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La Reserva Federal (Fed) ha dado a conocer un paquete de propuestas post crisis que detalla las nuevas reglas a las que quiere someter a la gran banca mundial. La normativa que pretende aplicar la Fed es más estricta e incluye la limitación de las cantidades que las grandes instituciones pueden prestarse entre sí.

El proyecto presentado por la Fed va destinado a "todas las sociedades que controlan bancos estadounidenses cuyos activos son superiores o iguales a 50.000 millones de dólares" y a los grupos financieros no bancarios que EEUU considere importantes para el sistema financiero.

Según explica el regulador presidido por Ben Bernnake en un comunicado, el nuevo reglamento propuesto por la Fed se basa en la ley Dodd-Frank, una legislación aprobada tas la crisis de 2008.

El banco central no ha dado detalles de cómo se llevarían a cabo los aspectos de un acuerdo global sobre el capital bancario (Basilea III), pero sí ha dicho que emitiría una propuesta de seguimiento sobre el tema.

Las propuesta de la Fed se centra en el acuerdo internacional de Basilea III al que llegaron en julio los reguladores por el que se requerirá a los bancos más grandes e importantes a nivel mundial que mantengan un ‘colchón’ de hasta el 2,5% del capital ordinario en sus balances a partir del 1 de enero de 2019.

La Fed también ha confirmado que pretende someter al ocho bancos sistémicos estadounidense al control bancario del nuevo reglamento de Basilea III. El regulador pretende incorporar de forma definitiva el reglamento de Basilea III en EEUU 2014.
Dicha normativa impone a los grandes bancos a nivel mundial una tasa de requerimiento de capital adicional de entre 1 y 2,5 puntos por encima que la de los otros bancos.

El Gobierno ha ampliado la dotación que deben hacer al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) las entidades financieras, lo que supone que bancos, cajas y cooperativas tendrán que aportar 800 millones de euros suplementarios.

En concreto, los bancos pasan de una aportación del 0,6 por mil de sus depósitos a un mínimo del 2 por mil, lo que supone más que triplicar su dotación a este fin.

Las cajas de ahorros ponían hasta ahora a disposición del FGD el 1 por mil de sus depósitos, en tanto que las cooperativas de crédito aportaban el 0,8 por mil.

El decreto aprobado ha provocado la reacción inmediata de la patronal bancaria, AEB, que ha calificado de "sorprendente e injusto" este incremento, al tiempo que ha instado al Gobierno a hacer frente de forma definitiva a la inacabada reestructuración del sistema financiero.

En una nota, la Asociación Española de Banca (AEB) recuerda además que los bancos no sólo no han recibido ayudas públicas sino que han aportado ya 2.347 millones de euros del patrimonio que tenían en su fondo de garantía.

La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) considera, por su parte, que la decisión de hoy del Consejo de Ministros es "precipitada" y altera el entorno estable que necesita el sector. Se quejan además de que no ha sido consultada con el sector.

La Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC), por su lado, afirma que la decisión "penaliza el modelo de banca tranquila" que realiza este sector, que se ve penalizado por las mayores aportaciones que ha de realizar.

La EBA ha reconocido que no dará a conocer las necesidades individuales de capital de los bancos europeos antes de que termine noviembre, a la espera de que el Ecofin debata sobre planes más amplios para reestablecer la confianza sobre el sector.

Se esperaba que la EBA anunciase la semana pasada los resultados de sus pruebas para medir la falta de capital de los bancos europeos para alcanzar una ratio de CoreTier 1 (capital principal) del 9%. Tras obligar a los bancos a valorar a precios de mercado su exposición a la deuda pública soberana, la EBA ha calculado que el conjunto de entidades tiene un déficit de capital de unos 106.000 millones de euros.

Los bancos de varios países, entre ellos los españoles, dieron un resultado aproximado de sus necesidades de capital. Sin embargo, se espera que la EBA comunique los resultados oficiales de todos los bancos.

