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Las inmobiliarias cotizadas han ajustado en un 66% su plantilla total desde el inicio de la crisis en 2007 y hasta el cierre de 2009, lo que supone la supresión de dos de cada tres empleos con que contaban, según un informe del sector inmobiliario realizado por KPMG. A la conclusión del pasado año, las compañías del ramo que cotizan en Bolsa sumaban una plantilla de apenas 2.000 trabajadores (un total de 1.936 empleados), frente a los 5.732 de 2007.

"Las inmobiliarias cotizadas están en hibernación, en su estructura mínima, a la espera de que el sector se recupere para poner de nuevo en marcha su maquinaria", ha indicado el gerente del área de Infraestructuras de KPMG, Fernando Vizoso.

El empleo que se recorta en estas empresas es de personal administrativo, comercial y de gestión, que se sumaría así a los puestos de trabajo perdidos en construcción, labor que estos grandes grupos subcontratan. "Todo parece indicar que se han tenido que ajustar unas estructuras claramente sobredimensionadas formadas durante los años expansivos del ciclo inmobiliario", añade el estudio de la firma.

El ajuste de empleo es así tres veces superior al del 20% practicado en su endeudamiento total desde que estalló la 'burbuja'. A conclusión de 2009, las compañías del ramo que cotizan en Bolsa soportaban un pasivo de 38.512 millones de euros, apenas unos 10.000 millones de euros menos respecto a 2007, pese a los importantes procesos de refinanciación abordados durante este periodo.

El estudio de la firma destaca el desplome del 78% registrado en los fondos propios de los grupos en estos dos años, hasta situarse en un 7% de su pasivo, y la devaluación del 33% experimentada por sus activos, hasta sumar un valor de unos 41.340 millones a cierre del pasado año.

Con todo, KPMG ve "razonable" afirmar que el sector tocó fondo durante 2008, "año donde las empresas del sector se ajustaron con mayor severidad", y que en la actualidad "está inmerso en una fase de cierta recuperación". "La caída libre ha parado y la hemorragia ya es más limitada", añade Vizoso.

El Banco de España dejará de administrar Caja Castilla La Mancha (CCM) "previsiblemente" entre el 20 y el 25 de septiembre, una vez que Cajastur asuma el negocio financiero de la entidad castellano-manchega, que conservará su marca y su logotipo.

El Banco CCM formará parte de una SIP junto con la Caja del Mediterráneo (CAM), Caja Cantabria, Caja Extremadura y Cajastur y ello conllevará la supresión de oficinas, la movilidad geográfica y el recorte de personal, que se pretende llevar a cabo sin medidas traumáticas (prejubilaciones y bajas incentivadas).

Precisamente hoy lunes se reunían los sindicatos para constituir la mesa de negociación y perfilar así el futuro laboral de los trabajadores de las cuatro cajas que forman la SIP (Sistema Institucional de Protección). Los sindicatos esperan que el 20 de septiembre se haya alcanzado un protocolo básico laboral antes de que el próximo día 24 se celebran las asambleas generales en las otras cajas que integran la SIP que habrán de votar o no la integración en el grupo Cajastur y en las que los sindicatos condicionan su apoyo a los compromisos laborales. Los sindicatos confían en que el presidente de Cajastur, Manuel Menéndez, cumpla su compromiso de que la reducción de plantilla se haga sin medidas traumáticas, tal y como afirmó el pasado 16 de julio el propio Menéndez tras entrevistarse con el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda. El presidente de Cajastur destacó la solvencia y el nivel de saneamiento con que nacerá el Banco CCM y el grupo tendrá un balance que se sitúa en los 38.000 millones de euros y una inversión crediticia de 28.000 millones.

Unnim, la nueva caja fruto de la fusión de las de Terrassa, Sabadell y Manlleu, se ahorrará como mínimo 30 millones de euros si prejubila al excedente de los trabajadores fruto de la fusión a través de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

La caja catalana ha reabierto parcialmente el pacto laboral que había cerrado para la fusión y es que Unnim planteó en su momento prejubilar a 560 personas en su proceso de fusión y así se firmó en el pacto laboral, pero ahora la dirección intenta modificar el acuerdo para pasar a la fórmula de ERE, que fiscalmente beneficia a las empresas que lo llevan a cabo.

