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El precio de la vivienda nueva cayó un 3,2 % en España a finales de 2010 respecto al año anterior y se situó en 2.476 euros por metro cuadrado construido en las capitales de provincia, según los últimos datos dados a conocer por la Sociedad de Tasación.

De acuerdo con un informe realizado por esta empresa privada, los precios descendieron en todas las capitales de provincia, a excepción de Lugo, Palencia y Pontevedra, donde se incrementaron un 2,1 %, 1 % y un 0,6 % respectivamente, mientras que en Orense, no se registraron variaciones. Además, en 22 capitales las caídas fueron superiores a la media, y en 14 de ellas los precios retrocedieron entre el 4 % y el 6 %, mientras que el mayor descenso se registró en Cáceres, donde bajaron un 7 %.

Le siguen Zaragoza (6 %), Salamanca (5,8 %), Vitoria (5,7 %), Jaén (5,4 %), León (5,3 %), Guadalajara (5,2 %), Granada (4,9 %), Huesca (4,9 %), Sevilla (4,8 %), Palma de Mallorca (4,6 %), Gerona (4,5 %), Santander (4,1 %), Málaga (4 %), y Valladolid (4 %). Los precios también cayeron en Badajoz (3,9 %), Ciudad Real (3,9 %),Santa Cruz de Tenerife (3,9 %), Albacete (3,7 %), Lérida (3,7 %), Barcelona (3,6 %), Avila (3,5 %), San Sebastián (3,2 %) y Logroño (3,1%).

La Cámara alta alemana ha aprobado imponer una tasa a la banca del país, para crear un fondo de reservas que sirva para hacer frente futuras crisis. La nueva tasa que deberán abonar todos los institutos financieros, con excepción de algunos bancos de fomento y el banco de pensiones agrícolas, posibilitará la creación de un fondo de hasta 70.000 millones de euros para hacer frente a eventuales riesgos de quiebra.

La ley incluye igualmente un nuevo proceso de insolvencia bancaria a fin de facilitar y agilizar el saneamiento de aquellas entidades que se vean sumergidas en dificultades financieras.

El Bundesrat, al igual que el Bundestag -la Cámara baja- hace un mes, aprobó limitar a 500.000 euros el salario anual de los empleados de aquellos institutos que necesiten de apoyo estatal para su saneamiento. En aquellos bancos en los que el Estado participe con un 75 por ciento o más de su capital no se abonará bonificación alguna a sus empleados.

Los analistas estiman que este proyecto de ley se convertirá en un instrumento de garantía para el mundo bancario, que hasta el momento confiaba en que los estados nunca les dejarían caer en la bancarrota por su propia seguridad.

La cuantía de la tasa dependerá del volumen de negocio de las entidades así como de las ramificaciones que el banco tenga a través de las redes financieras. Según el Gobierno, el fondo contará con unos ingresos anuales de 1.300 millones de euros. Sólo en 2006, el año antes de la crisis, las entidades bancarias sumaron unos beneficios de 1.300 millones de euros.

La mayor parte de las aportaciones vendrá de grandes entidades como Deutsche Bank o el Commerzbank.

Una vez más, España, y su delicada situación inmobiliaria, vuelve a copar las páginas de un gran diario internacional. En esta ocasión, ha sido 'The Wall Street Journal' el rotativo que ha analizado uno de los puntos más peliagudos de la vivienda: su precio.

Según refleja en un artículo el diario estadounidense, España se enfrenta al problema de determinar adecuadamente el valor real de las viviendas que salen al mercado tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, puesto que el 'puzzle' de datos al respecto, que infravaloran el descenso real de los precios, "confunde y espanta" a algunos inversores. "Los datos procedentes del Gobierno e incluso de algunas grandes tasadoras subestiman la caída real de los precios", comentan los expertos consultados por el periódico, que advierten de que esta circunstancia "confunde y espanta a inversores" que podrían ayudar a los bancos" a solucionar sus problemas con las viviendas en cartera.

'Al calcular, no se basan en datos reales de venta, sino en tasaciones de compañías privadas'. En este sentido, explican que las discrepancias se deben en parte a la forma de calcular dichos datos, ya que no se basan en datos reales de venta, sino en tasaciones de compañías privadas, que sustentan en gran parte sus estimaciones en los precios demandados por los vendedores.

De hecho, 'The Wall Street Journal' recuerda que, mientras el ministro de Fomento, José Blanco, hablaba de un descenso del 11% en el precio del metro cuadrado desde 2007, la tasadora Tinsa indicaba que la caída llega al 18%, mientras otras firmas calculan descensos de entre el 20% y el 30%.

Estas discrepancias son importantes ante el escrutinio al que los mercados someten a España y la incertidumbre sobre el posible contagio de su economía tras los rescates de Grecia y Portugal y el riesgo de que Portugal también sucumba a las presiones.

