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El presidente de Mutua Madrileña, Ignacio Garralda, ha anunciado que la aseguradora se plantea adquisiciones de entidades o ramos estratégicos y alianzas en bancaseguros en el marco de la reordenación del sistema financiero español, que se centra fundamentalmente en las cajas de ahorros. "La reorganización de las cajas es una oportunidad. Debemos ser jugadores activos. Tenemos lo ojos bien abiertos para buscar activamente oportunidades", subrayó Garralda en la presentación de los resultados de 2009, ejercicio en el que Mutua obtuvo un beneficio neto de 158,8 millones, un 47,4% menos que en 2008 por la ausencia de ingresos extraordinarios.

El presidente no quiso entrar a valorar el proceso de reestructuración, pero señaló que las comunidades autónomas no quieren prescindir de las cajas y que esto tiene un coste, pero que, en cualquier caso, el Banco de España está haciendo todo lo posible para que las entidades lideren los procesos. En este sentido, señaló que cuanto más grande sea la entidad fusionada, mejor para Mutua Madrileña, porque el tamaño le favorecerá en sus acuerdos y negocios.

Garralda también reconoció que ha tenido contactos preliminares con entidades para llevar a cabo alianzas en materia de seguros, pero que no hay nada cerrado porque está estudiando el mercado para determinar cuáles son los mejores candidatos. En cualquier caso, la diversificación no sólo será geográfica, también por ramos, entre los que no incluye seguros de crédito o industriales, y apostará por nuevos canales de comercialización, como Internet o Globales, creado para operaciones de flotas y renting.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional respecto de los artículos 7, 8 y la disposición final sexta del Real Decreto-Ley del Gobierno central por el que se crea el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), al entender que éste invade las competencias autonómicas de la Comunidad de Madrid en materia de cajas de ahorros.

La Comunidad de Madrid cree que el ordenamiento jurídico y financiero español otorga a las comunidades autónomas una serie de competencias claras sobre las cajas de ahorros que están obligadas a cumplir, y que chocan con lo que se estipula en algunos de los artículos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

En un comunicado destacó que las comunidades autónomas están obligadas por la normativa básica estatal (LORCA) a participar y regular los procesos de fusión de las cajas que están domiciliadas en su territorio, tal y como se recoge en la disposición adicional quinta la citada ley, lo que ha llevado al Ejecutivo regional madrileño -al se han sumado los gobiernos de Galicia y el de Extremadura y probablemente lo haga el catalán- a interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Según el gobierno autonómico, el decreto-ley impugnado impide que el Gobierno regional pueda ejercer la competencia autonómica de autorizar un proceso de fusión de cajas de ahorros, en el caso de que una de ellas esté intervenida por el Banco de España. De esta forma, la Comunidad cree que se vería obligada a asumir una fusión impuesta por el Estado, a través del Banco de España y del FROB, sin poder valorar las consecuencias de la fusión sobre los aspectos financieros, la obra social o los empleados de una entidad solvente y sometida a su tutela. "En el supuesto de que se produjera una fusión entre una entidad viable y otra no viable, la comunidad autónoma en cuyo territorio residiera la primera también perdería su derecho a participar de manera preceptiva en la autorización de la fusión con la entidad en dificultades", plantea.

Los consejos de administración de las cajas de ahorros catalanas Sabadell, Terrassa y Manlleu han aprobado el proyecto de fusión de las tres entidades en una nueva sociedad con 30.000 millones de euros en activos. Las cajas presentarán en breve ante el Banco de España el plan de integración de la nueva entidad, que operará bajo el nombre de Unnim. La nueva entidad ocupará el undécimo puesto en el ranking de cajas de ahorro españolas.

Las cajas pedirán 380 millones de euros al fondo de reestructuración del sector bancario (FROB) creado por el gobierno, frente a los 500 millones que habían estimado previamente. La entidad prevé devolver el importe en un plazo de tres años.

El proyecto aprobado incluye el cierre previsto durante los dos próximos años de 150 oficinas - un 20 por ciento del total de las tres cajas - para llegar a 2012 con 610 puntos de venta. Además, prevén un "excedente" de 530 personas en la plantilla de la nueva entidad. El excedente se absorberá con prejubilaciones voluntarias en los próximos dos años, tras los que la plantilla ascenderá a 2.900 empleados.