Inicialmente, la autoridad europea había anunciado que daría a conocer los resultados antes de que terminara noviembre. Pero hoy un portavoz, citado por Reuters, ha aclarado que no se realizará la comunicación hasta que los ministros de Finanzas de la UE no hayan terminado de discutir sobre unos planes más amplios que afectan a la banca europea. "Habrá una ulterior discusión en el Ecofin y esperemos que proporcione más aclaraciones".

El vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, aprobará el próximo jueves 1 de diciembre prorrogar hasta finales de 2012 el actual régimen que facilita la concesión de ayudas públicas a los bancos por parte de los Gobiernos nacionales.

El régimen se puso en marcha en 2008 tras la quiebra de la entidad estadounidense Lehman Brothers, y estaba previsto que expirara este año. Pero Almunia ha decidido extenderlo un año más ante el agravamiento de la crisis de deuda y la decisión de los líderes de la UE de recapitalizar los grandes bancos europeos con 106.000 millones de euros para que puedan resistir a los problemas.

Los bancos españoles son, tras los griegos, los que más capital adicional necesitan, alrededor de 26.000 millones de euros, según los cálculos de la Autoridad Bancaria Europea. Los líderes europeos quieren que, en primer lugar, busquen fondos en el mercado privado y sólo si no los logran acudan a las ayudas públicas.

Almunia precisará el jueves el precio que deberán pagar los bancos por estas ayudas y las condiciones y modalidades que deberán cumplir.

En todo caso, el vicepresidente del Ejecutivo comunitario ha dejado claro que los bancos que reciban ayudas deben reestructurarse para que puedan llevar a cabo su función de financiar la economía real. "En esta coyuntura todavía incierta, no podemos permitirnos dañar la economía con más bancos zombies", ha dicho en una comparecencia reciente.

Almunia ha insistido en que el régimen de crisis terminará cuando los mercados se estabilicen. De hecho, su departamento ya ha preparado una nueva norma sobre reestructuración de bancos en problemas para después de la crisis que endurece la concesión de ayudas públicas.

La economía de la zona euro ya ha entrado en recesión, afirmó este miércoles el Instituto internacional de finanzas (IIF). Esta organización mundial de grandes bancos, interlocutor en las negociaciones para la quita de la deuda de Grecia, constata en un informe la degradación de la coyuntura europea más rápida que lo previsto y alerta sobre el incremento de déficit presupuestario que acarreará para muchos países del área de la moneda única.

El IIF prevé un retroceso del PIB de la zona de 2% en cifras anualizadas en el cuarto trimestre de 2011, así como en el primer trimestre de 2012. En el conjunto de 2012, estima que se registrará una contracción de 1%.

"La debilidad de la economía de la zona euro tiene el potencial de difundirse al resto del mundo a través de ciertos canales. Uno de los más inmediatos y de los más poderosos es el sector bancario", alerta el instituto. Los autores critican duramente a los gobiernos europeos por su gestión de la crisis de la deuda pública, estimando que "algunas de sus medidas hacen más grave el problema y no lo reducirlo".

El IIF hace autocrítica e incluye entre estas medidas el acuerdo que el propio instituto firmó a mediados de octubre para eliminar la mitad de la deuda de Grecia en poder del sector privado, lamentando que ello haya "hecho huir a los inversores en obligaciones" de los mercados de deuda de los países "periféricos".

El Banco Central Europeo(BCE) está estudiando ampliar el plazo de los préstamos que ofrece a la banca hasta dos o incluso tres años para evitar que la crisis de la eurozona termine convirtiéndose en una crisis crediticia que ahogue la economía de la Unión Monetaria, según fuentes conocedoras de la decisión.

El BCE está planteándose está posibilidad sin precedentes a medida que se intensifican los temores de que la crisis de deuda dañe el mercado monetario interbancario, con los bancos reduciendo la lista de entidades a la que están dispuestos a prestar dinero.

