinto del sistema de cajas español por fondos propios, con 3.855 millones de euros; el sexto por volumen de negocio, con algo más de 103.433 millones; el sexto, igualmente, por beneficios antes de impuestos (BAI), con 256 millones; el séptimo por volumen de activos, con 73.055 millones y el cuarto, por número de oficinas, con 1.703.

La nueva entidad estará liderada por el actual presidente de Caja Murcia, Carlos Egea, y contará en su consejo de administración con cinco representantes de ésta, cuatro de la catalana Caixa Penedès, tres de Caja Granada y dos de la balear Sa Nostra. Otras dos sillas serán para miembros independientes.

Caja Madrid acaba de aclarar que no utiliza el redondeo al alza en préstamos para la adquisición de vivienda desde que se reguló dicha cláusula para todas las entidades en noviembre de 2002 y que suprimió definitivamente esta práctica en marzo de 2007, tras la aprobación de la actual normativa de consumidores.

Caja Madrid hizo esta consideración después de que Tribunal Superior de Justicia Europeo haya determinado en una sentencia que el Tribunal Supremo español tiene potestad para decidir si las cláusulas contractuales que Caja Madrid aplica a ciertos contratos hipotecarios son abusivas.

Hay que recordar que la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) interpuso un recurso ante las autoridades jurisdiccionales españolas para pedir que Caja Madrid eliminara la cláusula de redondeo y se abstuviera de utilizarla en el futuro.

La caja que preside Rodrigo Rato explicó en un comunicado que está a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva el recurso de casación que presentó en octubre de 2002, contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que consideraba que Caja Madrid no aplicó correctamente dicha cláusula. No obstante, indica que, desde su regulación, Caja Madrid cumplió rigurosamente con la nueva normativa.

Añade que la resolución dictada por el Tribunal Europeo no se pronuncia sobre la licitud de la cláusula, sino que resuelve una cuestión “prejudicial” planteada de oficio por el Tribunal Supremo. Este, antes de resolver el recurso de casación de Caja Madrid, solicitó un pronunciamiento del Tribunal de Justicia Europeo con sede en Luxemburgo sobre determinados aspectos de la transposición al ámbito normativo español de las Directivas sobre Protección de los Consumidores.

Las cajas de ahorros perdieron 9.000 millones de euros en depósitos de sus clientes en abril respecto a marzo, según datos provisionales que maneja la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y a los que tuvo acceso Europa Press. En meses anteriores, las entidades financieras lograron cerrar el mes de marzo con 45.068 millones de euros en nuevos depósitos, lo que significa un 8,7% más que en febrero (3.643 millones más) y un 5% más que en el mismo mes de 2009 (2.126 millones más), según datos del Banco de España .

Las entidades financieras emprendieron una guerra de depósitos hace meses para captar liquidez en su red minorista a través de ofertas agresivas que alcanzan rentabilidades de hasta el 4% a Tasa Anual Equivalente (TAE), con diferentes condiciones de vinculación. El interés de las entidades de captar nuevos clientes y más liquidez se produce en un momento en el que elBanco Central Europeo (BCE) ha retirado facilidades de liquidez, al tiempo que se avecinan requerimientos de capital más elevados y el mercado exige a la banca menos apalancamiento.

La bajada del rating al reino de España por parte de las principales agencias de calificación crediticia y su progresiva traducción en recortes de la calificación de entidades encarece el acceso de la financiación de éstas en los mercados mayoristas.

La agencia de medición de riesgos Fitch ha rebajado hoy martes la calificación de la deuda de Bancaja, Caja Mediterráneo (CAM) y de Banco de Valencia, de acuerdo con sendos comunicados enviados.

En ellos Fitch señala que la rebaja de la nota de la deuda de estas entidades se ha debido, entre otros motivos, al impacto que tendrá en sus activos la debilidad de la economía española y su exposición al mercado inmobiliario.

La agencia de medición de riesgos, que bajó la calificación de otras emisiones de bonos de las entidades, situó la deuda a largo plazo de Bancaja en "BBB" desde "BBB+", aunque mantuvo estable su perspectiva.

Para la CAM, su deuda a largo plazo pasa de "A-" a "BBB+", mientras que su perspectiva es negativa, en tanto que para el Banco de Valencia, filial de Bancaja, la calificación de la deuda a largo plazo pasa de "BBB+" a "BBB", con la perspectiva estable.

Además, Standard & Poor's (S&P) ha puesto bajo perspectiva negativa el “rating” de Caja Madrid por la pronunciada presión que experimentará la rentabilidad operativa de la entidad tanto este año como en 2011, según ha informado la agencia de calificación crediticia.

S&P indica que la perspectiva negativa del rating 'A/A-1' de la caja que preside Rodrigo Rato refleja la posibilidad de un recorte de la calificación ante el debilitamiento del perfil financiero de Caja Madrid. La rentabilidad operativa de la caja madrileña se verá sometida a una fuerte presión tanto por la permanencia de un escenario de bajos tipos de interés como por las elevadas provisiones para afrontar insolvencias, dice la firma.