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La Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso se reune hoy martes para examinar la reforma de la Ley de Morosidad impulsada por CiU, trámite que supondrá la primera oportunidad para que la federación catalana cierre un acuerdo con los socialistas sobre una iniciativa que plantea un plazo máximo de 60 días para los pagos de empresas a sus proveedores y de 30 días en el caso de las administraciones públicas.

El portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, calificó en su momento los mencionados plazos como una "vacuna esencial" para acabar con "el enemigo número uno de las pymes".

El texto de CiU elimina la posibilidad de que las partes pacten ampliar los plazos de cobros sin pagar intereses en compensación, no pudiendo superarse los dos meses en el caso de las operaciones entre empresas. En lo referente a las administraciones públicas, este límite se reducirá a la mitad, si bien con un periodo "transitorio" de adaptación de 45 días durante 2010.

Según Sánchez Llibre, la aplicación de esta ley garantizaría un ahorro de 10.500 millones en concepto de intereses de demora. Esta una es una de las principales reclamaciones que ha transmitido a CiU las patronales empresariales, de pymes y las asociaciones de autónomos como la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad.

Además, la iniciativa pretende modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil con el objeto de incrementar de 30.000 a 50.000 euros la cuantía máxima que permite reclamar judicialmente una deuda por el procedimiento monitorio, y articula un nuevo procedimiento judicial que permite a las empresas "reclamar de forma ágil" a las administraciones públicas el pago de sus obligaciones. Asimismo, incluye bajo esta denominación también a los entes públicos "como Renfe o Adif", a los organismos autonómicos y a las empresas públicas.

También endurecer las sanciones para los deudores que no cumplan los plazos, duplicando el interés mínimo de demora de forma que alcanzaría el 7%, según la tasa incluida en los Presupuestos Generales del Estado para 2009, y clarifica el concepto de costes de cobro exigible, incluyendo los gastos judiciales y bancarios.

Las entidades bancarias tendrán que informar cada año y "de forma sistemática" a la Administración Tributaria de los movimientos de efectivo o pagos con tarjetas superiores a 3.000 euros que realicen empresarios o profesionales. Así lo establece el Real Decreto aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, con el que se modifican determinadas obligaciones tributarias y de información para "aumentar la eficacia de la lucha contra el fraude fiscal".

El documento establece que se realizará un seguimiento "más ágil y eficaz" de las disposiciones, pagos y cobros que se realicen en metálico a través de entidades bancarias o de crédito cuando éstos superen los 3.000 euros en su cómputo anual. Aunque la Agencia Tributaria ya podía acceder a esta información si lo requería, con el nuevo Real Decreto se sistematiza esta transferencia de datos. Además, en todas las operaciones referidas a bienes inmuebles los notarios deberán identificar "claramente" las formas de pago empleadas: dinero en metálico, transferencia, domiciliación, cheques u otros instrumentos de giro, tras la modificación del Reglamento de la Organización y Régimen del Notariado.

Las modificaciones buscan también impulsar las relaciones electrónicas entre la Administración y los ciudadanos, así como simplificar los trámites. En materia de notificaciones tributarias, el Real Decreto introduce un nuevo artículo destinado a adaptar a la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, con el que se regula la posible atribución de una dirección electrónica a entidades y personas físicas.

Crédit Agricole y Equens han firmado un acuerdo exclusivo para explorar la posibilidad de alinear sus plataformas de pagos y convertirse, de esta manera, en el gran proveedor de servicios de pago europeo. Con un volumen combinado de 15.000 millones de transacciones, Equens y Credicam (la subsidiaria de procesamiento y sistemas de pago de Crédit Agricole y las "Caisses Régionales") sería líder del mercado europeo.

Pero que este objetivo se haga realidad depende de tres ideas clave: combinar volúmenes y desarrollar sinergias para reducir los costes de procesamiento de unidades; fomentar las dinámicas de crecimiento desde una posición única como líder europeo, ofreciendo experiencia técnica y comercial y una amplia cobertura regional y compartir experiencia que beneficia al conjunto de la cadena de producto. El objetivo es concluir las negociaciones en 2010.

"Estudiar una asociación con Equens para convertirnos en el principal procesador de pagos y tarjetas paneuropeo nos permitirá combinar experiencia, tecnología, conocimientos profundos y el procesamiento de varios miles de millones de transacciones en beneficio de nuestra red. Esto encaja perfectamente con la estrategia de Crédit Agricole de construir asociaciones industriales con bancos", ha afirmado Jean-Yves Hocher, vicedirector ejecutivo de Crédit Agricole.

Michael Steinbach, presidente de la Junta de Directores de Equens, también ha querido expresar su optimismo ante la posible alianza con Cedicam. "Es un gran paso adelante en nuestra estrategia para convertirnos en el principal procesador paneuropeo", y "nos permitirá seguir incrementando nuestra escala, nuestra cobertura geográfica y la oferta de productos, de modo que beneficiará a nuestros clientes actuales y futuros y a nuestros accionistas, como ABN AMRO, DZ BANK, ICBPI, ING y Rabobank."

Las familias con dificultades para llegar a fin de mes alcanzaron el 60% en 2008, tras incrementarse 3,2 puntos porcentuales desde el 56,8% registrado un año antes, según se desprende de la 'Encuesta de Condiciones de Vida' publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
De este modo, las familias en dificultades alcanzaron niveles sólo vistos en los años 2004 y 2006. Además, hay que tener en cuenta que puesto que la encuesta se realizó entre los meses de abril y junio, no recoge la fase más profunda de la recesión, con lo que el porcentaje de hogares con problemas para acabar el mes sería probablemente superior al 60% en la segunda mitad de 2008.

Las familias con mayores problemas para afrontar sus pagos el pasado año fueron las canarias, con un 78,3%, seguidas de las andaluzas (69,9%), murcianas (67,3%), castellano-manchegas (65,9%), extremeñas (64,4%), catalanas (61,4%), cántabras (61,2%) y valencianas (60,6%). Por debajo de la media, los hogares más afectados se localizaron en Galicia (59,6%), Madrid (56,7%), Ceuta y Melilla (54,8%), La Rioja (54,7%), Baleares (53,7%), Castilla y León (51,6%), Asturias (43,3%), País Vasco (41,6%), Aragón (41,1%) y Navarra (37,4%).

Además, el 19,6% de la población española estaba bajo el umbral de pobreza relativa -60% de los ingresos medios- sin considerar la posesión de la vivienda, tasa que se reduce al 15,5% si se considera el valor de alquiler imputado.