A José Luis Rodríguez Zapatero le parece peligroso hacer pagar a la banca sus errores de cálculo. Y es que mientras la canciller Angela Merkel mantiene que los costes de las crisis no debe caer exclusivamente sobre las espaldas de los ciudadanos, Zapatero se alinea con quienes piden extremar la precaución a la hora de involucrar al sector privado. El presidente del Gobierno secunda las reservas de Jean-Claude Trichet, presidente del BCE.

El objetivo último de los venideros reajustes institucionales pretende evitar la repetición de una crisis como la que ha puesto al euro contra las cuerdas. El reajuste supone crear una estructura equilibrada en el reparto del riesgo en la que la banca cargue con su parte de responsabilidad.

"Hay que escuchar atentamente al BCE y a todos los Gobiernos", comentó Zapatero en conferencia de prensa, antes de exponer su criterio: "Nosotros estamos más cerca de los que abogan por mucha precaución y mucha cautela a la hora de incorporar al sector privado. Este mensaje, sin más, tiene mucho riesgo".

La potencial implicación del sector privado en el mecanismo, el papel a jugar en él por el FMI y el establecimiento de estrictas condiciones para el préstamo de fondos a países necesitados son cuestiones pendientes sobre las que trabajarán mano a mano la Comisión y el presidente del Consejo Europeo dentro de un plan de acción que Zapatero ve como la culminación de su vieja idea, expresada en reuniones anteriores del Consejo Europeo y recogidas entonces con escepticismo, de que la Unión avanza hacia "el Gobierno económico común".

El Gobierno británico confía en recaudar 2.500 millones de libras (2.815 millones de euros) al año gracias a la nueva tasa a la banca que el Ejecutivo pretende introducir a partir del 1 de enero de 2011 para gravar los resultados de las entidades del sector financiero.

La nueva tasa, que según el Gobierno británico animará a los bancos a correr menos riesgos a la hora de financiarse, será aplicada tanto a los cuentas de resultados globales de los bancos del Reino Unido como a las operaciones de las entidades extranjeras en el país.

El secretario financiero del Tesoro del Reino Unido, Mark Hoban, recalcó que los bancos deben hacer una "contribución total y justa en lo que respecta a los riesgos potenciales que suponen para el sistema financiero del Reino Unido y de la economía en general". Asimismo, Hoban confió en que el nuevo impuesto incentive a los bancos a realizar un mayor uso de recursos financieros más estables, como la deuda a largo plazo y la equidad. "La tasa ha sido diseñada para animar a correr menor riesgos de financiación y complementa la amplia agenda para mejorar la regulación y la estabilidad financiera", añadió.

Por su parte, la Asociación de Banqueros Británicos (BBA por sus siglas en inglés) consideró que la tasa tendrá "inevitablemente un impacto significativo" en las alrededor de 200 entidades que operan en el país. Además, critica el "silencio" del Tesoro británico a la hora de aclarar si algunas entidades se van a ver obligadas a pagar este tipo de tasas en varios países del mundo.

Las familias que adquirieron una vivienda en el tercer trimestre de 2010 tuvieron que dedicar un 26,9% de sus ingresos brutos anuales, tres puntos menos que el año anterior, con lo que esta tasa de esfuerzo para la compra de un piso vuelve a niveles de 2004 (27%).

Éste es el esfuerzo teórico anual que deben realizar las familias españolas para comprar una casa una vez descontadas deducciones, según los últimos Indicadores del Mercado de la Vivienda del Banco de España.

Sin tener en cuenta los beneficios fiscales, que desaparecen a partir de enero para bases imponibles superiores a 24.000 euros, el porcentaje de ingresos que debe dedicarse asciende al 33,2 por ciento, lo que equivale a 6,6 años completos de salario.

Estos datos son inferiores respecto al techo alcanzado en el tercer trimestre de 2008, cuando las familias tenían que dedicar alrededor de la mitad de su salario a la compra de vivienda (42,6 con deducciones o 52,7% sin ellas).

Según el codirector del Máster de Empresas Inmobiliarias de la UNED, Julio Gil, un esfuerzo menor al 30% del salario bruto anual, como el actual después de deducciones, es "razonable".

El vicepresidente del grupo Santander, Matías Rodríguez Inciarte, ha asegurado que "no tendría sentido" imponer una tasa a los bancos españoles, porque el sistema financiero no ha recibido ayudas públicas. El directivo explicó durante su intervención en unas jornadas financieras en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo que los bancos españoles no han percibido "absolutamente ninguna" ayuda, mientras que en las cajas de ahorro éstas han sido "muy limitadas" y se han concedido "con la obligación de devolución". No obstante, señaló que al final del proceso, "habrá que ver" si las cantidades con las que se ha ayudado a las cajas "se devuelven o no" para "hacer el balance en ese momento".

