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El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, considera que es "imprescindible" mantener la continuidad y ambición en las reformas económicas, porque advirtió de que la confianza de los mercados puede perderse con facilidad.

"Estamos en la senda adecuada para salir airosos e incluso reforzados de la difícil situación por la que ha atravesado la economía", dijo en la inauguración del XVIII Encuentro del sector financiero, organizado por Deloitte, la Sociedad de Tasación, SAP y ABC.

El gobernador pidió ahondar en la reestructuración del sistema financiero y dijo que previsiblemente tendrá que estudiar, en lugar de doce, trece planes de viabilidad de las entidades, tras la ruptura del Banco Base. En cualquier caso, aprovechó para asegurar que hubiese sido un error inyectar capital a las entidades españolas antes de reestructurarlas, porque así se habrían malgastado recursos públicos.

El gobernador admitió que hay que ser "pacientes" con la marcha de la economía española porque es "pronto" para que pueda volver a una fase de "crecimiento vigoroso". Por eso instó a no detenerse en las reformas e insistió en que en España persiste un marco que pone trabas a la creación de empleo y "bastaría" con que los empresarios pudieran ofrecer a los millones de parados "empleos con salarios acordes a su productividad".

De esta forma, los desempleados podrían tener la posibilidad de decidir sobre unas ofertas que hoy los empresarios españoles ni siquiera pueden plantearles por la rigidez normativa, explicó.

A juicio del gobernador, reducir el paro y aumentar el empleo no es sólo un objetivo social irrenunciable, sino que es un objetivo económico capital en esta coyuntura, en la que 2011 todavía será un año complicado y las previsiones apuntan a que la recuperación económica más intensa no llegará hasta la mitad de 2012.

El PSOE ha registrado en el Congreso una enmienda al proyecto de Ley de dinero electrónico en la que propone que los ayuntamientos puedan obtener una prórroga de hasta doce meses para acreditar la realización de las inversiones y la finalización de las obras acogidas al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, cuyo plazo estaba fijado inicialmente hasta la finalización del primer trimestre de este año, es decir, este jueves.

El texto de la propuesta socialista, señala que la Dirección General de Cooperación Local podrá conceder el aplazamiento ante una solicitud "razonada y debidamente motivada" del ayuntamiento que demuestre la existencia de incidencias "no imputables" a su responsabilidad surgidas en la ejecución del contrato de obras suministros o servicios.

En estos casos, la justificación deberá presentarse dentro del mes siguiente a la conclusión de la prórroga concedida, y si no lo hacen deberán reintegrar las cantidades recibidas tal y como marca la norma.

El PSOE justifica esta propuesta por la situación de las ejecuciones en algunos municipios que se encuentra con que, a punto de llegar a la fecha límite del 31 de marzo, el plazo concedido no ha resultado suficiente por "causas imprevisibles" como la "climatología adversa" durante 2010 y 2011 o la "complejidad" de algunas obras.

"Se trata, por tanto de una situación generada por causas de fuerza mayor, no imputable a la Administración", sostienen los socialistas, que abogan por "flexibilizar" el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Fondo en la coyuntura actual. En este sentido, recuerdan que si los municipios no cumplen con los compromisos deberían devolver el dinero, con el evidente impacto en su situación económica.

Según los cálculos del Gobierno, el Fondo para el Empleo y la Sostenibilidad Local, dotado con 5.000 millones, ha "creado o mantenido" un total de 294.217 puestos de trabajo, por encima de los 200.000 previstos cuando el Consejo de Ministros aprobó su creación, en noviembre de 2009. Así, a fecha de 11 de febrero de 2011 se habían aprobado 30.565 proyectos, de los que se liquidaron un total de 10.089, un mes y medio antes de que finalizara el plazo fijado.

Las grandes empresas que operan en España -las que facturan más de seis millones de euros- lograron crear empleo en enero (0,3%) por primera vez desde mayo de 2008, mes en el que las empresas comenzaron a destruir empleo como consecuencia de la crisis. Según la estadística Ventas, Empleo y Salarios en las Grandes Empresas elaborada por la Agencia Tributaria, las plantillas totales de las compañías que facturan más de seis millones de euros sumaron 4,5 millones de trabajadores.

