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Si en tiempos de vacas gordas la petición de créditos parecía no tener límite, la crisis cerró la liquidez a empresas y familias. Pero las Administraciones Públicas, necesitadas como están de atender todas las necesidades, sobre todo, sociales, son las que captan la mayor parte del dinero en circulación. Así, el déficit público podría acabar cercano al 12% del Producto Interior Bruto (PIB). A finales de julio pasado empresas, familias y sector público debían la escandalera de 2,7 billones de euros que, para que nos hagamos una idea, representa el 250 por ciento de nuestro PIB, por lo que se ha multiplicado por tres desde 2003.

Solo las familias están endeudadas por valor de 904.614 millones, la mayor parte por préstamos sobre viviendas. Ahora los tipos están en el punto más bajo de su historia (1,25). La pregunta es qué ocurrirá cuando el Banco Central Europeo (BCE) decida subir los tipos de interés.

Por su parte, las empresas, que han tenido que reducir sus márgenes y buscar liquidez a duras penas, deben más de 1,3 billones de euros. Sólo las operaciones inmobiliarias supera el billón de euros. Según los últimos datos, el valor de las operaciones inmobiliarias impagadas supera los 470.000 millones de euros, lo que supone un incremento de estos créditos desde 2003 hasta mediados de 2009 del 47 por ciento.

Por último, las Administraciones Públicas, que venían de un cómodo superávit, ya tienen en su contra 450.000 millones de euros, tras emitir todo tipo de deuda para atender a sus gastos más apremiantes, sobre todo, los planes de estímulo fiscal junto a las ayudas a los desempleados y a los sectores más afectados por la crisis. Por estas últimas razones, la deuda pública ha pasado de los 432.000 millones en 2008 a los 561.000 millones.

La crisis económica y la restricción del crédito siguen pasando factura a las empresas y son cada vez más las sociedades y las personas individuales que tienen que recurrir al concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) ante la imposibilidad de hacer frente a sus deudas.

A lo largo del tercer trimestre de este año se registraron en España un total de 1.193 nuevos procesos concursales, lo que supone un descenso de casi el 31% sobre los 1.726 procesos del trimestre anterior, según el baremo concursal que elabora trimestralmente PriceWaterhouseCoopers (PwC) a partir de la información del BOE.

A pesar del descenso de este último trimestre, en el conjunto de los nueve primeros meses los procesos concursales registraron un crecimiento del 161% sobre el mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar los 4.299, cifra que supone un 50% más que todos los publicados en 2008.

Pero quizás, lo más significativo son los concursos de personas físicas, que se han disparado hasta los 848 casos este año, lo que supone el 20% del total.

El estudio de PwC señala que el Mediterráneo y el centro son las zonas más activas en procesos concursales. Por comunidades, se concentran en Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana, que acaparan más de la mitad de los procesos, un 52% del total. Construcción e inmobiliario son los sectores que más utilizan los procesos concursales, aunque han perdido algo de peso en el conjunto al pasar de representar el 39% del total en 2008 a un 34% en lo que va de año.

Imagínense lo “entrampados” que están los estadounidenses que la primera gran reforma financiera acometida por el gobierno del presidente Obama se ha ocupado de las muchas veces abusivas condiciones que sufre el consumidor al utilizar una tarjeta de crédito. El Senado ha aprobado un proyecto de ley para frenar desmedidos aumentos en los intereses y cargos ocultos en las tarjetas.

Entorno al 45% de la sociedad estadounidense tiene deudas pendientes con instituciones crediticias, con un promedio de las deudas familiares de 7.300 dólares. La cuestión está en que muchos americanos acusan a los bancos e instituciones financieras de no informar suficientemente sobre las condiciones de uso de las tarjetas y las consecuencias de acumular deudas con ellas. Así, el proyecto de ley impediría a las empresas elevar las tasas de interés sobre los saldos existentes, a menos que el titular de la tarjeta tenga un retraso en sus pagos de 60 días. Además, las tasas de interés se tendrían que restablecer al nivel previo, si en los siguientes seis meses los pagos se hacen a tiempo. Por otra parte, el titular de la tarjeta deberá ser informado de los aumentos en las tarifas con 45 días de antelación. Y hacer más difícil que los menores de 21 años obtengan tarjetas.

Tal y como está el patio, las entidades han empezado a agudizar su ingenio para intentar no perder negocio y recuperar beneficios. Es el caso de la Caja Mediterráneo (CAM). En esta entidad son conscientes de las posibles condiciones adversas a las que pueden enfrentarse sus clientes con la consiguiente reducción de su capacidad de endeudamiento –y, aunque no lo digan, sus posibilidades de pagar lo que deben-, así que han desarrollado un nuevo producto crediticio.

Denominado Préstamo Reestructura de Garantía Personal permite unificar deudas de tarjetas de crédito y préstamos personales mediante la creación de un nuevo préstamo con una cuota mensual inferior. Dentro de éste nuevo crédito se pueden incluir recibos pendientes de hasta 90 días. Adicionalmente, esta nueva modalidad de préstamos permite hasta 6 meses de carencia para afrontar problemas de disminución temporal de los ingresos, y contratar a la vez un Plan de Protección Total, con coberturas ante posibles casos de desempleo, invalidez o fallecimiento.

Además, la caja ha incorporado a sus tarjetas de crédito una serie de funcionalidades que ayudan a una mejor gestión de los gastos a sus titulares y a aliviar así el peso de las cargas mensuales o, simplemente, poder disponer de mayor parte de sus ingresos. Por ejemplo, ahora se puede cambiar la forma de pago en cualquier momento de forma gratuita a cuotas fijas mensuales, aplazar el pago de una o varias compras hasta 36 meses, e incluso a 3 meses sin intereses. Por facilidades que no sea.