Ha trascendido que la primera reunión para modificar el acuerdo del ajuste laboral tendrá lugar el próximo 30 de agosto, que es lunes y que en muchas empresas será el primer día de trabajo después de las vacaciones de verano. Se prevé que las negociaciones sean breves y que los sindicatos den su visto bueno a la operación, ya que el ERE es un fórmula que también resulta más rentable para los trabajadores afectados.

Técnicamente, Unnim debería cerrar el año con pérdidas para que la Generalitat aprobase el ERE, pero también podría alegar los malos resultados obtenidos el pasado mes de julio en las pruebas de estrés que llevó a cabo el Banco de España.

Las ventajas para la plantilla se deben a que a finales de 2009 el Congreso había aprobado el incremento de 20 a 45 días el límite establecido de exención de las indemnizaciones que son percibidas por los afectados por Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y que afectarían a estos procesos de reestructuración bancaria.

El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, ha avanzado que la OPA sobre el 100% del Banco Guipuzcoano está previsto que acabe a mediados de noviembre para culminar todo el plan de integración operativa en febrero de 2011.

Finalmente, los costes de la integración ascenderán a 80 millones y calcula unas sinergias de 60 millones de euros anuales --53 de costes y 7 de ingresos-- y conseguir el cien por cien de estas sinergias en 2012.

Oliu ha defendido la operación, aprobada por los respectivos consejos en junio, porque el Sabadell afianza su estrategia de crecimiento doméstico y se diversifica hacia una zona de España que se encuentra en una situación económica más favorable, con lo que equilibra el perfil de riesgo del grupo.

Preguntado por el impacto en plantilla y oficinas de la integración, tanto Oliu como el consejero delegado del Sabadell, Jaume Guardiola, han asegurado que será "mínimo" y la cifra no será significativa. Como novedad, el Sabadell prevé instalar en San Sebastián un centro operativo regional que absorberá parte del excedente en personas que suponga la operación. En cuanto a la reducción concreta de oficinas, Guardiola ha avanzado que en el País Vasco no va a haber prácticamente ninguna, en Madrid y Barcelona habrá por proximidad, aunque será un porcentaje relativamente pequeño, y dónde habrá más cierres es en las zonas de expansión del Banco Guipuzcoano en las que coincida con el Sabadell.

La integración del Guipuzcoano se basa en una OPA por el 100% del capital social del Guipuzcoano, con un mínimo del 75%, y se cuenta con el compromiso irrevocable del 45,61% de los accionistas. Sobre los socios del banco vasco que pasarán a la órbita del Sabadell, Oliu ha afirmado que espera que tanto BBK como Kutxa quieran quedarse en el capital del banco pasados los tres años de plazo de las obligaciones convertibles.

Los bancos que operan en España prescindieron de 5.365 empleos en 2009, más del doble que un año antes, cuando su plantilla mermó en 2.526 personas. Así consta en el Anuario Estadístico publicado por la Asociación Española de Banca (AEB).

Según estos datos, a finales del pasado año los bancos que trabajan en España tenían 110.542 empleados (más del 34% de ellos sólo en Madrid), frente a los 115.907 trabajadores de un año antes. Esa cifra es el resultado de los 104.115 empleados que tenían los bancos españoles a cierre de 2009 (un 4,59% menos que en 2008), los 6.069 trabajadores de las entidades de crédito comunitarias (un 5,23% menos) y los 358 de las de fuera de la UE (un 3,25% menos).

En cuanto al número de oficinas, después de cinco años consecutivos en los que la red de sucursales de los bancos que operan en España aumentó, en 2009 se redujo en 759 hasta un total de 14.879, frente a 15.638 de un año antes. De esas 14.879 sucursales, los bancos comunitarios tenían 178 oficinas, 8 menos que en 2008, mientras que las entidades de fuera de la Unión Europea mantenían sus 11.

Las mayores redes correspondían, como es lógico, a los dos grandes bancos españoles, Santander y BBVA, que tenían 2.945 y 3.070 sucursales respectivamente. No obstante, en el caso del grupo que preside Emilio Botín, la red aumentó en 2009 en 4 sucursales, mientras que en el mismo periodo BBVA cerró 255.

