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La Caja Rural Castilla-La Mancha ha ampliado su área de negocio a ocho nuevos municipios de la región a través de la fórmula de las agencias financieras, al frente de las cuales ha situado a personas emprendedoras que ofrecerán a sus clientes los mismos productos y servicios que una oficina bancaria, pero como autónomos.

Los convenios para su puesta en marcha han sido rubricados en Toledo por el director general de la entidad financiera, Víctor Manuel Martín, y los respectivos responsables de las nuevas agencias financieras, entre los que, por ejemplo, destaca la presencia de un alcalde, el de Almonacid del Marquesado (Cuenca), Álvaro Martínez.

El resto de las localidades en las que, a partir del nuevo año, tendrá implantación la Caja Rural Castilla-La Mancha a través de estas agencias son Fuentealbilla, Yeste, Chinchilla de Montearagón, Villaverde de Guadalimar, Riopar, en la provincia de Albacete, y Villalba del Rey y Campillo de Altobuey, en Cuenca.

El director general ha indicado que la firma de estos convenios supone "el pistoletazo de salida" a la apertura de más agencias por toda la región, ya que "nuestra vocación -ha dicho- es estar presente en todos los rincones de la geografía castellano-manchega, desde el pueblo más pequeño a la ciudad más grande".

En este sentido ha dicho que las ocho localidades en las que Caja Rural tendrá implantación por primera vez son de mediano y pequeño tamaño, en las que los nuevos agentes desempeñarán su trabajo "bajo una fórmula mercantil de autónomos, que tienen un contrato de franquicia financiera con Caja Rural Castilla-La Mancha".

La asamblea general extraordinaria de Caja Rural de Canarias ha aprobado la incorporación de la entidad al grupo cooperativo Cajamar por 2.897 votos a favor, 40 en contra y 36 abstenciones. Así lo ha indicado en una nota de prensa Caja Rural de Canarias, que es la séptima entidad que se integra en el grupo Cajamar.

Caja Rural de Canarias aportará al grupo cooperativo Cajamar un volumen de negocio de 2.214 millones de euros, activos por importe de 1.264 millones de euros, 69 oficinas, 322 empleados y más de 100.000 clientes.

El grupo cooperativo Cajamar, integrado por Cajamar Caja Rural, Caja Rural de Casinos, Caixa Albalat, Caixapetrer, Caixa Turís, Caja Rural Castellón y al que han completado su fusión Caja Rural de Baleares y Caja Campo, es el primer grupo de cooperativas de crédito de España.

Sus activos ascienden a 38.000 millones de euros y cuenta con más de 1.000 oficinas, 5.694 empleados, 2,5 millones de clientes y 795.798 socios.
El nuevo grupo está abierto a la participación de más entidades, por lo que no se descarta que en un futuro puedan incorporarse al mismo otras cajas rurales españolas.

Caja Rural de Canarias, que cuenta con más de 23.000 socios -18.697 son personas físicas y 4.349 empresas e instituciones-, mantendrá su independencia, su sede social y servicios centrales, sus órganos sociales de gobierno y dirección, su red de oficinas y empleados en esta integración que se hace bajo la fórmula del sistema institucional de protección

El presidente de Cajasol, Antonio Pulido, ha asegurado durante la última asamblea general del ejercicio 2011 de que la entidad superará al cierre del ejercicio del 9,5 por ciento de core capital, tasa superior a las nuevas exigencias legales.

Según ha informado Cajasol en una nota de prensa, Pulido destacó en su intervención que, "a pesar de los momentos complejos" que se están viviendo en el sector financiero, Cajasol "finaliza un año histórico marcado por la plena integración en Banca Cívica y por haber sido pionera en la reforma del sector financiero protagonizando una de las primeras salidas a bolsa del sector".

En la asamblea, el presidente de Cajasol y copresidente de Banca Cívica, ha comunicado que el core capital se sitúa al cierre del ejercicio por encima del 9,5 %, una tasa superior a las nuevas exigencias legales "gracias a la exitosa salida a bolsa, mientras el coeficiente de solvencia ha ascendido hasta el 13%, frente al 11,9% de diciembre de 2010".

