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Los clientes que tengan que renovar sus tarjetas este mes pagarán de media casi un 5% más que hace un año por las de débito y un 3,23% por las de crédito, según los últimos datos del Banco de España. La cuota media en junio por la tarjeta de débito era de 16,84 euros, la misma que en mayo pero 0,73 euros más que hace un año, y la de crédito era de 33,48 euros, igual cota que el mes anterior pero 1,05 euros más que en junio de 2009.

Estas comisiones son las tasas que de media cobran las entidades a sus clientes al año, aunque las cifras varían en función de la entidad que se considere. Muchas entidades, incluso, eximen a sus clientes de este pago si domicilian su nómina, recibos o contratan planes de pensiones y otros productos.

La cuota por mantener la cuenta corriente y la cuenta ahorro, de carácter semestral, también se mantuvieron estables si se comparan con las tarifas de mayo, pero volvieron a repuntar en relación a las de diciembre de 2009. En concreto, tener una cuenta corriente costaba de media en junio 21,75 euros, un 3,22% más que en diciembre de 2009, y la cuenta ahorro, 21,11 euros, un 1,5% más que a finales de 2009.

Asimismo, la tarifa que las entidades financieras cobraban a sus clientes por tener descubiertos se situaba en junio en 11,77 euros, la misma tasa que en mayo, pero un 12% más que hace un año (10,48 euros).

Las entidades financieras españolas necesitan entre 30.000 y 50.000 millones de euros para recapitalizarse, según un estudio presentado por la consultora PriceWaterhouseCoopers y el Instituto de Empresa. Y es que "hay un exceso de capacidad significativo en el sector bancario, que se estima próximo al 30 por ciento, y el sector necesita una recapitalización, con apoyo público, que podría oscilar, en un primer momento, entre 30.000 y 50.000 millones de euros", según el informe.

La consultora y el Instituto de Empresa destacan en este trabajo que el sector bancario español se enfrenta a importantes retos en cuanto a su rentabilidad, liquidez y solvencia, que se derivan del crecimiento de la morosidad, el estrechamiento de los márgenes, la caída de la actividad y el acceso a la financiación.

En un momento en el que las cajas están consumiendo sus recursos propios de capital para hacer frente a la creciente morosidad y la depreciación de activos se ha evidenciado la ineficiencia de las actuales cuotas participativas como instrumentos para captar capital en los mercados, aseguran. En este escenario, el Instituto de Empresa y la consultora proponen que las cajas emitan cuotas participativas por ley y que además tengan derechos políticos.

Una postura similar fue defendida hace pocos días por Comisiones Obreras, que también aceptó que los nuevos instrumentos de capital de las cajas sean más eficaces y otorguen derechos políticos siempre que los sectores actuales mantengan la mayoría en su capital.

Hay que recordar que las actuales cuotas son instrumentos de capital que tienen derechos económicos pero no otorgan derechos políticos. Entre otros inconvenientes, las cuotas tienen establecido un límite del 5 por ciento para eventuales los tenedores de las mismas y es que a diferencia de los bancos, las cajas no pueden acudir al mercado a realizar ampliaciones de capital para fortalecer sus recursos propios.

El coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, acudió a la primera reunión del Gobierno con los partidos para buscar acuerdos económicos con un centenar de propuestas para hacer frente a la crisis y buscar una salida progresista ante la actual coyuntura económica. Muchas de esas propuestas se refirieren al sector financiero y alguna ha sorprendido a más de uno.

Entre las medidas que propone figura el "desarrollar con carácter de urgencia una normal básica sobre Banca Pública que suponga el despliegue operativo directo del Instituto de Crédito Oficial (ICO), integre a las instituciones que puedan ser nacionalizadas, y regule el papel y representación de los participaciones públicas en instituciones financieras".

Asimismo, plantea una reforma de la Ley de Cajas, de acuerdo, entre otros criterios, con el de "mantenimiento de la naturaleza jurídica de las Cajas de Ahorro", ya que consideran que "ninguna caja podrá ser propiedad de ninguna institución o empresa privada".

Asimismo, propone la desvinculación de cualquier derecho político sobre las cuotas participativas en el caso de las Cajas de Ahorro. A juicio de Izquierda Unida, se debe producir un "fortalecimiento de la supervisión del Banco de España sobre las Cajas de Ahorro, extendiéndola al requisito de informe previo favorable a toda operación que supere el millón de euros".

Evitar los grandes desembolsos, flexibilizar las cargas financieras y fraccionar las primas anuales de seguros e impuestos son algunas de las concesiones que hace la Caja de Canarias a sus clientes para que puedan “sobrevivir” a la cuesta de enero que menaza con extenderse durante febrero.

La entidad ha lanzado al mercado la nueva Cuenta Multiseguro, un producto creado específicamente para la distribuir en el tiempo el pago de las primas anuales de los seguros que el cliente tenga contratados y domiciliados en La Caja de Canarias, así como el pago de dos impuestos anuales, el de Circulación y el de Bienes Inmuebles.

Este producto está dirigido a clientes que deseen flexibilizar sus cargas financieras periodificando dichos pagos, y obedece a una medida puesta en marcha por la entidad financiera para colaborar con la economía doméstica, aliviar un excesivo endeudamiento, e incrementar el grado de vinculación con sus clientes.

La Cuenta Multiseguro de La Caja de Canarias permite fraccionar el pago de los seguros y los impuestos anuales por pequeñas cuotas mensuales, de manera que el cliente, en lugar de hacer un pago único anual por una cantidad mayor, hace 12 pequeños pagos (uno por mes), por una cantidad mucho menor, pudiendo controlar de una manera más eficiente su economía. Además, este producto tiene un tipo de interés del 0%. Gracias al pago periódico mensual el cliente podrá planificar mejor su prespuesto.

