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El ex presidente de la Comisión Europea Jacques Delors, el ex jefe del Ejecutivo español Felipe González y el ex vicepresidente económico Pedro Solbes se han reunido durante tres horas con José Luis Rodríguez Zapatero en el Palacio de la Moncloa. A la cita asistieron también la vicepresidenta económica, Elena Salgado; el director de la Oficina Económica de Zapatero, Javier Vallés y el secretario general de la Presidencia, Bernardino León. Todos coincidieron en la necesidad de impulsar una política económica europeísta y más coordinada entre los Veintisiete.

Precisamente impulsar el gobierno económico de la UE es uno de los objetivos de Zapatero durante el semestre de presidencia española y, a juicio de los asistentes a la reunión, es posible avanzar en este objetivo, visto el antecedente que se vivió en otoño de 2008. En esa ocasión, los Veintisiete reaccionaron conjuntamente al riesgo de colapso del sistema financiero mundial y coordinaron la adopción de estímulos fiscales para impulsar la economía, es decir, demostraron que hay liderazgo político e interés en llevar a cabo esa coordinación.

Por otro lado, los presentes en el encuentro apostaron por profundizar en la creación del mercado interior europeo y la política energética común, en reforzar la I+D y en mejorar la competitividad de la economía europea, no sólo frente a Estados Unidos sino también frente a las economías emergentes.
Con este objetivo, subrayaron la necesidad de una nueva estrategia que actualice y sustituya a la Estrategia de Lisboa, que se lanzó en 2000 y que no ha logrado el objetivo de convertir a la UE en 2010 en la economía más competitiva del mundo a través del conocimiento.

España asume la presidencia semestral de la Unión Europea a partir del 1 de enero con los ambiciosos objetivos de asegurar la recuperación económica del bloque y establecer un servicio diplomático exterior europeo. Tras seis meses con Suecia al mando, España tiene una tarea difícil, sobre todo en lo referente a elaborar una estrategia coordinada para salir de la crisis financiera dados los profundos problemas económicos que afronta en casa.

España enumera cuatro prioridades: "afianzar" la recuperación económica del bloque, la total aplicación del Tratado de Lisboa, que crea una presidencia permanente de la UE y un poderoso alto representante para Asuntos Exteriores, y desarrollar políticas para los ciudadanos. Pero es la agenda económica el mayor reto, particularmente la necesidad de que los estados miembros coordinen las acciones mientras van retirando las medidas de flexibilidad de las políticas monetarias introducidas para absorber el impacto de la crisis económica y financiera.

Entre los países que más problemas tendrán para cumplir los objetivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE - que incluye un déficit presupuestario de menos del tres por ciento del PIB - está España, cuyo déficit está previsto que supere el 10 por ciento del PIB este año. Con un desempleo cercano al 20 por ciento y una reciente rebaja de las perspectivas de su calificación crediticia por parte de la agencia Standard & Poor's, España es uno de los países más afectados por la crisis económica y podría tener problemas para guiar una ambiciosa agenda económica.

El director general de los Servicios Jurídicos del Banco Central Europeo (BCE), Antonio Sainz de Vicuña, ha asegurado que en la Unión Europea (UE) existen 39 grandes bancos que pueden llegar a tener un "riesgo sistémico". Además, añadió que entre éstos aglutinan el 70 por ciento de los activos de las entidades de crédito de la UE y que ahora el debate se encuentra en cómo se van a supervisar estas entidades o quién lo hará.

Sainz de Vicuña también abogó por la supervisión "macroprudencial", entendida como la supervisión de todo el conjunto financiero, frente a la "micro" ya que varios estudios realizados a raíz de la crisis, han confirmado que no basta sólo con la "microsupervisión". En su opinión, la supervisión "macroprudencial" analiza los riesgos de contagio entre las entidades tanto a nivel nacional como internacional, los riesgos recíprocos o la concentración del riesgo. Además, aseguró que también sería conveniente establecer una nueva metodología de supervisión que diferenciase entre las entidades que pueden tener riesgo sistémico y las que no.

Por último, recordó que en Europa está pendiente de aprobarse la creación de una Junta Europea para Riesgos Sistémicos, que velará por esta cuestión, además de la constitución de agencias de supervisión.

El presidente de la Asociación Española de la Banca (AEB), Miguel Martín Fernández, califica de "gran error y gran camelo" que los grandes bancos no puedan caer y destaca que lo importante es evitar que las quiebras de las entidades financieras no contagien al mercado, así como minimizar los costes para el sector. Martín ha explicado que lo importante es que si quiebran, lo hagan "sin contagiar y sin que cueste dinero al sector" por lo que se mostró a favor de aumentar las dotaciones de capital de los bancos y cajas de ahorros siempre que "éstas sean proporcionadas al riesgo de poder caerse" y apuntó que lo primero que hay que conseguir es que las entidades "no se caigan varias veces y sigan con su actividad".

Para evitar el contagio y mantener el mínimo coste de las quiebras de las entidades financieras, Martín consideró que la competencia recae en los organismos supervisores, dada su capacidad de "anticiparse y mantener la competencia".

