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La Comisión Europea ha propuesto reducir a siete días el plazo máximo en el que un Estado miembro estará obligado a pagar a los ahorradores el depósito mínimo garantizado en caso de quiebra de una entidad financiera, que asciende en la mayoría de países de la UE, entre ellos España, a 100.000 euros, según anunció el comisario de Mercado Interior, Michel Barnier.

El objetivo de esta medida es mejorar la protección de los ahorradores y preservar su confianza en el sistema financiero, evitando así retiradas masivas de depósitos bancarios.

En la actualidad, la legislación comunitaria y la española fijan un plazo máximo de tres meses para recuperar el dinero. A finales de 2010, este periodo deberá reducirse a entre cuatro y seis semanas. Aun así, Europa estará lejos de la garantía que ofrece Estados Unidos, donde los ahorradores pueden acceder a su dinero en 48 horas. El nuevo plazo de 7 días se aplicaría a partir del 31 de diciembre de 2013.

Además, la nueva norma confirma que a finales de año todos los Estados miembros deberán haber aumentado la garantía mínima en caso de quiebra a 100.000 euros. Este importe se fijó en 2008, durante el peor momento de la crisis financiera. Anteriormente, el mínimo garantizado era de 20.000 euros. Con este aumento, el 95% de los depósitos en toda la UE quedarán cubiertos.

Los fondos de garantía de depósitos seguirán siendo financiados por los bancos, pero las contribuciones se calcularán según el nivel de riesgo de cada entidad.

Barnier plantea asimismo aumentar de 20.000 a 50.000 euros el importe de la indemnización garantizada a los inversores en caso de que una empresa de inversión no esté en condiciones de devolver los activos que guarda en nombre de sus clientes o de reembolsarles el dinero por haber quebrado. En este caso, el plazo máximo para pagar el dinero será de 9 meses tras la quiebra.

La Comisión Europea propondrá el próximo miércoles 26 de mayo crear una red armonizada de fondos nacionales de todos los Estados miembros. Estos fondos se utilizarán para sufragar la liquidación ordenada de bancos quebrados para evitar que sean los contribuyentes los que asuman los costes.

La creación de esta tasa bancaria ya fue reclamada el pasado mes de marzo por el director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, para facilitar la gestión de quiebras y evitar la inestabilidad en el sistema financiero. Sin embargo, el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet, pidió cautela a la hora de implantar este nuevo mecanismo para no poner en riesgo la recuperación.

El Ejecutivo comunitario defenderá que los Estados miembros adopten un enfoque común a la hora de crear estos fondos de resolución nacionales para evitar distorsiones de competencia y mejorar la capacidad de gestión de crisis transfronterizas. La tasa bancaria será examinada por los ministros de Economía de la UE en su reunión de junio y también por los líderes del G-20 en la cumbre que se celebrará en junio en Toronto.

"El objetivo es garantizar que las instituciones financieras sean las primeras en contribuir a los costes de futuras crisis", dijo el comisario de Mercado Interior, Michel Barnier, en un discurso reciente. "La prevención resulta menos cara que la reparación", resaltó. Barnier aclaró además que "en ningún caso se trata de crear un seguro para los bancos".

El Instituto de Finanzas Internacionales, que agrupa a los principales bancos del mundo, ha rechazado la propuesta del FMI de imponer dos gravámenes al sector financiero para pagar por futuros rescates y desincentivar la toma de riesgo. El director gerente del Instituto, Charles Dallara, expresó la oposición de la asociación en una carta enviada al G-20, de donde salió la idea original.

“Cualquier obligación financiera adicional impuesta al sector bancario no debe socavar su capacidad para proporcionar crédito para sostener la recuperación, particularmente en un momento en el que incorpora nuevos requisitos sobre su nivel de reservas y liquidez” asegura el Instituto.