Respecto al proceso de integración con Banca Cívica, Pulido ha subrayado que ya se han cubierto el 80 % de los costes presupuestados hasta finales de 2012 por lo que apostarán "por continuar desarrollando medidas de contención y de control de la morosidad" para evitar ser penalizados por los mercados financieros.

Pulido ha mostrado su satisfacción por formar parte del grupo de tres entidades herederas de las cajas que cotizan en bolsa, lo que será, a su juicio, una de sus ventajas competitivas además de suponer "rigor, transparencia y profesionalización en la gestión".

Durante los diez primeros meses del año los clientes retiraron 18.600 millones de euros en depósitos de las cajas de ahorro españolas.

En total, las cajas contaban con depósitos de clientes por importe de 770.846 millones de euros hasta octubre, lo que supone una reducción del 2,4%. En los últimos doce meses la caída asciende al 4,7%.

Así se desprende de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de las cajas de ahorros difundida por la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), que reflejan una desaceleración en los depósitos de la clientela en manos de las cajas de ahorros.

La misma tendencia bajista se registró en los depósitos de los bancos españoles, cuyo descenso hasta octubre fue del 3,7%, hasta los 659.481 millones de euros, según las cifras publicadas por la Asociación Española de Banca (AEB).

En el caso de las cajas de ahorros, BBK Bank (Caja Sur) es la que ha sufrido un mayor recorte en sus depósitos de clientes hasta octubre, con una caída del 11,4%, hasta 11.128 millones de euros. Igualmente abultado es el descenso en Banco Castilla-La Mancha (-9,5%), Caja Vital (-9,3%) y CAM (-8%).

Hasta el mes de octubre los depósitos de clientes de Bankia alcanzaron los 163.124 millones de euros, lo que supone una leve mejora del 0,1%. Los depósitos que más crecieron en dicho periodo fueron los de Unicaja Banco (+5%), Caja España-Duero (+3,7%) y Unnim Banc (+3,7%).

El panel de previsiones que elabora la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) ha recortado hasta el 0,2% la previsión de crecimiento del PIB para 2012, frente al 1% de la estimación anterior, y la sitúa por debajo incluso del pronóstico de los organismos internacionales.

Cinco de los participantes en el panel prevén, de hecho, una tasa negativa. La previsión más elevada es la del BBVA, con un 1%, mientras que la más baja es la de Funcas, con una estimación del -0,5%.

En cambio, la previsión de crecimiento para 2011 se mantiene sin cambios en el 0,7%, aunque se ha revisado a la baja el resultado esperado para el último trimestre del año, que ahora es de -0,1%.

Las peores previsiones se deben al empeoramiento de las condiciones económicas que tuvo lugar en el tercer trimestre y que se ha intensificado al inicio del cuarto, a tenor de los indicadores disponibles.

Los panelistas destacan la debilidad de la demanda interna, que presentará un “escuálido crecimiento” en lo que queda de año y en 2012, derivado en buena parte del ajuste a la baja del gasto público, que “acentuará su caída” en los próximos meses, mientras que la aportación del sector exterior será menor.

A todo ello, hay que añadir el deterioro de las perspectivas para la economía europea y el “recrudecimiento” de la crisis de la deuda soberana, que está “asfixiando” la actividad por la vía de la congelación de los flujos de crédito y del incremento de la incertidumbre.

En este contexto, la producción industrial “sigue ofreciendo señales negativas” y las tensiones inflacionistas son “prácticamente inexistentes”, de forma que la tasa media prevista para 2011 será del 3,2%, tras cerrar diciembre en el 2,4%, y del 1,6% en 2012.

El Gobierno ha ampliado la dotación que deben hacer al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) las entidades financieras, lo que supone que bancos, cajas y cooperativas tendrán que aportar 800 millones de euros suplementarios.

En concreto, los bancos pasan de una aportación del 0,6 por mil de sus depósitos a un mínimo del 2 por mil, lo que supone más que triplicar su dotación a este fin.