La contracción de empleo se volvió a centrar durante enero en el sector de la construcción, donde se redujeron las plantillas un 7,7%, mientras que en la industria sin energía y agua la caída fue del 1,9%.

Mientras, el subsector de servicios a empresas escapó al ajuste de plantilla e incrementó su personal un 3,9%. Con todo, el mayor número de empleados en grandes empresas se siguió registrando en el sector servicios (3,2 millones de trabajadores).

Precisamente, el viernes pasado el Banco de España advertía de que si no se flexibilizan los salarios en el actual contexto de repunte de precios, el IPC continuará al alza socavando la competitividad y reduciendo la actividad económica y la creación de empleo.

Aún así, el sueldo medio cayó en los servicios a empresas, hasta un 2,8%, y en los transportes y comunicaciones (-0,8%), mientras que la construcción ajustó el sueldo un 0,1%. En la industria sin energía y agua, la retribución media aumentó todavía un 4,9% (2.402 euros brutos al año), en tanto que el comercio y la hostelería mejoró el poder adquisitivo de sus trabajadores un 1,2% (1.698 euros).

Desde el Gobierno se insiste en la moderación salarial como salida a la actual coyuntura económica. El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha asegurado en más de una ocasión que España necesitará mantener durante "mucho tiempo" salarios moderados o "razonablemente moderados", de tal forma que los sueldos no crezcan nunca por encima de la productividad.

Además, la merma del poder adquisitivo de los trabajadores de las grandes empresas se haría más acuciante de confirmarse el dato adelantado del IPC de febrero, que sitúa el repunte de los precios hasta el 3,6%, y de proseguir las tensiones en el Norte de África que 'tiran' al alza del precio del petróleo.

La economía sumergida en España supone en torno al 17% del PIB y emplea a cuatro millones de personas. Al menos así lo pone de manifiesto un estudio de los profesores de la Universidad Rey Juan Carlos, María Arrazola, José de Hevia, Ignacio Mauleón y Raúl Sánchez publicado en el último 'Cuadernos de Información Económica' de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas).

Los autores del estudio, que han realizado los cálculos teniendo en cuenta tres metodologías diferentes, concluyen que entre 1998 y 2008 la economía sumergida en España alcanzó alrededor del 17%.

En cuanto al efecto en el empleo, estiman que ha crecido exponecialmente desde 1980, pasando de alrededor de 1,4 millones a más de cuatro millones al final de la muestra.

Los autores explican que esta cifra no implica que exista una cifra equivalente de personas que realizan su actividad laboral al margen de la economía oficial, ya que puede ocurrir que algunas de ellas trabajen tanto en el ámbito de la economía sumergida como oficial.

Oficialmente, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, en España existen 4,69 millones de desempleados.

En los últimos 20 años (1980-2008), el volumen de la economía oficial medida por el PIB se ha más que duplicado, pero la economía sumergida, en el mismo periodo, se ha multiplicado por cuatro. "Esto pone de manifiesto que economía sumergida y bonanza económica son perfectamente compatibles", indica el estudio.

A la vista de estos datos, Funcas destaca que la economía sumergida alcanza "niveles preocupantes" en algunas economías como España por sus efectos sobre la equidad, eficiencia y competencia. "Parece existir un amplio consenso en que la economía española está entre ellas, pero también en la dificultad de aportar datos que gocen de una cierta precisión", subraya.

Los diputados de IU, Gaspar Llamazares, e ICV, Nuria Buenaventura, han registrado en el Congreso una proposición no de ley en la que reclama al Gobierno que, junto a las comunidades autónomas, ponga en marcha un programa de subvenciones a obras de rehabilitación dotado con 5.000 millones que permitirán generar hasta 700.000 empleos.

La iniciativa plantea que estas ayudas financien el 25% de todas las reformas orientadas a la eficiencia energética, la modernización de las instalaciones eléctricas y de fontanería y de mejora de la accesibilidad de las primeras viviendas residenciales, con lo que las inversiones movilizadas alcanzarían los 20.000 millones de euros. El límite de subvención por proyecto será de 50.000 euros

Por contra, los retornos por la vía del IRPF, cotizaciones generadas para la Seguridad Social y de las tasas y arbitrios municipales que pudieran aplicarse podrían superar los 8.500 millones de euros, "cantidad muy superior a la subvencionada".