El FMI propuso un impuesto que inicialmente pagarían todas las entidades financieras por igual y que posteriormente variaría según el nivel de riesgo asumido por cada una. Los ingresos se acumularían en un fondo para costear futuros rescates de la banca o entrarían como ingresos corrientes a las arcas públicas. El segundo impuesto gravaría los sueldos y bonificaciones que pagan las entidades financieras, así como sus beneficios.

Dallara señaló que, a su juicio, la existencia de un fondo para pagar por futuros rescates haría más difícil que los gobiernos dejaran quebrar a los bancos, lo que es necesario para mantener la disciplina del mercado. El director gerente del Instituto afirmó que en lugar de los impuestos, los gobiernos deben acordar un sistema internacional para desmantelar grandes entidades financieras.

El Fondo apoya la creación de un mecanismo de ese tipo, pero propuso combinarlo con los nuevos impuestos. El organismo deberá presentar un informe final al respecto en la cumbre presidencial del G-20 en junio próximo, después de la falta de consenso sobre el tema en el encuentro ministerial del Grupo, llevada a cabo el viernes.

Estados Unidos, Francia y Reino Unido están a favor de la idea, mientras que Brasil y Canadá se han manifestado en contra.

La próxima reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la UE, que se celebrará en Madrid este fin de semana, estudiará la puesta en marcha de un fondo para gestionar la quiebra de bancos, financiado con tasas que deberían pagar las propias entidades, parecido a los fondos de garantía que existen en España.

La creación de este fondo se debatirá previsiblemente el sábado, día en el que los temas propuestos para debate se centran en la reforma de la regulación y la supervisión financiera. De hecho, ese mismo día se tratará la estabilidad financiera, la gestión, prevención y resolución de las crisis de este tipo, las posibles maneras de limitar el riesgo sistémico en las instituciones financieras y la búsqueda de un sistema que consiga que el sector financiero contribuya a minimizar la carga potencial sobre los contribuyentes.

En este sentido, los ministros debatirán las propuestas concretas de regulación presentadas a la Presidencia española estos últimos meses y se plantearán, entre otras cosas, si debe seguir el marco de gestión de la crisis de la UE y los principios para prevenir o resolver las crisis financieras en el futuro.

Durante la jornada de mañana viernes, los ministros de los 27 países analizarán la situación económica y financiera de la UE, ya que la actividad económica mundial se está recuperando moderadamente gracias a la respuesta política coordinada puesta en marcha durante la crisis, aunque lo está haciendo de forma desigual.

En este sentido, se plantearán si hay acuerdo sobre el comienzo de la recuperación económica en la UE e intentarán visualizar las principales vulnerabilidades que ponen en peligro la recuperación mundial, ya que los desequilibrios internacionales siguen siendo un reto a medio plazo para la estabilidad macroeconómica y financiera.

La ministra francesa de Economía y Finanzas, Christine Lagarde, ha señalado que su Gobierno estudia poner un impuesto a los bancos cuya recaudación se utilizaría en caso de quiebra de una entidad financiera.

Lagarde se ha declarado a favor del "principio" de ese tipo de tasa, pero "no necesariamente" como el caso de Alemania, cuyo Gobierno ha decidido que debería alimentar un fondo de alrededor de 1.000 millones de euros al año.

En Francia se barajan dos posibilidades: un fondo de garantía para intervenir en caso de bancarrota o la dedicación de la recaudación al presupuesto del Estado dado que son estos "los que están obligados" a acudir a salvar las entidades financieras en dificultad. La ministra ha indicado que "es una idea en la que trabajamos en Francia desde hace varios meses" y sobre la que se ha discutido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) al que se ha pedido que haga "propuestas".

En concreto, añadió, el FMI debe dar a conocer una serie de recomendaciones que permitan "recuperar el dinero público que se ha empleado para ayudar a los bancos y a las otras entidades financieras durante la crisis".

Hay que recordar que el presidente estadounidense, Barack Obama, anunció el pasado 14 de enero un impuesto a medio centenar de grandes bancos para recuperar hasta 117.000 millones de dólares.