Una vez el Banco de España y Bruselas den su visto bueno al proyecto, las cajas lo someterán a votación en sus asambleas generales que prevén tengan lugar a mediados de mayo y la nueva entidad nacerá "entre finales de junio y principios de julio".

Caixa Sabadell, Caixa Terrassa y Caixa Manlleu iniciaron en verano las conversaciones de cara a una posible fusión. Aunque en septiembre Caixa Girona decidió unirse al proceso, a principios de este mes su consejo de administración decidió abandonar el proyecto.

El día después de que el presidente de la patronal de las cajas de ahorros, Juan Ramón Quintás, presentase su dimisión durante el consejo en el que se debatió sobre su sucesión en el cargo, la CECA expresa su confianza en que se reduzca el peso de la política en las cajas. La Confederación Española de las Cajas de Ahorros (CECA) considera que estas entidades financieras "están condicionadas en exceso por la descarada actuación de los partidos políticos", y confía en que el cambio en la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (Lorca) garantice su autonomía empresarial en el futuro.
"Se perfilan horizontes prometedores, de modificación de la regulación de las cajas, tanto atendiendo a la posición públicamente manifestada por el PP como por las declaraciones del presidente del Gobierno (José Luis Rodríguez Zapatero), así como del gobernador del Banco de España (Miguel Ángel Fernández Ordóñez)", indica la CECA.

Estas consideraciones de la patronal de las cajas de ahorros se inscriben en una retrospectiva que recoge la labor de Quintás en la CECA, donde ha desempeñado diversos cargos tras ser nombrado director general en 1994. La CECA explicó que entre los objetivos que llevaron a Quintás a permanecer un año más en la presidencia figuraba la urgencia de convencer tanto al Gobierno como a la oposición de la conveniencia de ciertos planteamientos generales en relación con la crisis económica y respecto al sistema de gobernanza de las cajas.

Por otra parte, se trataba de hacer ver la extrema limitación del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), el instrumento español tradicional para la gestión de las crisis bancarias, por su rigidez y por la envergadura de la crisis actual, indicó la CECA, que considera logrado este objetivo.

La agencia de calificación Standard & Poor's (S&P) calcula que la reestructuración financiera en España costará entre 30.000 y 35.000 millones de euros, que irán destinados en su mayoría al sector de las cajas de ahorros. Estos recursos suponen entre el 30% y el 35% de los del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que cuenta en la actualidad con 12.000 millones de euros, pero tiene capacidad de endeudamiento hasta 99.000 millones.

Esta previsión llega poco después de que la agencia rebajara la calificación de la banca española en su conjunto por el riesgo económico de España. La agencia bajó la nota al sistema financiero español desde el grupo '2' hasta el grupo '3', dentro de su escala del uno al diez que mide la fortaleza del sector financiero en función del riesgo país. Esta rebaja de la calificación global incluye al sector financiero español en el grupo en el que figuran Estados Unidos, Reino Unido, Austria, Chile y Portugal; con mayor debilidad que el de Alemania, Francia, Italia y Canadá.

S&P destaca también la necesidad de que se aborde la reestructuración financiera, enfocada en las cajas de ahorros, porque en caso de que las entidades no adapten su infraestructura para adaptarse a un entorno operativo de menor crecimiento, los fundamentos y competitividad del sistema se verían negativamente afectados.

Según la entidad, este proceso se está ralentizado "por la reticencia de los gobiernos regionales de perder el control de sus cajas de ahorros, y algunos de los proyectos de consolidación podrían no ser los más adecuados desde un punto de vista empresarial y económico". Para S&P, la consolidación del sector de las cajas de ahorros es una oportunidad para fortalecer su gestión y limitar la intervención política, y las agresivas estrategias de algunas cajas de ahorros durante el boom crediticio llevó a algunas distorsiones en el mercado que deberían evitarse en el futuro.