El sistema financiero español, explicó, cuenta con un fondo de garantía que todas las entidades deben dotar con un porcentaje de sus depósitos, práctica que no se da en otros países. Abogó por tener elementos que "prueben" a los organismos supervisores que una entidad "no está en situación de crear un problema" al sistema financiero internacional o la economía del país, incluso "en las condiciones más adversas del entorno".

"Lo que no es aceptable desde el punto de vista de la ciudadanía y de la consideración política es que una crisis financiera pueda significar unos costes al contribuyente tan elevados como hemos visto en algunos países", dijo.

La Comisión Europea propondrá en septiembre un nuevo régimen fiscal para recaudar dinero de forma directa destinado al presupuesto del bloque, según ha informado el comisario europeo de Presupuesto, Janusz Lewandowski.

Tres cuartas partes del presupuesto de la Unión Europea (UE) proceden de pagos que hacen los países. El proyecto de la Comisión no es nuevo, sino que el gremio ejecutivo de los 27 lleva tiempo reclamando sus "propios recursos" sobre la base de una recaudación fiscal específica para aumentar su independencia. Hasta ahora los países miembro siempre se han opuesto.

Sin embargo, con el impacto de la crisis algunas naciones quieren "liberarse de la carga. Eso abre la puerta a pensar en recursos propios que no sean reclamados por los ministros de Finanzas", dijo Lewandowski. Así, el comisario propondrá una serie de opciones concretas de recaudación en septiembre, entre ellas un impuesto al transporte aéreo, una tasa a las transacciones financieras o la asignación de fondos de los permisos previstos para la subasta de emisiones de CO2.

Las tres opciones de recaudación ya han sido propuestas además para financiar otras prioridades: los permisos de emisiones para que la UE ayude a los países pobres a lucha contra el cambio climático; el impuesto a las aerolíneas para financiar la ayuda al desarrollo; y la tasa financiera para crear un fondo de rescate a los bancos de cara a una crisis futura. Es poco probable que los Estados miembros acepten ahora cambiar estos objetivos para que el dinero vaya a los bolsillos de la UE.

El Grupo Socialista ha registrado quince propuestas de resolución al Debate sobre el estado de la Nación, con las que pretende lograr el aval del Congreso a la tasa que estudia la Unión Europea para garantizar la "adecuada contribución" de la banca a la salida de la crisis, así como al pacto energético, con especial hincapié en medidas para "reducir el impacto" de las primas a las renovables en los precios de la electricidad.

Los socialistas hacen hincapié en la necesidad de reforzar el marco de supervisión internacional de las entidades de crédito, la regulación de herramientas como los fondos de gestión alternativa -hedge funds- y "mantener el impulso" unas las políticas de retribución de directivos "alineadas con una gestión sana y eficaz del riesgo".

Por otro lado, los socialistas abogan por mantener la Renta Básica de Emancipación y garantizar, mediante un crédito ampliable los recursos que permitan su cobertura a todos aquellos jóvenes que la soliciten. Además, insta a que las líneas de actuación en política de vivienda se centren en el alquiler y la rehabilitación.

Los socialistas avalan el proceso de consolidación fiscal emprendido con los Presupuestos Generales del Estado en 2010 y la Estrategia de consolidación Fiscal, que "deberá reforzarse" en 2011 para reducir el déficit al 6%. Aunque no hacen ninguna mención a eventuales revisiones de figuras tributarias, sí aluden a la adopción de las medidas normativas que "puedan ser necesarias" para reforzar la lucha contra el fraude fiscal.

Los líderes de las 20 principales economías desarrolladas y emergentes (G-20) del mundo han acordado abrir diferentes vías destinadas a recobrar la recuperación económica y establecer un sistema bancario más seguro, según la declaración final aprobada al término de la cumbre celebrada este fin de semana en Toronto.

El texto final de la reunión recoge las diferentes prioridades establecidas por los países participantes en la cumbre, que se comprometen a reducir a la mitad sus déficits presupuestarios para 2013 -pero sin detener el crecimiento económico- y anuncian medidas dirigidas a evitar comportamientos arriesgados del sector bancario -pero que no provoquen una reducción del crédito-.

Así, los dirigentes del G-20 acordaron permitir que sea cada país el que decida su propia política para reducir el déficit, dejando en manos de cada gobierno la adopción de medidas polémicas como la imposición de una tasa a los bancos que se vieron beneficiados de los planes de rescate de finales de 2008 o la implementación de normas más duras para el sector bancario.

Los dirigentes del G-20 dejaron la puerta abierta a que cada país avance a su propio ritmo y adopte políticas "diferenciadas" y "a medida" que permitan alcanzar las prioridades políticas o económicas de cada nación, en lo que supone un fuerte revés frente a la unidad mostrada en las tres cumbres celebradas desde el estallido de la crisis financiera, en las que se acordó la puesta en marcha de varios billones de dólares para impulsar la recuperación.