En concreto, la institución presidida por Mario Draghi está analizando la opción de ofrecer a los bancos liquidez en un horizonte de dos o incluso tres años, cuando hasta ahora el máximo es de un año, con el objetivo de liberar el cada vez más bloqueado mercado interbancario y dar a los bancos más libertad para comprar y poseer deuda soberana.

A medida que la crisis de deuda soberana ha empeorado, se ha incrementado la presión en el BCE para que intervenga en mayor medida en la compra de deuda pública, un compromiso al que de momento es reacio.

Sin embargo, la institución tiene libertad para prestar a los bancos billones de euros y podría usar este poder para apoyar indirectamente a los gobiernos que intentan emitir deuda.

Según las fuentes, el BCE ha sugerido esta posibilidad con el objetivo de medir su interés antes de su lanzamiento oficial. La opción de ampliar los plazos de los préstamos ya surgió en la reunión que mantuvo la pasada semana el banco central con un grupo de entidades incluidas Goldman Sachs, Barclays Capital y Morgan Stanley.

“Dijeron que estaban preparados para ofrecer LTRO (operaciones de préstamo) a dos o tres años. La cuestión es si lo bancos estarían interesados. Podría ser visto como un estigma si un banco utiliza financiación a dos o tres años del BCE”, explicaron.

Otra fuente comentó que el BCE estaba estudiando la posibilidad de aportar liquidez en un horizonte similar pero a través de un conjunto de préstamos a coto plazo con el compromiso de mantener la línea de crédito abierta por un periodo de hasta tres años.

Mientras Francia, Bélgica y Luxemburgo negocian cómo proporcionar garantías tras el rescate de Dexia llevado a cabo en octubre por un importe de 90.000 millones de euros, la entidad se ha visto obligada a solicitar ayuda a corto plazo, es decir, liquidez, al Banco Central de Bélgica. Según Reuters, la entidad también estaría recibiendo dinero de los demás bancos centrales de los países donde tiene sucursales, incluida España.

Deixa volvería a salir al mercado para financiarse una vez que se confirmase el programa de garantías, según la misma fuente citada por Reuters. Los Gobiernos de Francia y Bélgica decidieron en octubre la partición de la entidad, dadas sus graves dificultades para obtener financiación por su ingente exposición a la deuda soberana griega.

Bélgica nacionalizará el cien por cien de la unidad belga de crédito al consumo. Según Financial Times, Bélgica aportaría 4.000 millones de euros a la citada división. Por otro lado, el banco público francés Caisse des Depots et Consignations (CDC) se quedaría con los créditos a la Administración pública gala por unos 700 millones.

El acuerdo también contempla la garantía compartida de créditos de riesgo por 120.000 millones de euros, respaldados por activos de Estados Unidos, Italia, Bélgica y España. Bélgica ofrecería garantías por el 60% de esos activos tóxicos y Francia, por el 40% restante. Otras fuentes añaden que la implicación del Estado belga en el rescate de Dexia estaría en línea con la participación del 63% que posee en el capital del grupo.

Caja España-Duero ha cerrado hoy ante un notario su constitución formal como banco, lo que supone un paso más en el proceso de integración de la entidad castellanoleonesa con Unicaja, cuya tramitación seguirá avanzando hasta culminar en los primeros meses del próximo año.

Fuentes de Caja España-Duero han señalado que la firma ha tenido lugar en el edificio Botines, sede social de la entidad, y a ella han asistido el presidente de Caja España-Duero, Evaristo del Canto, junto con los vocales Alejandro Menéndez, Miguel Ángel Álvarez, Pablo Pérez Robla y José Ignacio Sánchez.

Uno de los próximos pasos previstos en el proceso de integración de ambas entidades será la constitución formal en banco de Unicaja, que todavía no ha establecido una fecha para ello, según han indicado fuentes de la caja malagueña.

El Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, como se ha denominado a la entidad, se ha formalizado después de que la asamblea general de Caja España-Duero aprobara el pasado septiembre la segregación de sus activos financieros al nuevo banco y su integración con Unicaja.

La entidad resultante de este proceso constituirá el tercer banco español proveniente de cajas de ahorros, por detrás de La Caixa y Bankia, con un volumen de activo total superior a 80.000 millones de euros.

El presidente de Unicaja, Braulio Medel, será presidente ejecutivo y primer directivo del nuevo banco y del grupo, mientras que el de Caja España-Duero, Evaristo del Canto, será vicepresidente ejecutivo y consejero delegado.

La patronal bancaria alemana ha pedido a la Autoridad Bancaria Europea (EBA) una prórroga para poder presentar los planes de recapitalización de los bancos sistémicos del país.

La carta, enviada al presidente de la EBA, Andrea Enria, especifica que algunas de las entidades afectadas tendría serios problemas para presentar el plan que tiene para conseguir capital antes del próximo 15 de diciembre, la fecha tope que ha impuesto el organismo europeo. Por eso, pide que haya una prórroga hasta el 13 de enero, según informa Reuters.

"Debido a la magnitud y la naturaleza de los planes de recapitalización, para completarlos se requerirá la participación sustancial de los propietarios de los bancos y los accionistas", afirma el comité, que reúne los bancos públicos, los privados y las cooperativas.

Los principales bancos alemanes, Commerzbank, Deutsche Bank, Nord L/B y el banco regional de Baden-Wuerttemberg tienen una necesidad de capital de cerca de 10.000 millones de euros, para alcanzar una ratio de capital principal (coreTier1) del 9% antes del próximo junio.

Por el momento, la EBA no ha confirmado haber recibido la carta de la banca alemana.

La agencia de calificación de riesgo Fitch señaló en un informe que, si la crisis financiera se agrava, los bancos de la zona euro pueden verse forzados a rebajar el apoyo a sus filiales en los países del centro y este de Europa, provocando así un contagio hacia esta región.

"La propiedad extranjera de los sectores bancarios domésticos ha sido una fortaleza en países de la Europa Central y Oriental, ya que los bancos extranjeros han demostrado su voluntad y capacidad para apoyar a sus filiales antes y durante la crisis financiera global", destacó en un comunicado el director asociado de Deuda de Fitch, Michele Napolitano.

No obstante, a su juicio, "una mayor intensificación de las presiones fiscales a los bancos de la eurozona" puede obligar a estas entidades a rebajar el apoyo a sus filiales en el este y centro de Europa, con lo que "las tensiones podrían extenderse de la eurozona a los bancos" de esos países.

Doce países del centro y este del continente europeo se unieron a la UE entre 2004 y 2007, de los cuales solamente cinco -Malta, Chipre, Eslovenia, Eslovaquia y Estonia- han adoptado hasta ahora el euro, mientras que el resto mantienen aún sus respectivas divisas.

Estos países, cuya economía en el momento de entrar en la UE era muy inferior a la del resto de socios comunitarios, han experimentado en estos años tasas de crecimiento más elevadas que la media europea, si bien en algunos casos también se han visto duramente afectados por la crisis.

Acorde con la agencia, las entidades de la zona euro podrían verse forzadas a "cortar la financiación a sus filiales en la Europa emergente más allá de los niveles garantizados por las condiciones locales". Así pues, "un reverso en la financiación neta en la Europa emergente reduciría el crédito disponible y debilitaría el crecimiento del PIB en muchos países" de esta región, indicó Fitch.

Esta agencia calcula que, de momento, los préstamos de bancos con sede en la zona euro hacia filiales o socios en los países del este de la Unión Europea (UE) se mantuvieron estables, si bien la demanda de crédito bajó por la reducción del apalancamiento del sector financiero.