El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá este martes una moción presentada por Unión, Progreso y Democracia (UPyD) sobre la reforma de la Ley de Órganos de Representación de las Cajas de Ahorro (LORCA). De esta manera, la formación que lidera la ex socialista Rosa Díez se suma al frente abierto por el PP para impulsar una reforma urgente de esta normativa que permita acelerar la reestructuración del sistema financiero, ante la negativa del Ejecutivo de abordar los cambios antes del tercer trimestre de este año, cuando confía en haber cerrado el proceso de reordenación de las entidades.

Al igual que los populares, Díez plantea la necesidad de eliminar el derecho de veto de las comunidades en las fusiones interregionales, sin embargo va más lejos y propone que los gobiernos autonómicos cedan al Banco de España las funciones de regulación y supervisión de las cajas, "a fin de que no coincida el órgano rector con quien legisla sobre ellos".

En el texto de la iniciativa se incide en la necesidad de condicionar las ayudas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a la aceptación por parte de las comunidades y de las cajas de reformas en esta línea. La iniciativa plantea además una serie de líneas para la reforma, empezando por la separación entre la actividad bancaria de las cajas y la obra social.

El consejo de administración estaría compuesto "exclusivamente" por "consejeros profesionales" que podrían ser propuestos por los grupos presentes en la Asamblea, pero en ningún caso por comunidades autónomas y ayuntamientos.

Rosa Díez considera que la intervención del Banco de España en Caja Castilla-La Mancha, así como el "espectáculo lamentable y bochornoso" vivido en Caja Madrid y que ha alcanzado "extremos inimaginables" demuestra que los partidos políticos son los que tienen el control de las cajas de ahorro.

Cinco meses después de la aprobación en Consejo de Ministros del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), el Gobierno sigue sin recibir el visto bueno de la Comisión Europea al instrumento que debe servir para acelerar las fusiones de las cajas de ahorros. Sin embargo, en plena campaña para que la Comisión Europea dé su visto bueno al Frob, la patronal de los bancos (AEB) se ha desmarcado de la postura española. El Ejecutivo comunitario quiere analizar cada fusión que emplee recursos del fondo. “Si esa es la versión oficial, yo estaría de acuerdo con Bruselas”, defendió recientemente Miguel Martín, presidente de la asociación.

El representante de los bancos hizo esta declaración en unas jornadas organizadas por los servicios jurídicos del Estado en la que compartió mesa con su homólogo de la patronal de las cajas (CECA), Juan Ramón Quintás, quien defendió justo lo contrario.

Efectivamente, el Ejecutivo considera que los bancos están desarrollando activamente su papel de grupo de presión ante la Comisión en un sentido contrario al que interesa al Gobierno, al Banco de España y a las cajas de ahorros. Mientras el Ejecutivo, el supervisor y las beneficiarias del Frob, que no son otras que las cajas, quieren que Bruselas apruebe con carácter general el instrumento, los bancos han reclamado a la Comisión Europea que no acepte esa posición, sino que cada uno de los procesos de entrega de ayudas deba ser analizado de forma individualizada.

El asunto tiene importancia porque resta un amplio margen de maniobra al Banco de España y multiplica la burocracia de la Comisión Europea, al tener que documentarse detalladamente cada una de las peticiones.

La Asociación Española de Banca (AEB), que es la que está desarrollando las tareas de lobby ante la Comisión Europea, persigue evitar que actuaciones como las que protagonizan bancos europeos ayudados por sus estados -el caso de la holandesa ING preocupa particularmente a las entidades nacionales-, se extiendan por España con las cajas ayudadas por el Frob.

Bancaja y la CAM tendrán que decidir sobre su posible fusión antes del próximo mes de abril, según quieren en la Generalitat. El objetivo es evitar que las tensiones en las dos cajas se prolonguen más de lo imprescindible y aprovechar todos los incentivos y ayudas financieras dispuestas por el Gobierno y la UE para alentar las fusiones y sanear el sistema financiero. El acuerdo entre Bancaja y la CAM no tendría por qué ser el de una fusión al uso tradicional, sino que podría pasar por la creación de una entidad de nuevo cuño.