Las cajas de ahorros ponían hasta ahora a disposición del FGD el 1 por mil de sus depósitos, en tanto que las cooperativas de crédito aportaban el 0,8 por mil.

El decreto aprobado ha provocado la reacción inmediata de la patronal bancaria, AEB, que ha calificado de "sorprendente e injusto" este incremento, al tiempo que ha instado al Gobierno a hacer frente de forma definitiva a la inacabada reestructuración del sistema financiero.

En una nota, la Asociación Española de Banca (AEB) recuerda además que los bancos no sólo no han recibido ayudas públicas sino que han aportado ya 2.347 millones de euros del patrimonio que tenían en su fondo de garantía.

La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) considera, por su parte, que la decisión de hoy del Consejo de Ministros es "precipitada" y altera el entorno estable que necesita el sector. Se quejan además de que no ha sido consultada con el sector.

La Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC), por su lado, afirma que la decisión "penaliza el modelo de banca tranquila" que realiza este sector, que se ve penalizado por las mayores aportaciones que ha de realizar.

El exdirector general de Caja Cantabria Javier Eraso recibirá alrededor de 1,2 millones de euros en concepto de indemnización tras abandonar su cargo. Esta indemnización es la que establece el contrato firmado por Eraso en febrero de 2000, cuando se hizo cargo de la caja cántabra, y, en cualquier caso, no se trata de una cifra fruto de una negociación.

"Es un contrato de alta dirección, normal y corriente, en el que se pactó una cuantía. Al igual que en los contratos laborales (las indemnizaciones) se corresponden con tantos días por año trabajado, en el caso de los puestos de dirección general se corresponde con dinero. Es un finiquito", explican fuentes financieras, que apuntan a que la salida de Eraso no es una dimisión, sino una rescisión del contrato.

Sobre si es Caja Cantabria o, por el contrario, Liberbank -integrada por Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria- quien debe hacerse cargo de esa indemnización, las mismas fuentes apuntan a que el pago es una cuestión que corresponde a la caja cántabra. "Si mañana dimite el director general de Cajastur el problema es de Cajastur, no de Liberbank", opinan fuentes del sector.

Por otra parte, Javier Eraso también abandona su puesto como director del banco de empresas de Liberbank, aunque esta salida no está vinculada -en principio- a su marcha de Caja Cantabria. "Podría seguir como director del banco de empresas, pero no ha sido así", indican las fuentes.

Por su parte, el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, ha señalado, en declaraciones a los periodistas, que la salida de Javier Eraso de la entidad cántabra es una cuestión ajena al Gobierno y que tiene que ser Liberbank, como entidad privada, quien tome las "acciones adecuadas en beneficio de los intereses del Banco".

Diego ha calificado de "envidiable" los aproximadamente 1,2 millones de euros de indemnización y ha añadido: "son contratos que se formularon en su momento y que aunque puedan parecer exagerados, están registrados".

La Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) exige a Caja España-Duero que proceda de manera inmediata a eliminar la cláusula suelo por la que la entidad financiera se ha estado "enriqueciendo injustamente" a costa de los hipotecados en 50 millones anuales, según el abogado de Ausbanc.

El letrado de los Servicios Financieros de la asociación, Antonio Acosta, ha formulado que esta petición de suprimir la cláusula suelo basándose en el auto de ejecución provisional de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de León contra Caja España-Duero, fruto de una demanda presentada por Ausbanc.

Este auto obliga a la entidad financiera a la eliminación, en un plazo máximo de tres meses, de la cláusula suelo de las hipotecas en las que se encuentra pactada en este momento y la no aplicación de la misma en el futuro, ha explicado Acosta.

Este pronunciamiento constituye, ha dicho, un "nuevo éxito" para la lucha contra la cláusula suelo que lidera esta asociación y que supondrá para una familia de la Comunidad con una hipoteca media de 150.000 euros un ahorro anual de 1.000 euros.

Acosta ha alabado la valentía del tribunal leonés y, en concreto, de su magistrado, a la hora de "tomar partido" en este asunto a favor de los consumidores.