Adicionalmente, la iniciativa reclama que se revisen las condiciones para aplicar el tipo reducido de IVA en las obras de rehabilitación, procurando la generalización de esta medida y asegurando una metodología que "impida la percepción de la ayuda para obras realizadas total o parcialmente bajo economía sumergida".

El Gobierno anunciará esta semana nuevas medidas para estimular la creación de empleo, según ha adelantado el ministro de Trabajo, días después de que los datos mostraran tasas de desempleo en cotas máximas desde hace más de 13 años. "Éste es el momento de darles a los empresarios mejores posibilidades de contratación, una reducción de costes razonable cuando contratan en este momento", dijo Valeriano Gómez durante una entrevista con la Cadena SER.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) dijo el viernes pasado que la tasa de desocupación subió hasta el 20,33 por ciento en el cuarto trimestre de 2010, más del doble que la media de la Unión Europea y la más alta de la región.

Casi 3 millones de personas han perdido sus empleos desde que estalló la burbuja inmobiliaria en 2008, muchos por la disminución del sector de la construcción y por un sector servicios en apuros. El programa también ayudaría a regular hasta 150.000 empleos de la economía sumergida, afirmó el ministro.

Según algunas estimaciones, la economía sumergida en España está valorada en unos 200.000 millones de euros, lo que supone un 20 por ciento de la economía. Las finanzas españolas están bajo un intenso escrutinio por parte de los inversores, que están preocupados por si el alto desempleo y el estancamiento del crecimiento obligarán al Gobierno a solicitar un préstamo al estilo de Irlanda a la Unión Europea y al Fondo Monetario Internacional.

Banca Cívica ha anunciado la firma de su acuerdo laboral, que supone la incorporación de Cajasol y establece las condiciones de reestructuración de la plantilla del grupo, que prevén 1.100 prejubilaciones en los próximos dos años, informó la entidad.

Según explica Banca Cívica, las prejubilaciones afectarán a aquellos empleados de 55 años o más, que conservarán el 83,5% de su salario bruto, aunque cada una de las cajas que integran el grupo -Navarra, Canarias, Burgos y Cajasol- pueden rebajar la edad mínima hasta los 54 años.

La firma del acuerdo, explica Banca Cívica, "refuerza las garantías de los trabajadores que pasan de las cajas al banco", de forma que garantiza las condiciones sociales de la caja de origen hasta el final del periodo negociador que debe desembocar en la firma de un convenio.

Asimismo, el acuerdo alcanzado minimiza la movilidad derivada de la reestructuración, que será "con carácter general" voluntaria, y fija las compensaciones en caso de que esa movilidad sea "necesaria", explica la nota.

En materia de armonización de los salarios en el grupo, el acuerdo fija un rango que toma como referencia el convenio nacional de cajas y que se irá aplicando progresivamente en el plazo de tres años.

Con este acuerdo, se emplaza a las partes a continuar la negociación durante el año 2011, cuando se negociarán el resto de aspectos laborales que terminarán de conformar el convenio laboral futuro de Banca Cívica

Caja Madrid, Bancaja, las cajas Insular de Canarias, Ávila, Laietana, Segovia y Rioja han llegado a un acuerdo laboral en el que fijan las condiciones para acceder a una prejubilación, una baja indemnizada o una reducción de jornada, entre otras medidas con las que prevén reducir unos 3.800 empleos. Las previsiones iniciales, fijaban el número de despidos en 3.400 personas.

En cuanto a las prejubilaciones, con las que se recibe el 95% del salario fijo, el acuerdo permite a los trabajadores que tengan 54 años al acabar 2010 solicitarla en los próximos sesenta días con la condición de acceder a ella antes de que acabe 2012.

Respecto a las bajas voluntarias, ofrece una indemnización de 45 días de salario por año de servicio, con lo que varía desde los 10.000 euros para los que tienen una antigüedad de hasta 5 años hasta un máximo de 30.000 euros para los que llevan más de dos décadas de servicios.