El Gobierno estadounidense anunciará hoy lunes los detalles de una campaña con la que tratará de presionar a las entidades financieras para que reduzcan las cuotas de las hipotecas a los ciudadanos con problemas para hacer frente a los pagos, informó en una entrevista a The New York Times Micheal Barr, asesor del secretario para asuntos financieros del departamento del Tesoro de Estados Unidos.

A pesar de que los prestatarios han acelerado el pago de sus hipotecas en los últimos meses, existen evidencias de que el plan estatal de 75.000 millones de dólares (unos 50.000 millones de euros) para la refinanciación de hipotecas se está yendo a pique. Y es que una gran cantidad de las solicitudes para acogerse a este plan se encuentran estancadas por la actitud de los bancos, que se muestran reticentes a modificar las hipotecas ya contratadas.

"Los bancos no están haciendo un trabajo lo suficientemente bueno", señaló Barr al diario. En concreto, dijo que el Gobierno hará públicos los nombres de las entidades que están actuando con lentitud para reducir las cuotas de las hipotecas. "Muchas firmas deberían estar avergonzadas, y lo estarán", aseguró Barr. La financiación estatal a los bancos se producirá una vez que se hayan hecho permanentes las rebajas en las cuotas hipotecarias y no a las que acepten la tramitación de las solicitudes. "No van a recibir ni un sólo centavo del Gobierno hasta que actúen", añadió.

El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha apremiado al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para inyectar liquidez de forma "urgente" a las entidades que, por problemas de viabilidad, tienen "vedado" el acceso a la financiación del supervisor. El gobernador ha subrayado el papel que juega el FROB porque "esta vez" -en alusión a la actual crisis- las cajas de ahorros "no han sido inmunes a las dificultades".

Fernández Ordóñez ha recordado que el fondo es un instrumento que asegura medidas de naturaleza "excepcional" y que garantiza un proceso de reestructuración rápida en aquellos casos en los que una determinada entidad sea incapaz de encontrar una solución privada a sus problemas de viabilidad. Entre esas medidas, Fernández Ordóñez ha destacado la posibilidad de que cuente con derechos de voto en los órganos de gobierno de una caja de ahorros mediante la adquisición de cuotas participativas (valores similares a las acciones de los bancos pero que tradicionalmente no tenía derechos políticos).

Las declaraciones de Fernández Ordóñez se producen un día después de que el Banco de España pidiera al presidente de CajaSur, Santiago Gómez Sierra, que solventara los obstáculos para propiciar la fusión con Unicaja antes del próximo martes. A pesar de ello, Fernández Ordóñez ha elogiado de nuevo la fortaleza del sistema financiero español y ha recordado que aquí la crisis no ha afectado a las entidades grandes, sino a las de "menor tamaño". Por eso, aunque el Banco de España disponía de mecanismos de actuación que en el pasado demostraron ser "útiles y efectivos", había algunos elementos que distinguían la crisis actual de episodios anteriores, lo que aconsejó el diseño de un nuevo instrumento mejor adaptado a estas nuevas exigencias.
Fernández Ordóñez ve "imprescindible" que se acometan reformas estructurales "ambiciosas" que deben ser bien articuladas y creíbles y para ello "sería deseable obtener el mayor consenso posible". Entre las medidas que propone, el gobernador ha citado una reforma laboral que corrija "bastantes" aspectos "de las instituciones que actualmente lo regulan" y llama a "innovar en las modalidades de contratación", así como a modificar la negociación colectiva. Fernández Ordóñez está tan convencido de la eficacia que tendrían las nuevas medidas que no duda de que "si se hacen reformas laborales importantes, con poco crecimiento puede haber más empleo".

El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) de las cajas aportará 1.300 millones para facilitar la compra de Caja Castilla-La Mancha (CCM) por Cajastur. La idea es que el FGD adquiera unos 900 millones de euros de cuotas participativas -títulos similares a acciones pero sin derechos políticos- que emitirá CCM para reforzar su capital. Al mismo tiempo, el FGD suscribirá una nueva emisión de participaciones preferentes de la entidad castellano manchega por importe de 400 millones de euros.

Pese a la suscripción de estas nuevas emisiones, el FGD no invertirá dinero nuevo en el capital de CCM, pues previamente se habrá amortizado una colocación de participaciones preferentes de 1.300 millones de euros efectuada por la caja antes del verano y que estaba en poder del Fondo.

Precisamente la participación del FGD y la integración parcial de CCM en el banco Liberta, filial de Cajastur, han sido claves para que el Banco de España escogiera a la caja asturiana para esta operación ya que era "la mejor opción, la menos onerosa, sin cargo alguno al contribuyente". Según el supervisor, el proyecto de la entidad asturiana es el que "mejor cumple los criterios de solidez y racionalidad económica y financiera", además de que respeta el objetivo de no suponer un coste para el erario público. En la misma línea se expresó la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, quien también consideró que con la unión de ambas entidades "todos salimos ganando".

La caja asturiana propuso en su oferta la "integración parcial" de CCM en el grupo Cajastur, a través de la cesión de los activos y pasivos de la entidad castellanomanchega en el Banco Liberta. Dicho banco, propiedad de la caja asturiana, fue creado en 1999 y pasará a tener su sede en Castilla-La Mancha y a estar participado en un 25% por CCM, que seguirá existiendo pero no con actividad bancaria. De esa forma, se mantendrían en CCM las participaciones empresariales -incluido el 25% del Banco Liberta- además de la gestión de la obra social.