Francia, por su parte, de común acuerdo con el Reino Unido ha establecido una tasa que grava las primas de los operadores de mercados y los grandes directivos bancarios (sin carácter indefinido) que inicialmente debía financiar el fondo de garantía de depósitos, pero que al final irá a la financiación de pequeñas y medianas empresas.

Se ha tardado más de seis años, pero, por fin, el Banco de España ha confirmado la multa de 150.000 euros y la inhabilitación como administrador de cualquier entidad de crédito al ex presidente de Eurobank Eduardo de Pascual Arxé, que fue apartado de su puesto en 2003 por las irregularidades detectadas en la entidad quebrada, según la resolución del organismo del pasado 11 de marzo que ha publicado el Boletín Oficial de Estado (BOE).

De esta manera, el Banco de España ratifica de forma definitiva la multa impuesta a De Pascual por el Ministerio de Economía en julio de 2004, al resolver el expediente abierto a Eurobank en febrero de 2003. La entidad quebró en 2004, tras la intervención del organismo. Economía sancionó al ex presidente de Eurobank a pagar esta cantidad y a una inhabilitación de cinco años por "infracción muy grave" contra la Ley 26/1988 de 29 de julio sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito.

Esta resolución fue ratificada en sentencia de 14 de octubre de 2009 dictada por la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, al rechazar el recurso presentado por De Pascual contra una sentencia anterior dictada por la Audiencia Nacional, que también se pronunció a favor de mantener la sanción impuesta en julio de 2004 por el Ministerio de Economía.

El Banco de España intervino Eurobank en septiembre de 2003 por las irregularidades detectadas y apartó de su cargo al entonces presidente de la entidad por retirar dinero de las cuentes de la entidad con destino a sus sociedades particulares.

El eterno enfrentamiento entre cajas y bancos tiene pinta de no ir a menos. Lo último ha sido que el presidente de la Asociación Española de Banca, Miguel Martín, ha arremetido duramente contra el comportamiento de las cajas en la crisis financiera.

Martín ha afirmado que "no es aceptable" que las cajas digan que no se han reestructurado porque no estaban los instrumentos, en referencia al FROB -el fondo estatal de ayuda- o porque las autoridades autonómicas ponen trabas. Para Martín las cajas "no pueden limitarse a pedir dinero publico". Los fondos públicos han de ser "para el sistema en su conjunto no para problemas particulares que se confunden con intereses particulares de las personas y los territorios".

Respecto a las ayudas en España, Martín destaca que las cajas se han llevado el 74% de las inyecciones de liquidez, el 82% de los avales y el 100% de los apoyos del fondo de garantía.

Al mismo tiempo, el consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz, y el presidente del Banco Popular, Ángel Ron, han coincidido en exigir que se cierre lo antes posible la reestructuración del sistema financiero, que afecta sobre todo a las cajas. Tanto Sáenz como Ron han asegurado que no se debe permitir que sigan operando entidades "débiles", ni salvar a ninguna que no sea sometida a una profunda transformación.

Para Sáenz, el objetivo prioritario es que el sistema financiero español sea "fuerte, saneado y creíble", y capaz de financiar el crecimiento de la economía real, por lo que, entre otras cosas, "no nos podemos permitir el lujo" de mantener redes de oficinas tan extensas como las que hay, ni tampoco dejar que los mercados internacionales "duden de la solvencia de nuestro sistema".

Sáenz ha pedido también que se permitan las "quiebras ordenadas" de entidades sin necesidad de emplear dinero público.

El número de bancos estadounidenses incluidos en la lista confidencial de instituciones con problemas elaborada por la Corporación Federal de Garantía de Depósitos (FDIC) alcanzaba al cierre del cuarto trimestre de 2009 las 702 entidades, un 27% más que las 552 inscritas a fecha de 30 de septiembre, lo que supone su nivel más elevado desde 1993.