Ambas cajas ya han empezado a estudiar los distintos escenarios para abordar una fusión. De hecho, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se reunió el pasado 6 de noviembre con los presidentes de las tres cajas valencianas (Bancaja, CAM y Caixa Ontinyent) y les comunicó que ejercerá su poder político para evitar fusiones con entidades de ahorro de fuera de la Comunidad Valenciana, pensando seguramente en una eventual unión con otra caja de mayor tamaño como en su momento se rumoreó con Caja Madrid. Aunque también dejó claro que la decisión sobre la fusión corresponde a los consejos de administración de las cajas. De hecho, la fusión entre la CAM y Caja Murcia está prácticamente descartada por el temor del Gobierno murciano a perder el control sobre la principal entidad de su comunidad.

Vista la dificultad de parece entrañar las fusiones entre caja de ahorro de distintas comunidades autónomas, las entidades se van animando a unirse con hermanas. Las últimas en comenzar trámites son las gallegas. La coruñesa Caixa Galicia y la pontevedresa Caixanova ya trabajan en un proceso de fusión que puede derivar en la creación de la quinta caja de ahorros del país por volumen de activos. Con las actuales cifras llegarían a la cuarta, pero el proceso en el que está inmersa Caixa Catalunya con Tarragona y Manresa las desplaza en la clasificación un puesto. Entre Caixa Galicia y Caixanova tienen más de 1.400 oficinas, casi tantas como la valenciana Bancaja. No obstante, existen notables duplicidades entre sus redes que permitirían una notable eficiencia de costes.

Ambas entidades ya han recurrido a los servicios de una consultora para la elaboración de los trabajos previos a su integración.

En el proceso se contaría con la ayuda del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB, creado precisamente para apoyar la integración de entidades. En términos de morosidad, las dos entidades gallegas superaban el 4% en junio, en línea prácticamente con la media del sector de cajas de ahorros.

Un punto muy positivo es que la fusión cuenta con el beneplácito político. El equipo de Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, se reunió el lunes con la cúpula de Caixanova y el martes lo hizo con la de Caixa Galicia y ha explicado que su Gobierno adoptará una decisión definitiva "una vez evaluada y estudiada" la cuenta de resultados de ambas cajas. El Ejecutivo gallego pretende hacer pública su postura antes de que acabe el año.

El Bloque Nacionalista Galego (BNG), por su parte, parece apoyar la operación, mientras que el PSOE ha dejado entrever que preferiría que las cajas gallegas mirasen más allá de su territorio para eventuales procesos de fusión.

El caso es dar guerra. Con la que está cayendo en Caja Madrid, el coordinador de Economía del Partido Popular, Cristóbal Montoro, ha apostado por "despolitizar al máximo" las cajas de ahorros, aunque ha matizado que en las entidades de ahorro tienen que estar presentes representantes políticos "a la hora de decidir".

El ex ministro de José María Aznar ha expresado también la importancia de salir de la crisis "cuanto antes" y que quienes tienen que "sacar" a España de esta situación económica son los emprendedores, no la intervención pública, que "ahoga" al país. El dirigente popular cree que crear un sistema de banca regional en el país es "lo contrario" que necesita España y "lo último" que les conviene a los españoles, además de ser algo "muy negativo" para el Estado de las Autonomías.

A su juicio, "lo bueno" no es volcar el mapa de las cajas de ahorros español en la constitución de entidades regionales "poderosas", sino constituir, junto a las fusiones regionales, otras interregionales que promuevan la competencia y el mantenimiento de los puestos de trabajo. En este sentido, recalcó que si se consolidaran fusiones únicamente de carácter regional no se haría "más fuerte" el Estado de las Autonomías y sería fruto de un "provincianismo" que no se adecua a las necesidades de España.

Asimismo, está convencido de que el crecimiento económico generador de empleo se ha perdido en España porque el crédito bancario "está fallando" para los emprendedores, las pequeñas y medianas empresas y los autónomos. Además, ha subrayado la necesidad de abordar reformas económicas "profundas", así como reformas laborales. "Es necesario crear las condiciones para que sean los emprendedores y los autónomos quienes nos saquen de la crisis", concluyó.