Por su parte, el Banco Popular tenía 2.090 oficinas, frente a las 1.899 de un año antes cuando aún tenía distintas marcas regionales; Banesto, 1.688, 134 sucursales menos; y el Sabadell, 1.180, 48 menos.

Cajamar Caja Rural y Caixa Rural Balearshan acordado su fusión, de manera que la entidad resultante, cabecera del Grupo Cooperativo Cajamar, se sitúa en el puesto 16 del ranking nacional de entidades financieras, con más de 45.500 millones de euros de volumen de negocio, 28.600 millones de activos, 5.100 empleados y 998 oficinas en 36 provincias, según una nota conjunta de ambas entidades.

La fusión se plantea "en la necesidad de diseñar e impulsar nuevas alianzas estratégicas que contribuyan a reforzar la posición competitiva del sector de cajas rurales en España". Se trata de dos cajas rurales plenamente "complementarias", puesto que "no existe solapamiento de oficinas ni de puestos de trabajo en su actual estructura territorial".

En este sentido, los actuales servicios centrales de Caixa Rural Balears se convertirán en la sede institucional y de negocio de Cajamar Caja Rural en el archipiélago balear, en la que su máximo representante institucional será Gabriel Roca i Roca, actual presidente de Caixa Rural Balears, y su director y primer ejecutivo Antonio de Parellada Durán, director general de Caixa Rural Balears.

Los consejos rectores de las dos cajas rurales convocarán asambleas generales con carácter extraordinario para el día 19 de agosto, fecha en la que los socios deberán aprobar la fusión, lo que permitirá que ésta sea realidad antes de final de año.

Con datos al cierre del primer trimestre, Caixa Rural Balears, entidad de referencia para el sector primario en Baleares, aportará a Cajamar Caja Rural un volumen de negocio próximo a mil millones de euros, unos activos totales de 614 millones de euros, 30 oficinas, 134 empleados, 33.000 clientes y más de 14.000 socios, de los que 12.500 son personas y 1.700 empresas.

Banco Popular y Credit Mutuel-Cic han firmado una alianza estratégica a largo plazo para prestar servicios conjuntos a sus clientes en sus principales mercados estratégicos (Francia, Alemania, España y Portugal), que contará con unos activos de 2.000 millones de euros y un ratio de capital del 13% y 1.700 millones de euros en recursos de clientes.

Además, Crédit Mutuel pasará a ser accionista de referencia de Banco Popular, con una participación del 5% que tomará una vez concluida la transacción y obtenidas las autorizaciones pertinentes.

La plataforma, que controlarán conjuntamente con una participación del 50% cada uno, tendrá 123 sucursales y 505 empleados, distribuidos por toda la geografía española. Un total de 123 sucursales de la red actual de Banco Popular serán transferidas al nuevo banco. A cambio de su participación en la nueva entidad, Crédit Mutuel invertirá 312 millones de euros, lo que sitúa el valor del banco de nueva creación en 625 millones de euros. Los recursos propios serán de 258 millones de euros.

El comienzo de las operaciones del nuevo banco está sujeto a los condicionantes habituales, incluyendo las aprobaciones del regulador y las autoridades de la competencia, pero se espera que estos trámites estén resueltos antes de que concluya el ejercicio.

Sus sucursales se concentrarán en áreas con una elevada actividad económica y se centrarán en los negocios de particulares y pymes, fieles al modelo de negocio de Banco Popular.

Según la entidad, desde que Crédit Mutuel-CIC compró Banco Popular Francia, los dos grupos han colaborado estrechamente en Francia, Alemania, España y Portugal, y han firmado una serie de acuerdos comerciales que han permitido a Banco Popular proporcionar servicios financieros a sus clientes en Francia. Al mismo tiempo, Crédit Mutuel (incluyendo CIC Iberbanco, la nueva marca de Banco Popular Francia) ha podido acceder a las redes de sucursales de Banco Popular en España y Portugal.

El personal de las entidades de crédito se redujo un 3,1% en 2009, hasta los 269.168 empleados, lo que se traduce en 8.654 trabajadores menos, mientras que el número de oficinas disminuyó en un 3,5%, hasta las 44.532 sucursales, según la Memoria de Supervisión del Banco de España, que también constata una mejora de la solvencia de los grupos consolidados hasta el 12,2%.