Además, el acuerdo recoge la posibilidad de reducir la jornada laboral a la mitad y con ello, el sueldo en la misma proporción o la opción de pedir una suspensión voluntaria de contrato por un mínimo de tres años, ampliables a cinco.

La Comisión Europea considera que España tendrá que recortar el déficit público alrededor de un 0,75% extra si la economía crece por debajo del optimista 1,3% previsto por el Gobierno. Según las Previsiones Económicas de Otoño de la CE el déficit público en España será del 6,4% del PIB el próximo año, frente al 6% previsto por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y son precisamente estas cuatro décimas las que marcan la diferencia ya que de ellas depende que los ciudadanos españoles tengan que enfrentarse el próximo año a otra cura “extra” de adelgazamiento en forma de recorte de gasto público y aumento de impuestos. En todo caso el Ejecutivo comunitario considera que “la estrategia fiscal española va en la buena dirección y se ajusta a las recomendaciones de la Unión Europea.

En materia de empleo, el problema más grave que tiene que afrontar la economía española sucede otro tanto ya que nuestro país seguirá destruyendo puestos de trabajo en 2011, un 0,3%, frente a la caída de un 2,3% prevista para 2010. La tasa de paro continuará subiendo, una décima en concreto, hasta llegar al 20,2% de la población activa. Sin embargo fuentes el Ejecutivo comunitario creen que pese a que en media anual el empleo caerá en España en 2011 a partir del tercer trimestre habrá una leve mejoría en este campo. La media para la Eurozona se sitúa en el 10%, con lo que nuestro país será el campeón absoluto del paro en Europa también el próximo año.

La crisis está haciendo mucha más mella en España que en los países de nuestro entorno ya que 2010 se cerrará con una contracción del PIB del -0,2%, mientras que Alemania crecerá un 3,7%, Francia un 1,6%, Italia un 1,1% o Reino Unido con un 1,8%. Las razones de esta clara división de la recuperación económica en Europa en dos velocidades, y el hecho de que España se haya quedado en el furgón de cola, radica según Bruselas en el hecho de que la crisis en nuestro país ha tenido y tiene el componente “local” de la burbuja del sector de la construcción que, pese a todo, aún no ha acabado de ajustarse en materia de precios en todas las Comunidades Autonómas. De hecho la previsión es que la inversión en el sector de la construcción continúe cayendo en los próximos meses.

Caixa Galicia y Caixanova han dado por cerrado el periodo de consultas a los sindicatos sobre el Expediente de Regulación Empleo (ERE), previsto para 1.230 empleados y que han aprobado con el apoyo de la mayoría sindical de CC.OO. y Csica que, conjuntamente, representan a un 65 por ciento de los 7.700 trabajadores.

Al respecto, el responsable de CC.OO. durante la negociación laboral con las dos entidades, Luis Mariño, ha destacado, en declaraciones a Europa Press, que el encuentro celebrado este lunes ha sido "de trámite", porque el acuerdo que avalan ambas centrales queda "como el del pasado 4 de octubre". Ese fue el día en que cajas, CC.OO. y Csica firmaron el pacto laboral que regirá la optimización y las condiciones de la plantilla de la caja fusionada, con el cálculo de que afectará a unos 760 trabajadores pertenecientes a la red de oficinas y a unos 470 de los servicios centrales, aunque, al ser voluntario, las cifras dependerán del número de empleados que se acojan al ERE.

"Es exactamente el mismo texto del 4 de octubre", ha recalcado su homólogo de Csica, Carlos Peso, a la salida de una reunión que se ha producido de manera paralela al acto de firma de la escritura de constitución de la nueva caja gallega. De este modo, el sindicato da por finalizada "su parte de responsabilidad" en un proceso en el que, ha subrayado, buscaron mantener la postura "más viable" y "rigurosa" en la defensa de sus compañeros.

Durante el transcurso del encuentro, los responsables de las entidades de crédito han animado al resto de organizaciones sindicales --UGT, CIG y CGT-- a adherirse al texto, petición que sólo ha recibido respuesta por parte de la primera de las centrales.