Asimismo, los activos de las entidades en problemas a finales del mes de diciembre alcanzaron los 402.800 millones de dólares (298.200 millones de euros), un 16,4% mas que los 345.900 millones de dólares (256.000 millones de euros) del tercer trimestre de 2009. Un total de 45 instituciones quebraron durante el cuarto trimestre de 2009, situando el número de quiebras en el conjunto del año en 140, el mayor nivel anual desde 1992.

En esta línea, la institución federal informó de que el fondo de garantía de depósitos registró un descenso de 12.700 millones de dólares (9.400 millones de euros) en el cuarto trimestre, lo que provocó un saldo negativo del balance del supervisor de 20.900 millones de dólares (15.400 millones de euros), frente a los "número rojos2 de 8.200 millones de dólares (6.000 millones de euros) del tercer trimestre, cuando registró déficit por primera vez desde 1992.

Por ello, se había establecido un aporte adicional de 44.000 millones de dólares (32.500 millones de euros) para cubrir las esperadas pérdidas, lo que deja las reservas en 23.100 millones de dólares (17.100 millones de euros).

Una buena noticia. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, amplía las medidas de estímulo económico con inversiones en infraestructura y exenciones tributarias, al haber costado menos de lo previsto el programa de rescate financiero. Obama pretende así "acelerar la creación de empleo" con parte de los 200.000 millones de dólares que se ahorrarán en el mencionado programa destinado a entidades financieras.

Y es que "la ayuda a los bancos, que se pensó que costaría a los contribuyentes miles de millones de dólares, está en camino de generar en realidad miles de millones de dólares en beneficios" para el erario público, declaró el presidente estadounidense.

El programa fue lanzado por la administración de su predecesor, George W. Bush, para evitar el colapso del sistema financiero tras la quiebra del banco de inversiones Lehman Brothers. No obstante, la estabilización de los mercados los últimos meses ha hecho que muchos de los grandes bancos hayan devuelto dinero al Estado con intereses y que el coste del programa se haya reducido.

Entre las medidas anunciadas por Obama también destacan rebajas de impuestos para las pequeñas empresas y un nuevo incentivo fiscal para promover las contrataciones, con el objetivo de reducir el índice de desempleo, ahora situado en el 10 por ciento. También ofrecerá exenciones tributarias a los propietarios de viviendas que inviertan en aislar sus casas y en aparatos que consuman menos energía.

El presidente de la Asociación Española de la Banca (AEB), Miguel Martín Fernández, califica de "gran error y gran camelo" que los grandes bancos no puedan caer y destaca que lo importante es evitar que las quiebras de las entidades financieras no contagien al mercado, así como minimizar los costes para el sector. Martín ha explicado que lo importante es que si quiebran, lo hagan "sin contagiar y sin que cueste dinero al sector" por lo que se mostró a favor de aumentar las dotaciones de capital de los bancos y cajas de ahorros siempre que "éstas sean proporcionadas al riesgo de poder caerse" y apuntó que lo primero que hay que conseguir es que las entidades "no se caigan varias veces y sigan con su actividad".

Para evitar el contagio y mantener el mínimo coste de las quiebras de las entidades financieras, Martín consideró que la competencia recae en los organismos supervisores, dada su capacidad de "anticiparse y mantener la competencia".

El presidente de la AEB defiende que las ayudas gubernamentales a las entidades con dificultades "eran necesarias para evitar la caída del sistema" pero alerta de los "graves problemas de competencia generados", sobre todo entre los países de la Unión Europea (UE), por lo que defendió "fuertes programas de reestructuración" de las entidades rescatadas.

Por otra parte, Martín alerta de que las ayudas fiscales provocan la "fragmentación" del sistema financiero único de la UE, al haberse aplicado "diferentes medidas" en cada uno de los países. "Se espera que el Gobierno mantenga la solvencia y la estabilidad, porque si no estaríamos cayendo en un fraccionamiento del mercado", apunta. Martín destaca que el "punto clave" para las entidades financieras radica en que si se aumentan los requisitos del capital mínimo exigible "va a haber menos dinero disponible para la concesión de créditos", lo que supone un "impacto muy fuerte para un sistema financiero que se ha hundido".