La mayor reducción de plantilla correspondió a los bancos nacionales, que disminuyeron en 3.197 el número de empleados, mientras que las cajas recortaron su plantilla en 2.209 empleados. Los establecimientos financieros de crédito redujeron en 397 el número de trabajadores y las cooperativas en 223 empleados.

Asimismo, el número de oficinas operativas disminuyó en un 3,5%, hasta las 44.533. La banca nacional cerró 736 oficinas (-4,7%) y las cajas de ahorro 783 (-3,1%), hasta quedar en 14.879 y 24.252, respectivamente. Por su parte, las cooperativas cerraron el año con 15.043 oficinas y los establecimientos financieros de crédito con 359.

La red de cajeros disminuyó en 1.294 (-2,1%) y el volumen de tarjetas de crédito y débito en circulación bajó hasta los 96,3 millones (una media de 2,5 por cada habitante mayor de 16 años). Por el contrario, aumentó el número de terminales de punto de venta, que alcanzaron ya la cifra de 1,44 millones (+2%).

El informe también dedica un apartado a analizar la solvencia de las entidades de crédito, que mejoró hasta el 12,2%, 0,9 puntos básicos por encima del año anterior.

El consejo de administración de Caixa Girona se reunirá el próximo lunes para aprobar la fusión con La Caixa, integración a la que el consejo de la entidad presidido por Isidre Fainé ha dado luz verde. Así, la primera caja de ahorros del país absorberá a la gerundense y prevén ser un solo grupo el 1 de enero de 2011. Fruto de este proceso, Caixa Girona desaparecerá, por lo que se desarticularán sus servicios centrales, y su red de oficinas pasará a lucir los rótulos de La Caixa. Como reminiscencia, quedará un consejo territorial como organismo consultivo y para el seguimiento de la Obra Social en el territorio.

Caixa Girona llevará a cabo un plan de prejubilaciones para un centenar de trabajadores mayores de 55 años de su plantilla actual antes de la integración.

Este plan cuenta con el visto bueno de los sindicatos, ya que mantiene las condiciones que se habían pactado para la fusión fallida en Unnim (con Caixa Sabadell, Terrassa y Manlleu), con un 88% del salario neto.

Después, ya en el marco de la absorción por parte de La Caixa, se recolocará paulatinamente a unas 400 personas de servicios centrales y sucursales, buscando la proximidad geográfica y aprovechando las vacantes y necesidades de personal de La Caixa. Con estas medidas, no se prevén más ajustes de plantilla.

Fruto de la fusión, las cajas calculan que habrá un excedente de unas 100 oficinas en la provincia de Girona por solapamiento de redes. En los próximos meses se decidirá qué sucursales cerrarán o se fusionarán en locales más grandes, tanto de Caixa Girona como de La Caixa.

El subgobernador del Banco de España y presidente de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Javier Aríztegui, calcula que las cajas inmersas en procesos de reestructuración pedirán ayudas públicas por importe de entre 11.000 y 11.500 millones de euros y reducirán sus plantillas en una media de entre el 15% y el 20%.

Así lo aseguró en su comparecencia a puerta cerrada ante la subcomisión del Congreso de los Diputados encargada de supervisar el Fondo, ante la que acudió para explicar la intervención de CajaSur que el Banco de España llevó a cabo el 21 de mayo.

Respecto a los ajustes en las entidades, explicó que los tres procesos aprobados formalmente por el FROB hasta ahora, el de Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa, la de las las cajas de Terrassa, Sabadell y Manlleu, y la Caja Duero y Caja España, han supuesto una reducción de entre el 20 y 25% en las platillas y del 15% y 20% en número de oficinas que podría ser orientativa para estimar el impacto en el resto de procesos.

Asimismo, según los asistentes a la reunión, Aríztegui se mostró "optimista" acerca de las problemas de crédito internacional de la economía española, denunciado incluso por grandes entidades como el, y aseguró que se trata de una cuestión "puntual" que se resolverá en próximos meses, por lo que España no tendrá problemas tanto para refinanciar su deuda pública como la privada.