El presidente de la AEB defiende que las ayudas gubernamentales a las entidades con dificultades "eran necesarias para evitar la caída del sistema" pero alerta de los "graves problemas de competencia generados", sobre todo entre los países de la Unión Europea (UE), por lo que defendió "fuertes programas de reestructuración" de las entidades rescatadas.

Por otra parte, Martín alerta de que las ayudas fiscales provocan la "fragmentación" del sistema financiero único de la UE, al haberse aplicado "diferentes medidas" en cada uno de los países. "Se espera que el Gobierno mantenga la solvencia y la estabilidad, porque si no estaríamos cayendo en un fraccionamiento del mercado", apunta. Martín destaca que el "punto clave" para las entidades financieras radica en que si se aumentan los requisitos del capital mínimo exigible "va a haber menos dinero disponible para la concesión de créditos", lo que supone un "impacto muy fuerte para un sistema financiero que se ha hundido".

El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la UE, Joaquín Almunia, considera que la salida de la recesión económica de Estados Unidos, que anunció hace unos días un crecimiento en tasa anualizada del 3,5% en el tercer trimestre del año, supone "el principio del fin" de la crisis, ya que según recordó, la crisis comenzó en la economía norteamericana.

Almunia ha mostrado su satisfacción por los buenos datos de crecimiento estadounidense y cree que existen indicios de una incipiente recuperación, la mejora de la confianza y las noticias positivas sobre las grandes economías "constituyen un buen avance".

Sobre la recuperación de la economía española, Almunia reiteró que el caso es particular, ya que a la crisis financiera "se le unió la crisis del sector de la vivienda", motivo por el cual la recuperación económica española está tardando más en llegar. El ajuste del sector inmobiliario "no se acaba de producir" en el sector de la vivienda y en todo lo que está conectado con el mismo.

No obstante, "si los demás se recuperan", explicó el comisario, eso ayudará mucho a España a "salir adelante también". "No podemos decir les va bien a los demás y a nosotros nos sigue yendo mal, ya que si a los demás les va bien, a nosotros nos está ayudando esto a mejorar las perspectivas de la crisis", concluyó.

2010, declarado por la UE como Año Europeo de Lucha contra la pobreza, está a la vuelta de la esquina, de ahí que se acabe de presentar los resultados del Eurobarómetro sobre Pobreza y Exclusión Social, elaborado por el Ejecutivo comunitario. Los datos oficiales de la Unión Europea -que sitúan el umbral de la pobreza en el 60% del sueldo mínimo de cada Estado miembro-, señalan que este problema afecta a unos 80 millones de personas, el 16 por ciento de la población comunitaria.

En cuanto al número de ciudadanos que podría estar en riesgo de sufrir este problema, un 12 por ciento de los europeos consultados considera "difícil" llegar a fin de mes, mientras que para un 56 por ciento es de una dificultad "intermedia" y para el 30 por ciento "fácil". En España, estos datos no varían de forma significativa, ya que el 10 por ciento de los consultados dijo tener "difícil" cubrir sus gastos mensuales, el 60 por ciento "intermedio" y el 28 por ciento "fácil".

Entre las razones "sociales" que, en opinión de los encuestados, explican la pobreza a nivel nacional, se encuentran el desempleo excesivo (52%), los salarios demasiado bajos (49%), la insuficiencia de las ayudas sociales y de las pensiones (29%) y el precio excesivo de la vivienda (26%). En España, el país con mayor tasa de desempleo de toda la UE -el 18,9 por ciento, según los datos de agosto de Eurostat-, el porcentaje de consultados que consideran el paro como factor causante de la pobreza asciende al 63 por ciento.

Para el 53 por ciento de los europeos encuestados, el Gobierno nacional es el principal responsable de la reducción de la pobreza, seguido de los ciudadanos en sí mismos (13%), de la Unión Europea (9%), de las autoridades regionales y locales, y de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y organizaciones caritativas (ambos el 7%).

El próximo año, la CE pretende impulsar "iniciativas concretas" para paliar la pobreza a nivel europeo, nacional y regional.

El Gobierno ha aprobado el proyecto de ley de Servicios de Pago, un instrumento legal clave para facilitar dentro del ámbito de la Unión Europea las transferencias, los pagos con tarjeta, la ejecución de los adeudos domiciliados, el envío de dinero, y la emisión y adquisición de instrumentos de pago.

Así, por ejemplo, los europeos podremos operar con una sola cuenta corriente en todo el ámbito europeo, lo que permitirá utilizar las tarjetas de débito o domiciliar pagos en cualquier otro estado que no sea el mismo al que pertenezca la entidad en la que se tenga la cuenta bancaria.

Además, se introduce la llamada "cláusula share", que no existía en el ordenamiento jurídico español, por la que los gastos aplicables a un pago serán compartidos entre ordenante y beneficiario, siempre que no incluya una conversión de divisas.

Asimismo, la norma establece un nuevo tipo de entidades autorizadas para la prestación y ejecución de operaciones de pago, que serán las entidades de pago y que estarán sujetas a la autorización administrativa del Ministerio de Economía y Hacienda, y deberán tener un determinado capital inicial y recursos propios.